7 Febrero, 2022
(Fabián Robles) El dato se perdió entre el cúmulo de información dada a conocer el pasado viernes para presumir ante el presidente Andrés Manuel López Obrador los logros del gobierno de Tlaxcala en materia de salud y seguridad, en cinco meses de gestión de Lorena Cuéllar Cisneros.
La nota –como se dice en la jerga periodística- ese día fue el inicio de la federalización de los servicios de salud. El primer convenio del país en esa materia fue suscrito en la conferencia mañanera por el mandatario, la gobernadora y funcionarios federales del ramo.
Por eso es que apenas un puñado de colegas y medios de comunicación “pescaron” el dato, perdido en un video realizado por el propio gobierno del estado –y difundido en la misma conferencia del pasado viernes, ofrecida desde Panotla-, referente a la adquisición de software espía que permite a las fuerzas del orden intervenir teléfonos celulares.
La información relativa a la compra de ese equipo apenas ocupó 34 palabras en el video referido: ““adquirimos dos software (sic) de la más alta tecnología que a través de reportes al 911 nos permite accesar a cámaras y micrófonos de teléfonos de celulares para atender emergencias de ciudadanos en tiempo real”.
Eso sí, quienes elaboraron el guion del video tuvieron cuidado en no utilizar palabras que dieran pie a malas interpretaciones o al sospechosísmo, aunque la acción de “accesar” lleva de manera implícita la intención del gobierno morenista de obtener información de manera indebida y oculta de los tlaxcaltecas.
Nadie en su sano juicio cree que el gobierno de Lorena Cuéllar haya comprado ese software para utilizarlo nada más en la atención de emergencias, supuestamente, “en tiempo real”.
Por más que quieran disfrazarlo, el uso de ese equipo no tiene otro fin más que el espionaje de políticos, dirigentes de partidos, periodistas y de todo aquel que represente un riesgo para el gobierno. Información es poder, dice el clásico.
Hasta ahora, la administración morenista no ha dado a conocer información alguna de cuál ha sido el beneficio de ese software para atender situaciones de emergencia, ni de qué tipo ni en qué lugares.
La opacidad priva no sólo en ello, sino también en saber el costo del equipo, qué empresa lo maneja, cómo se justifica la contratación y, lo más importante, ¿saben los ciudadanos que el gobierno ha intervenido las cámaras y micrófonos de sus teléfonos celulares? ¿Los tlaxcaltecas espiados lo autorizaron? ¿Qué han hecho con la información obtenida y para qué ha servido? ¿Cuál es el fundamento legal, si es que existe?
El asunto no es menor y es harto preocupante, porque el uso del Spyware Pegasus por el gobierno del priista Enrique Peña Nieto aun genera mucho ruido; igual como lo hizo el panista Felipe Calderón a través del extinto Cisen que adquirió el software israelí llamado Rafael.
También preocupa porque la tentación de espiar a los demás es una práctica ancestral de los gobernantes en turno, por demás repudiable que violenta derechos humanos y que ha dañado a muchas personas.
Bajo esas circunstancias, el gobierno de Lorena Cuéllar tiene y debe una explicación al pueblo de Tlaxcala sobre la compra de ese software utilizado para espiar –o “accesar” como dicen ellos- a los tlaxcaltecas.
En todo caso, si no es ella, en la próxima comparecencia ante el Congreso local del secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, los diputados tienen la obligación de cuestionarlo sobre el tema sin temor ni pudor alguno. Si no lo hacen, entonces se convertirán en cómplices, pero al mismo tiempo en víctimas de esa práctica deleznable. Nadie les garantiza que no sean espiados.