El lunes fue confirmado que los restos humanos encontrados en terrenos de labor en el municipio de Xaloztoc corresponden a Ana Laura N, la chica originaria de la comunidad de Hermenegildo Galeana, municipio de Huamantla que desapareció el pasado cuatro de abril.
La demanda de justicia de la familia y los vecinos está plenamente justificada, sobre todo porque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha demostrado su ineficiencia e incapacidad para la investigación y esclarecimiento de los hechos y, en consecuencia, la aplicación de las sanciones correspondientes.
¿Nuevas pistas?
Este miércoles, ante el ataúd de Ana Laura, sus padres, hermanos y familiares exigieron justicia, y se revelaron nuevas pistas, luego que el pasado cuatro de abril se observa mediante las cámaras ubicadas en San Cosme Xalostoc como ella va en un auto Jetta color gris junto con un masculino el cual se identifica como Carlos N, por lo que exigen que se llegue al fondo y se conozca si hay más involucrados.
Las declaraciones de la gobernadora al respecto son que la carpeta de investigación está abierta y que derivado de ésta se determinará si se trata de un feminicidio.
Es importante precisar que el Código Penal para el Estado de Tlaxcala establece que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer, y justamente para la acreditación de la existencia de razones de género serán determinantes los resultados de la necropsia que permitirá determinar la causa de su muerte, y de las investigaciones periciales para definir el móvil del asesinato.
De acuerdo con la versión de los familiares, y corroborados por la misma Gobernadora, el principal sospechoso era Juan Carlos N. con quien Ana Laura N. mantenía una supuesta relación sentimental.
El caso es que la propia institución encargada de la procuración de justicia entorpeció las investigaciones, toda vez que por excesos y abusos en la detención del presunto responsable, los policías de investigación le provocaron la muerte.
Este tema no es menor, en lo que hace a este presunto feminicidio, por que con esta acción acabaron con la primera línea de investigación que podría conducir a la identificación certera de otros probables implicados.
Los responsables materiales de estos aberrantes hechos están siendo investigados, tenemos conocimiento de que ya se han aplicado algunas sanciones administrativas e incluso hay una persona vinculada a proceso; lo cual es necesario, pero no suficiente, no podemos olvidar que una máxima en administración pública es que “La autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte”, por lo que la Procuraduría no puede estar exenta de responsabilidades por los actos cometidos por los servidores públicos adscritos a ésta.
Los acontecimientos dejaron al descubierto que, a pesar de las reformas constitucionales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio que elimina la declaración confesa como prueba, en Tlaxcala se sigue haciendo la investigación a través de la tortura.
No se percibe una estrategia de seguridad que permita la prevención de la violencia social de género, ni acciones concretas que garanticen que la investigación y procuración de justicia se hace en el marco de la legalidad, si bien existe el protocolo de actuación unificado para el estado de Tlaxcala y sus municipios para la atención e investigación de hechos que la ley señala como delitos cometidos contra mujeres por razones de violencia de género, no se cuenta con un protocolo especializado en materia de feminicidio.
Además de la falta de certeza de los datos oficiales ya que, de acuerdo con la versión de las organizaciones sociales, existen muchos casos con características claras de feminicidio que no están siendo investigados y sancionados como tales.
La exigencia social es clara, necesitamos instituciones que garanticen la seguridad de todos la población, con especial énfasis en las mujeres, de manera que se detenga la creciente ola de feminicidios; así como la investigación certera, precisa, profesional, responsable y con perspectiva de género, para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables.
La pregunta es, ¿podemos los tlaxcaltecas confiar en las instituciones encargadas de seguridad pública y la procuración de justicia?, la respuesta la tiene la Gobernadora Lorena Cuéllar.
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La Caminera…La guerra en el COBAT Tlaxcala… Las acusaciones mutuas entre Directivos y docentes del subsistema Colegio de Bachilleres han subido de tono y escalado incluso al ámbito penal, toda vez que el pasado lunes 13 de junio docentes encabezados por Adrián Pérez Ruiz, del plantel 01 dieron a conocer que interpusieron denuncia penal por los presuntos delitos de corrupción y nepotismo, en contra del Director General, Darwin Pérez y Pérez.
Por otra parte, han surgido presuntas irregularidades por parte de los demandantes; por ejemplo, que Daniel Pérez Ruiz fue cesado de su cargo como Subdirector del plantel 01 por Recomendación de la CEDH derivada de diversas acusaciones de acoso sexual; Javier Meneses Pérez, señalado de fraude en la iniciativa privada, entre otros.
Lo lamentable no es el golpeteo mediático por parte de ambos, sino los abusos y actos fuera de la ley que imperan en el sector educativo, que se han descubierto a raíz de los mismos.
La pregunta es, si los demandantes incurrieron en conductas tipificadas como delitos, como es el caso del acoso sexual, ¿Por qué no presentaron las denuncias penales correspondientes?, ese tema es grave, porque en términos reales, al separarlo del cargo solamente hay una sanción administrativa.
Por otra parte ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación pública y la Secretaría de la Función Pública ante acusaciones de este tipo? No creo que este sea el tipo de gobierno que ofreció su jefa.
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Ahora si, la última y nos vamos…¿Barbas a remojar? Sorpresivo fue el relevo en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), lugar a donde llegó Juan Tapia Pelcastre, quien tendrá la encomienda de llevar las riendas de dicha institución en sustitución de Luz María Vázquez Ávila.
Vázquez Ávila no se va por cuestiones de corrupción, como son temas denunciados en otras instituciones como el COBAT, donde acusan nepotismo y abusos, sino se va por la grilla interna que priva en la SMyT, e intereses que fueron difíciles de romper, y basta recordar el robo extraño de documentos oficiales, por cierto sin respuesta aun en la PGJE.
La relación de Vázquez Ávila con los transportistas entiendo no era mala, pero solamente la mandataria local conoce sus razones para el relevo, el cual estará obligado a dar resultados de inmediato, pues como se sabe, el trabajo de un funcionario de primer nivel es equiparado al del director técnico de un equipo, pues es más fácil correr a uno que a 25.
Aunque ayer fueron movidos del cargo la titular y los tres directores, quienes por cierto, aun no han sido nombrados.