En los últimos días ha circulado de manera viral una encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), con referencia a la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dicha encuesta demuestra en un ejercicio propio del instituto y a decir de su Consejero Presidente para información primordialmente de los Consejeros Electorales, que una inmensa mayoría de los mexicanos está de acuerdo en los puntos centrales propuestos por la reforma, es decir, menos dinero a los partidos, disminuir el número de diputaciones federales y senadurías, reducción de recursos al INE (siendo México una de las democracias más caras a nivel mundial), que los consejeros y magistrados electorales sean electos por la ciudadanía y un poco más de la mitad por convertir al INE en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). A pesar de los dichos de Lorenzo Córdova de los fines que buscaba esta encuesta, está claro que buscaban un referente después de varios meses de una campaña incesante en contra de la reforma, en cuanto a cómo había logrado influir en la población dicha campaña.
Entrevistado al respecto el Consejero Presidente del INE desestima los resultados y busca posicionar su negativa a la Reforma Electoral, pero este tema trascendental para el futuro de todos necesita un análisis que vaya más allá de las posturas propagandísticas de los llamados defensores del INE, como primer antecedente se tiene que tomar en cuenta que este INE es sobreviviente del fraude electoral de 2006, (mismo que han reconocido la mayor parte de sus protagonistas), que llevó a un sentimiento de desconfianza a la mayoría sobre la verdadera imparcialidad del árbitro y puso al borde de una crisis social a nuestro país, que se vio superada por la ola de violencia desatada en el sexenio de Felipe Calderón, pero no por ello podemos decir que los errores que permitieron un fraude electoral han sido superados, cosa que parece omitir el señor Córdova.
Dejando de lado este antecedente, en un gobierno que ha buscado consolidar una verdadera austeridad en el gasto público es imposible que aun exista burocracia dorada que tiene privilegios de los que no goza otro funcionario; en cuanto a prestaciones y montos de sueldo, así como una cargada nómina de asesores y asistentes en detrimento de la hacienda pública. Si el interés verdadero del consejero Presidente del INE es la democracia, su postura es contraria a sus dichos. Desde el principio del sexenio, la parcialidad del árbitro electoral ha estado marcada, primero por su nula cooperación y su negativa a la reducción del gasto público llevada hasta los tribunales; el enfrentamiento público con el jefe del ejecutivo, además de resoluciones arbitrarias en contra de los candidatos de MORENA en distintos ámbitos, caso memorable el de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, para lo que presentaron argumentos fulleros como reconoce en su postura el Magistrado José Luis Vargas Valdez. Además, las diversas posiciones públicas a través de diversas redes sociales, como Twitter, donde consejeros como Ciro Murayama en clara contraposición a MORENA y al Presidente en actos que rayan en el cinismo, sin mencionar que en sus diversas posiciones dentro del consejo electoral ha dejado más que clara su parcialidad, sin que esto sea motivo de escándalo o sanción por parte de quién tendría el encargo de conservar la imparcialidad del Órgano Electoral.
Se quiera o no reconocer la crisis institucional por la que atraviesa el INE, en su mayor parte causada por algunos de sus consejeros, hace necesaria una reforma de fondo al árbitro Electoral. Desde el 2018 el INE ha buscado entorpecer en lo posible todo intento por generar una verdadera democracia participativa, como se puede ver en su actuación ante las consultas ciudadanas, principalmente la de Revocación de Mandato, consulta que fijó un precedente histórico que obliga a los gobernantes a saberse vigilados por la ciudadanía que recupera el poder y el derecho de decidir siempre, como establece la constitución, la forma de su gobierno.
El INE, ante un ejercicio que da a la población de nuestro país, de cualquier estado y municipio, negó a darle la publicidad y difusión necesaria a un ejercicio para ratificar o deponer a un gobernante con base a sus resultados, argumentando la falta de presupuesto, mientras se desviaron recursos públicos en cantidades millonarias a fideicomisos ilegales, como determinó la Suprema Corte de Justicia en días pasados, en un acto sin bases éticas, jurídicas, políticas o demócratas.
De las posturas de Lorenzo Córdova en contra de la reforma Electoral quisiera resaltar algunas de ellas, como su primer argumento: “El INE va a resistir el embate que se ha lanzado desde el Gobierno”, asumiendo la perfección del Instituto y no su estado perfectible en una evolución histórica ya que olvida que el INE es resultado de una evolución constante. El segundo: “buscan que renuncie”, si ese fuera el fin de esta reforma sería un objetivo estratégicamente poco redituable ya que su periodo y el de otros tres consejeros termina en abril próximo, si no lo hizo, como debió hacerlo después de burlarse de los pueblos indígenas del país con adjetivos por demás lamentables para un árbitro electoral encargado de dar certeza a TODOS los mexicanos en cuanto al respeto de la voluntad popular, ¿por qué buscar su renuncia ahora?, cuando el tiempo restante de su encargo es tan corto.
Mención aparte merece su postura respecto a la elección de los Consejeros y Magistrados Electorales, su argumento base es que ningún lugar del mundo se realiza este ejercicio, como si el simple hecho de que no se realiza en ningún país fuera un argumento por sí mismo, por si lo olvida el consejero Presidente del INE, México ha sido pionero en diversas medidas que han tenido como fin consolidar y garantizar procesos democráticos. Otro de sus argumentos es el peligro de que los consejeros obedezcan a quien les otorgue recursos económicos para su campaña a nivel nacional, siendo la Presidencia de la República el único cargo que requiere una campaña de esa magnitud, asegurando que estos consejeros no se deberán al pueblo que los elige, omitiendo que los actuales consejeros son electos en una partidocracia gobernante en el congreso y que en dependencia al cabildeo y acuerdos entre los partidos logran ese espacio y en el caso de algunos consejeros se puede observar que esa alianza partidista no se rompe una vez en el cargo.
Un instituto que se consolidó como un órgano ciudadano se ve circunscrito por el control que ejercen los partidos en su integración, sin mencionar que en muchos casos no han llegado los mejores perfiles, han llegado los mejores cabilderos, qué es lo que en verdad compromete nuestra democracia y no los supuestos que establece, que se pueden regular desde el marco normativo que se le otorgue al proceso y por último el sofisma de pregunta que plantea “¿pondrías a consulta al médico que te atenderá?”, la respuesta lógica es no, pero esto no es aplicable a elección de Consejeros y Magistrados ya que como toda elección está establecerá requisitos de elegibilidad a la altura y necesidad de los cargos a ser electos, lamentablemente los argumentos que plantea el Presidente del INE y muchos de los auto llamados defensores, están basados en sofismas de toda clase, sobre todo de dictaduras imaginarias y en una carencia de argumentos reales, que no sean el proteger el poder y recursos de los partidos políticos en detrimento de la hacienda pública y el verdadero poder ciudadano.
La evolución del sistema político y electoral en México es un asunto impostergable y lo único que podría decir a Lorenzo Córdova es que después de dejar su cargo vendrá el juicio de la historia sobre su papel al frente del INE, porque el juicio popular según su propia encuesta ya fue resuelto.