El tema de las disculpas públicas en Tlaxcala en las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humano tienes diversas lecturas.
El viernes 17 de junio, en cumplimiento a la Recomendación 01/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se dieron cita los integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) a fin de ofrecer disculpa pública por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por los ex comisionados José David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, en contra de Marlene Alonso Meneses.
Cabe recordar que inicialmente el Consejo General del Instituto rechazó la citada recomendación en agosto de 2021 y, recientemente, reculó ante la petición de la CEDH al Congreso del Estado en el sentido de solicitar su comparecencia para explicar la negativa a aceptar la recomendación, por lo que decidieron aceptarla.
El documento considera siete recomendaciones, entre ellas, la presentación de denuncias por responsabilidades administrativas ante el Órgano Interno de Control del instituto, por parte de la CEDH; la inscripción de la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas; así como la reparación del lucro cesante derivado de los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicas de la agraviada.
Además, proporcionar capacitación a todos los servidores de ese organismo autónomo a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos; y, desde luego, la disculpa pública por parte de los integrantes del Consejo General en funciones.
Lo anterior es procedente ya que, si bien es cierto los servidores públicos que incurrieron en violaciones a derechos humanos ya no se encuentran en funciones, tomando como referencia análoga el protocolo para ofrecer disculpa pública a las víctimas de violaciones de derechos humanos de la CEDH de Quintana Roo, ya que en Tlaxcala no se cuenta con un documento rector al respecto, deberá ser ofrecida por el funcionario de mayor jerarquía de la instancia a la cual se encuentren adscritos los servidores públicos responsables.
Una disculpa pública es, de acuerdo con los lineamientos que regulan la aplicación de medidas administrativas y reparación del daño en casos de discriminación, un pronunciamiento de carácter público, como parte de la reparación integral de los daños ocasionados a la víctima de violaciones a derechos humanos y/o sus familiares.
Lamentablemente, el evento se percibió muy forzado, se apreció resistencia de los integrantes del Consejo General para ofrecer la disculpa pública, tanto por la premura que tenían por concluir el acto y retirarse, como a la negativa inicial para permitir el acceso a los medios de comunicación, incluso por el hecho de que hubo servidores públicos que se levantaron de la mesa cuando aún la quejosa y sus acompañantes hacían uso de la voz.
Lo anterior, generó inconformidad por parte de la agraviada, quien anticipó que emprenderá las acciones legales correspondientes pues considera que los funcionarios, con su actuar, la revictimizaron.
Hay quienes opinan que es es indignante y ofensiva la actitud de los comisionados y de algunos servidores públicos del instituto, principalmente de la presidenta, quien demostró que su compromiso para la defensa de los derechos humanos y el combate a la violencia política de género es sólo una simulación.
Los hechos demuestran que no se ha avanzado mucho en cuanto a la institucionalización de la perspectiva de género en las instituciones, no es posible que existan actitudes de indiferencia e intolerancia en procedimientos orientados justamente a la restitución de derechos, es tema de mínima congruencia.
En su discurso, Marlene Alonso hizo un señalamiento en contra de las diputadas que integraron la pasada legislatura, afirmando que “Siendo mujeres violentaron a una mujer, porque no hubo la capacidad para darle solución a la violencia que se generó en mi contra, esas mujeres me revictimizaron, pero ninguna de ellas, en mi mente pasó que fueran violentadas en los cargos públicos que hoy ocupan en el gobierno del estado”.
No olvidemos que, durante 2018 y 2019, los entonces integrantes del Consejo General del IAIP se vieron envueltos en señalamientos públicos mutuos que derivaron en dictámenes de procedencia de juicio político mediante el cuales los tres fueron destituidos por el Congreso del Estado y sus suplentes asumieron el cargo.
El juicio político es un procedimiento de orden constitucional, del que conoce el Congreso del Estado de Tlaxcala y se actualiza con motivo de actos u omisiones de los servidores públicos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y tiene como resultado una sanción de carácter político: la destitución del cargo y/ la inhabilitación para el servicio público por un periodo de tiempo específico.
Previo a la resolución, los diputados solicitaron información a la PGJE, a la CEDH y al TSJE, así como a los `propios interesados, de manera que se pudiera hacer un análisis integral del caso; al respecto, la PJGE informó que se tenía abierta una carpeta de investigación en la cual se había vinculado a proceso a José David Cabrera Canales y a Francisco José Morones Servín por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, resolución por la cual promovieron un juicio de amparo; de igual forma, que contaba una denuncia por incumplimiento y ejercicio indebido del servicio público en contra de Marlene Alonso Meneses.
De conformidad con el Art. 108 de la Constitución Local, son independientes entre sí, la responsabilidad política, penal, administrativa, civil o penal que se les atribuyan a los servidores públicos, por lo que para cada una existe órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, por lo que sería importante conocer el estado que guardan dichas denuncias y si hubo lugar a sanciones de tipo penal que, hasta donde sabemos, no es así.
Dice Marlene Alonso, “la violencia contra las mujeres aumenta en la medida que la impunidad crece”, por eso la exigencia no sólo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, es que se haga una investigación exhaustiva, para que se puedan deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones por la vía penal y administrativa, a fin de demostrar que el respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres va de la mano con el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, es decir, con los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia.
Esta disculpa pública es el primer paso de los siete puntos que contempla la recomendación, aún pasarán muchas cosas dentro de este tema.
Por lo pronto, el PRD y muchas voces dicen que la presidenta del IAIP Tlaxcala, Maribel Rodríguez ya demostró que la defensa de violencia política de género es sólo una farsa.
****
La caminera…La rebelión en la Granja del ITEA…No tarda en destaparse en el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos las quejas en contra de su titular, Michelle Brito Vázquez, de quien dicen ya no la soportan.
Y para muestra ya empezaron a protestar trabajadores en las plazas de las siete coordinaciones que integran esta institución por la retención a sus pagos, quienes han revelado que son amenazados que si siguen adelante con sus manifestaciones, serán despedidos, para lo cual ya les están levantando actas.
El tema llegará en breve al despacho de Plaza de la Constitución y del Poder Legislativo local. Al tiempo.
Ahora sí, la última y nos vamos…Este jueves estará en Tlaxcala el Secretario de la Función Pública Federal, Roberto Salcedo Aquino, quien dictará la conferencia denominada «Los valores de la 4T en el quehacer diario del servidor público». ¿Será que entre ellas esté el que los funcionarios no contraten a sus cónyuges y familiares en la nómina. Escúchalo tu señor Pérez, oílo señora de Calpulalpan. ¡Írala!