Leticia Valera González
Resulta imprescindible hacer un análisis cuidadoso de lo que significaron en Tlaxcala y en todo el país las múltiples manifestaciones con motivo de la conmemoración del Día internacional de la mujer.
Inicialmente dicha conmemoración aludía a la lucha por los derechos laborales, al igual que históricamente se pugnó por los derechos político electorales.
Con las diferentes conferencias mundiales y tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, se han definido líneas estratégicas de acción orientadas al logro de la igualdad entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida, buscando su acceso al desarrollo en condiciones de equidad.
De hecho, para la conmemoración de este año, la ONU Mujeres hizo el llamado a todo el mundo a unirse bajo el lema «Igualdad de género hoy para un mañana sostenible» apoyando a todas las mujeres y niñas en su lucha por la justicia climática.
Sin embargo, lo que vimos en Tlaxcala es que la lucha por los derechos ambientales, los político-electorales, los económicos e, incluso los sexuales y reproductivos, pasaron a segundo término; el clamor de las mujeres en las manifestaciones de ese día era por justicia.
De acuerdo con lo observado, los males que más lastiman a las mujeres hoy en día se relacionan directamente con la violencia: violación, acoso (laboral, escolar, sexual) violencia política, violencia familiar -cuyos efectos sociales, verdaderamente alarmantes, traspasan el ámbito privado- y, desde luego, su máxima expresión que es el feminicidio.
En Tlaxcala el Artículo 229 del Código Penal es el que define el tipo penal, señalando que Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer.
Considera que existen razones de género cuando se actualiza la violencia de género; entendiéndose por ésta, la comisión del delito asociado a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo; El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile a la pasiva o el cadáver de ésta; Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; Existen datos que establecieron que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia, o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; O el cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público
En México 11 mujeres son asesinadas todos los días y, si bien es cierto no todas las muertes de mujeres pueden considerarse feminicidios, también es cierto que en muchas ocasiones éstos son investigados como homicidios dolosos, integrándose de manera errónea las carpetas de investigación, por lo cual no son documentados, investigados, ni mucho menos castigados como tales, por lo que las estadísticas pueden ser muy cuestionables.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó recientemente que en lo que va de la actual administración han ocurrido tres feminicidios, mismos que se investigan puntualmente, el problema es que las víctimas de éstos, y de muchos otros que ocurrieron con anterioridad y que siguen sin esclarecerse, no perciben lo mismo.
Las mujeres tenemos sed de justicia, pero de una justicia real, sin regateos y sin excepciones; de una justicia profesional, con servidores públicos capacitados, capaces y sensibles ante el dolor de las víctimas; de una justicia sin intermediarios ni corrupción; oportuna y expedita, de una justicia plena, con perspectiva de género.
¿Es esa exigencia menor? De ninguna manera, se necesita ser inhumano para no cimbrarse ante las consignas y mensajes que se podían observar la vista: “Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Te prefiero violenta que violada y muerta”, “No nací mujer para morir por serlo”, “Vivas nos queremos”, “No quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre», “Se escandalizan por las que luchan y no por las que mueren”, entre otras.
La deuda en materia de seguridad no es sólo con las victimas (quienes ya no están y sus familias que claman por justicia), ni siquiera con los miles de mujeres que marcharon ese día, es con todas las mujeres y con la sociedad en su conjunto.
Cualquier gobierno que se precie de democrático debería entender que es mediante el diálogo y no con el uso de la fuerza pública como pueden tenderse canales de comunicación eficientes con las manifestantes; más aún, no se trata sólo de tener una adecuada estrategia de contención, sino de dar soluciones efectivas y contundentes a las demandas planteadas, se trata de salvaguardar la vida y la seguridad de todas las mujeres que estamos en riesgo sólo por el hecho de ser mujeres.
La pregunta no es sólo ¿Cuál será el actuar del Gobierno del Estado en las próximas manifestaciones?, lo más importante es ¿Qué estrategias implementará para prevenir y disminuir los índices de violencia y dar respuesta oportuna a la demanda de justicia de las mujeres?… Ojalá pronto tengamos respuesta.