El tema de la violencia de género ha tomado fuerza en el país, y Tlaxcala no será la excepción.
El 13 de abril de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas leyes en materia de violencia de género, entre otras cosas, la reforma establece que el medio de defensa adecuado para impugnar la violencia política contra las mujeres es el Juicio para la Protección de los derechos político-electorales del Ciudadano (JDC), cuando lo que pretende la agraviada es la restitución de sus derechos políticos, y el Procedimiento Especial Sancionador, dentro del régimen sancionador electoral.
Dicha reforma se armonizó en cada una de las entidades federativas, como en el caso de Tlaxcala.
Antes de la reforma electoral del 2020, la sala Superior del TEPJF ya había tutelado la violencia de género en el procedimiento especial sancionador, con resoluciones que incluso se convirtieron en criterios de tesis y jurisprudencia en materia electoral.
LOS CASOS EN TLAXCALA.
AMAXAC DE GUERRERO.
La queja mediática de la presidenta municipal de Amaxac de Guerrero, Nancy Cortés Vázquez, quien afirmó que los conflictos que se han desatado en la demarcación que gobierna en las últimas semanas son resultado de la violencia política en razón de género.
Cortés Vázquez reveló que el machismo ha sido el principal impulsor de las inconformidades que existen en contra de su gestión, durante la participación en un foro de mujeres celebrado en las instalaciones del Congreso del Estado donde pidió que la dejen cumplir con el puesto para el que fue electa. «Desafortunadamente en este momento estoy viviendo violencia política en razón de género, sin embargo, sigo de pie, estoy muy comprometida con mis ciudadanos», narró.
YAUHQUEMEHCAN.
Otro caso es en el ayuntamiento de Yauhquemehcan, donde por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), aprobó dictar medidas cautelares a favor de María Anita Chamorro Badillo, presidenta municipal.
En el Juicio de la Ciudadanía identificado con el número TET-JDC-20/2022, el Pleno del Tribunal acordó las medidas cautelares a favor de María Anita Chamorro, quien en su carácter de Presidenta Municipal recurrió a este órgano jurisdiccional, para promover Juicio para Protección de Derechos Político Electorales del Ciudadano, por actos cometidos en su contra por parte del Primero, Segundo, Tercera, Cuarto y Séptima Regidora, del ayuntamiento.
Señaló la existencia de una vulneración a sus derechos político-electorales a ser votada, en su vertiente de ejercicio del cargo, añadiendo que es objeto de violencia política en razón de género, por parte de integrantes del cabildo que preside.
Aunque las y los regidores señalados negaron haber realizado actos en contra de la presidenta municipal de Yauhquemehcan que pudieran ser constitutivos de violencia política en razón de género y discriminación, al asegurar han actuado en el ejercicio de las funciones del cargo que ostentan, ante la obligación del TET para salvaguardar los derechos humanos, garantizar el debido ejercicio de los cargos de elección popular, como es el caso de María Anita Chamorro y evitar una situación de riesgo para ella, en tanto se resuelve el fondo del asunto, se aprobó decretar medidas cautelares.
El objetivo de estas medidas es detener actos de violencia política contra la alcaldesa y que el TET pueda verificar que se garantiza el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la promovente.
HUEYOTLIPAN.
El presidente municipal de Hueyotlipan, Luis Ángel Roldán Carrillo, fue grabado y evidenciado en redes sociales y diversos medios de comunicación cuando, de manera iracunda, grita y confronta a la regidora Lorena Romero Carrillo, tras sostener una reunión en el edificio municipal.
En la grabación con duración de un minuto con 36 segundos, el alcalde cuestionó el trabajo de la regidora Lorena Romero. Textual le dijo: “¿Tu qué has hecho?… trabajas en tu tienda, pero tu trabajo es aquí, no en tu tienda, y no me trajiste gente a mi informe”.
El hecho derivó en una queja que fue interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por agresión en contra de la regidora Lorena Romero Castillo. El expediente ante la Visitaduría Especializada en Asuntos de Género con número CEDHT/VEGT/01/2022, inició la investigación en contra del alcalde por probable violencia política de género.
El hilo delgado radica en la complejidad para identificar cuándo las conductas denunciadas por las mujeres en el ejercicio del cargo son verdaderamente constitutivas de violencia política contra las mujeres en razón de género, para ello es fundamental tener presente que, para que pueda configurarse como tal, deben estar presentes los componentes de género, esto es, que estén dirigidos a las mujeres, le afecten desproporcionadamente o que tengan un impacto diferenciado para ellas
Para tal efecto, en el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia despliega un catálogo de 22 conductas que pueden acreditar violencia política contra las mujeres en razón de género.
En el caso de Hueyotlipan es fácil apreciar a un presidente iracundo que perdió las formas, sin embargo, también resulta evidente que la regidora no hizo uso de los instrumentos y procedimientos legales establecidos que permitieran la investigación y sanción del hecho como tal, pues la CEDH solo emitirá una recomendación.
En cuanto a la Presidenta Municipal de Yauhquemehcan, toda vez que el procedimiento legal está en curso, seguramente ambas partes tendrán que acreditar las pruebas que permitan la existencia o no de hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y en el cual la autoridad competente deberá investigar de manera exhaustiva de manera que la sentencia sea totalmente apegada a derecho.
En Amaxac de Guerrero, la Presidenta Municipal formula acusaciones mediáticas pero no interpone el recurso legal correspondiente, ni especifica los hechos concretos que considera están enmarcados en este tipo de violencia.
No se trata de cuestionar la importancia de que se reconozca y se tipifique este delito, lo cual es resultado de la lucha de las mujeres en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, así como de la voluntad política de las y los legisladores; más bien la preocupación consiste en que el tema pueda banalizarse y que hoy día cualquier cuestionamiento contra las mujeres en el ejercicio de la función pública pretenda enmarcarse en este concepto. De ahí la importancia de que los juzgadores tengan un conocimiento pleno para la resolución de estos casos.
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La caminera... ¿Fuego amigo? No cabe duda que en este gobierno no requieren ponerle el pie afuera, con los que tienen adentro basta y sobra.
Resulta que ayer y para ¡Ripley!, a los medios de comunicación fue enviado una información en donde empleados del área de comunicación social de la Secretaría de Salud (Sesa), determinaron cerrar la oficina e impedir el acceso al vocero Jaime Xochitotol Cote, a quien acusan de un presunto hostigamiento laboral.
Y no conformes con eso, han solicitado al Secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, su destitución, y se argumenta la ineptitud, falta de criterio, inexperiencia y desconocimiento del área a su cargo.
Y la joya de la corona, es cuando califican de represalias del señor Xochitotol el exigirles boletines y diseños que no se publican (sic), además de que las órdenes de trabajo las entrega por escrito aún cuando el personal se encuentra en la propia oficina. ¿No, eso acaso se hace en todas las oficinas de comunicación?
Lo curioso es que se surgen otras interrogantes.
¿Qué pasará en la SEPE-USET que desde ahí ha trascendido que el fotógrafo -basificado- del secretario busca privilegios para su esposa también basificada en SESA?
Al parecer al fotógrafo del secretario de Educación, no le pareció que le dijeran a su esposa que llegue temprano a trabajar a la SESA… Hasta «tomaron» las oficinas donde por cierto, los basificados nunca están.
No tengo ni el más mínimo interés en ser su defensor del portavoz y al secretario de Salud, pues es evidente que reciben un salario y deben aprender a resolver problemas, y no generárselos a su jefa, la gobernadora, pero la toma de oficinas en una vacilada, cuando lo mejor que deben hacer es ponerse a trabajar, en lugar de grilla barata.
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Ahora sí, la última y nos vamos...¿Violencia política? Y para terminar, en Santa Ana Nopalucan el alcalde petista Pedro Pérez Vázquez ha buscado por todos los medios restarle facultades a la síndico, y nadie dice nada.
La representante popular mantiene una lucha legal y solo se pregunta el afán de un presidente municipal para que no tenga acceso a las cuentas públicas y el manejo del recurso público.
Parece que sus palabras cuando asumió el cargo se las llevó el viento. «Los nuevos tiempos reclaman un nuevo modelo de gestión impregnado de creatividad imaginación y compromisos sociales, capaz de concretar resultados extraordinarios a partir de recursos limitados, hacemos mucho con poco. Recordemos que para lograr lo que nunca hemos tenido, tenemos que hacer lo que nunca se ha hecho”.
