En días pasados las y los diputados aprobaron por unanimidad las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas del ejercicio 2021, tanto del periodo del 1 de enero al 30 de agosto, como del 31 de agosto al 31 de diciembre.
El Presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Rubén Terán Águila, aseguró que no habrá corrupción en la aprobación de las cuentas públicas; al mismo tiempo aceptó que, en otras legislaturas, dicha aprobación estaba plagada de vicios, por lo que obedecían más bien a acuerdos políticos.
¡Qué bueno lo tiene muy claro! porque esas malas prácticas son del conocimiento de todos y lo más grave es que se han normalizado.
La falta de confianza está plenamente justificada, hemos sido testigos de que de la noche a la mañana se cambian dictámenes sin justificación alguna, y hoy, ante su afirmación textual, está asumiendo un compromiso de que el proceso se hará con probidad y calidad moral, no por dádivas ni compadrazgos.
Sin embargo, empezaron mal, ya que las cuentas públicas correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 de agosto de 2021 debieron haberse dictaminado a más tardar el 15 de diciembre, como lo establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Entonces, los primeros que han incurrido en responsabilidades, por omisión, son los propios diputados, ¿O será que el Órgano de Fiscalización (OFS) fue quien incumplió al no proveerles de la información en tiempo y forma? Cualquiera que sea el caso, resulta evidente que los entes fiscalizables cuyas cuentas resulten reprobadas podrán judicializar el proceso.
De igual manera, hay versiones de que la titular del OFS tuvo una reunión privadísima con la titular del ejecutivo estatal para contar con su aval en cuanto al procedimiento, acordando la modificación de criterios, entre ellos que ahora sólo se requerirán 70 puntos para que el dictamen sea positivo.
Eso de ninguna manera es buena señal, porque siendo el OFS un órgano técnico del Congreso del Estado, no se está respetando la autonomía entre poderes.
El pasado 15 de julio, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Maldonado Textle, entregó al Congreso Local los informes de resultados de las cuentas públicas del año 2021, de los cuales se presume un daño patrimonial por más de 344 millones de pesos de los recursos ejecutados por los 60 administraciones municipales que concluyeron su mandato en agosto de 2021.
Como resultado de esta dictaminación, 26 cuentas públicas de igual número de ayuntamientos, correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 de agosto de 2021, serán reprobadas; entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la simulación de compra-venta de bienes y servicios, gastos pagados sin documentación comprobatoria, recursos públicos otorgados sin comprobación, faltantes de bienes muebles y pagos a precios superiores a los del mercado.
Los municipios con mayor monto observado son Panotla con 36.3 millones; Tlaxcala, 29.5 millones; Contla, 20.7 millones; Calpulalpan, 19.4 millones y Tzompantepec, con 19.1 millones de pesos, las cuales tuvieron un proceso de solventación como lo establece la ley.
Esperamos que la ley en materia de fiscalización superior se aplique de manera firme y contundente, que se finquen responsabilidades y se apliquen las sanciones respectivas; En suma, que se siente un precedente que inhiba a las autoridades de cualquier orden de gobierno de caer en la tentación de hacer uso indebido de los recursos públicos que redunde en daño o perjuicio al erario.
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La caminera…. ¿Quien juzga el papel del OFS?…Es importante destacar que la fiscalización de las cuentas públicas debe hacerse en apego a los principios de legalidad. Imparcialidad, confiabilidad, definitividad, transparencia y máxima publicidad, pero la transparencia no es precisamente una característica del OFS.
A la fecha desconocemos el estado que guardan las cuentas que han sido reprobadas en ejercicios anteriores, siendo facultad del OFS determinar los daños y perjuicios que afecten al patrimonio de los entes fiscalizables, de fincar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes, por el incumplimiento a la ley; así como presentar las denuncias penales respecto a los hechos presuntamente constitutivos de delito, que conozca por su actividad fiscalizadora y, en su caso, coadyuvar con el ministerio público en asuntos de su competencia.
Si se cumpliera cabalmente con la obligación establecida en el Artículo 11 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios en cuanto a integrar un registro de las personas infractoras que contenga: nombre, cargo, responsabilidad concreta, así como indemnización y sanción, cuya publicidad se sujetará a las disposiciones de la ley en materia de transparencia y acceso a la información, tendríamos certeza del actuar del OFS apegado a derecho, pero lo cierto es que dicha información no está en su página de internet.
Lo que sí es evidente, es que muchos alcaldes del trienio pasado y anteriores, con varias cuentas públicas reprobadas, andan como la fresca mañana, sin mayor preocupación por los alcances legales de sus actos u omisiones, y eso es una ofensa para la población que han defraudado. ¿Acaso habrán negociado impunidad?
Es vox pópulli que anteriormente ha habido jugosos acuerdos económicos en la dictaminación y aprobación de las cuentas públicas, esperamos que esta legislatura sea la excepción y honre los principios de No mentir, no robar y no traicionar y exija al OFS hacer lo propio.
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Ahora sí, la última y nos vamos….Por eso estamos como estamos en materia de seguridad.
Otro dato importante que arrojan los resultados de la dictaminación a las cuentas públicas de los municipios es que el 69% de los elementos de seguridad pública municipales no cuentan la acreditación de su evaluación de control de confianza, es decir, 1,825 de los 2,647 policías municipales se encuentran en esas condiciones.
Por tanto, los alcaldes y directores de seguridad pública están incurriendo en una irregularidad que no es sólo de carácter administrativo, como sostuvo el Secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, se trata de una omisión que deriva en que el personal de seguridad pública no cuenta con las competencias necesarias para llevar a cabo su función; por ello, no es de sorprenderse su incapacidad de actuación ante los conflictos que se presentan. ¿Cumplirán los alcaldes con el compromiso signado mediante convenio con la Comisión Ejecutiva del sistema de Seguridad Pública, de regularizar a todo su personal en un lapso de tres meses contados a partir del mes de julio?