Pasan los días y el tema del polémico decreto denominado Protocolo de Actuación Policial para la Atención de Posibles Linchamientos en el Estado de Tlaxcala del gobierno de Lorena Cuéllar sigue vigente en la agenda pública, y cada quien dice su verdad y percepción sobre él.
De acuerdo a especialistas es una herramienta para desarrollar los contenidos de las normas existentes y en el caso que nos ocupa en el estado, principalmente los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El principio de proporcionalidad significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley solo están autorizados a poner en peligro una vida si es con el fin de proteger otra vida, el cual según los especialistas consultados es el objetivo legal que se persigue al actuar en un linchamiento, o sea abordar disturbios violentos en gran escala.
Cabe precisar que el llamado protocolo, que entró en vigor el pasado 11 de febrero, luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, establece en su apartado de la intervención policial y niveles de uso de la fuerza, donde prevé que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una vez conocido el hecho y estando coordinada con la persona primer respondiente, deberá controlar el lugar de los hechos, mediante la conformación de tres anillos de seguridad, mismos que se encontrarán conformados de la siguiente manera.
El Primer anillo indica que dentro de este perímetro se encontrará la persona denominado primer respondiente, junto con los elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes deberá colocarse a una distancia de 15 a 20 metros de donde se encuentre la multitud; los elementos policiales deberán constituirse en el lugar de los hechos y emplear los dos primeros niveles del uso de la fuerza conforme lo establecido en el artículo 11, fracciones I y II de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, asimismo se designará a una persona negociadora con la finalidad de disuadir a las personas de cometer el linchamiento y que realicen la entrega voluntaria de la o las personas retenidas, si la multitud no quisiera negociar con el elemento designado.
Si con motivo de los diálogos se llega al acuerdo de hacer la entrega de la o las personas retenidas, se realizará el procedimiento jurídico-administrativo correspondiente a fin de que las personas detenidas sean puestos a disposición ante la autoridad competente de manera inmediata; exhortando a las partes afectadas a realizar la denuncia correspondiente.
El Segundo anillo prevé que dentro de él habrá personal con equipo antimotín, los cuales emplearán los niveles 3 y 4 del uso de la fuerza conforme lo establecido en las fracciones III y IV del artículo 11 de la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza, con la finalidad de extraer a la o las personas retenidas.
Cuando por algún motivo no se haya podido llegar a un acuerdo con la multitud y se encuentre en peligro la integridad de la o las personas deberán ubicarse a una distancia aproximadamente de 50 a 60 metros de donde se encuentre la multitud; realizarán la extracción de la o las personas retenidas mediante las técnicas y tácticas policiales, pudiendo hacer uso de armas incapacitantes menos letales conforme al artículo 15 fracción primera sobre la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza para dispersar a la multitud y facilitar el rescate de las personas retenidas privilegiando su atención médica.
En tanto, el Tercer anillo estará conformado con un mayor número de personal policiaco quienes deberán portar armas letales, y se encontrarán ubicados a una distancia de 70 metros de donde se encuentre la multitud, y sólo podrán hacer uso de la fuerza letal de conformidad a lo establecido en el artículo 11 fracción V de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
En caso que existan amenazas letales y la resistencia sea real, actual o inminente, el personal policiaco deberá actuar solo en caso de ataque con arma de fuego por parte de personas que integren el conflicto o ajenas a ellas, y actuando bajo el principio de absoluta necesidad, podrán repeler la agresión mediante el uso de armas letales, el término que ha generado polémica.
Considero que la falta de sensibilización de la información antes de su entrada en vigor con los ayuntamientos, medios de comunicación, sociedad, y quien fuera necesario ha generado la mala percepción hacía la administración estatal de la 4T, pues ha permeado en la opinión pública que el gobierno de Lorena Cuéllar ha cambiado los «abrazos por balazos».
El hecho fue minimizado por la propia Secretaría de Gobierno que solo mandó a su director Jurídico de la dependencia, Miguel Sánchez Ramírez para la defensa a través de un boletín técnico, y no aplicaron una amplia estrategia de difusión. Bueno, hay alcaldes que ni siquieran saben de qué se les habla cuando se les pregunta de los tres anillos de seguridad.
El funcionario precisó en su comunicado que de ninguna manera autoriza a priori o como regla general, la utilización de la fuerza letal puesto que se ajusta a los alcances que prevé la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y negó rotundamente que este mecanismo apruebe causar daño a las personas, sino que por el contrario tiene como base el respeto a los derechos humanos de quienes se encuentren en el centro del conflicto.
Con todo ello, el director Jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob) concluyó que la afirmación de que en el estado de Tlaxcala se permite la utilización de armas letales para dañar los derechos humanos de los particulares, “constituye una interpretación parcial, tendenciosa y sesgada”.
Pero lo cierto, es que la percepción es mala y hay dudas.
¿Quiénes serían los cuerpos policiacos que intervienen en un intento de linchamiento: en un primer momento serían las policías municipales, luego la estatal y quizá incluso la guardia nacional?
¿Quién va a capacitar a las policías municipales?
Cómo van a garantizar que, en principio conozcan el protocolo, y que tengan la preparación adecuada para aplicarlo al pie de la letra en un caso real?
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La caminera…En SEGOB dirán misa…Pero el tema del protocolo sigue vigente desde hace dos semanas, y este lunes volvió a ser colocado en la agenda pública.
Primero, fue Sergio Negrete Cárdenas, académico e investigador del ITESO consignó en sus redes sociales que, en el caso de Tlaxcala, hay un problema de inseguridad e impunidad, lo que lleva a que personas tomen justicia por propia mano y cuestionó si la solución en Tlaxcala es que se le den balazos a la gente. «Hay un problema de inseguridad e impunidad, lo que lleva a que personas se tomen justicia por la propia mano (sí, también está mal). ¿La solución de @LorenaCuellar y Sergio González en Tlaxcala? Que les puedan dar de balazos. Los abrazos, por lo visto, son solo para los criminales.», expresó en Twitter.
En tanto, Jorge Garcés, activista, recriminó que ordenen disparar contra ciudadanos en caso del linchamiento. “La gente está tan desesperada por la falta de seguridad que están tomando justicia por propia mano”, detalló.
¿Dónde quedaron los abrazos? : Juan Manuel Cambrón.
“Es preocupante como a través de un decreto se pueda poner en peligro a toda una comunidad que confió en ellos para gobernar, ahora les regresan las promesas con amenazas, ¿dónde quedaron los abrazos tan presumidos?, ¿dónde quedaron los abrazos tan promocionados? ”, comentó Juan Manuel Cambrón, diputado coordinador de la bancada del PRD en el congreso, con referencia al decreto publicado en el Periódico Oficial del gobierno estatal, que autoriza el uso de armas de fuego contra pobladores en un caso de linchamiento y que Par de hampones balean a un hombre tras intentarlo asaltar, en Chiautempan.
El PAN con su secretario General Charlie Quiroz trató de ubicarlo sin éxito en la conferencia de este lunes y los medios de comunicación retomaron la información en el evento de la Comisión Estatal de Derechos Humamos.
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Ahora sí, la última y nos vamos…¿Y los linchamientos Apá? En los niveles de gobierno de Tlaxcala dirán misa, y que su reglamento será la panacea, pero en los hechos todos se olvidan del fondo del asunto.
El hartazgo es real y ya no creen en las autoridades del estado, y si no vean los números.
En los últimos años en el estado de Tlaxcala se ha detectado que el fenómeno de los linchamientos presenta un crecimiento exponencial, luego que durante el 2019 se tiene registrado diez casos, en 2020 disminuyó a ocho, para 2021 se incrementó a 19, y en 2022 aumentó a 28 eventos de ese tipo en intentos y tentativas. Dos consumados, uno en 2022 en San Pedro Tlalcuapan del municipio de Chiautempan y uno en enero del 2023, en Españita.
Lo anterior de acuerdo a cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, basados en reportes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tlaxcala(CEDH), los cuales fueron detectados en los municipios de Chiautempan, Mazatecochco, San Pablo del Monte, Zacatelco, Zacualpan, Ixtacuixtla, Tlaxcala, Huamantla, Xicohtzinco, la Magdalena Tlaltelulco, Xiloxoxtla, Teolocholco, San Juan Huatzinco, Tepetitla, El Carmen Tequexquitla y Nopalucan.
Tlaxcala ocupa uno de los primeros lugares en México en linchamientos, con al menos dos casos registrados, según el medio Causa Común, de los 11 casos de linchamiento que se han reportado hasta la fecha en México, 2 han ocurrido en Tlaxcala. En la mayoría de casos las víctimas han sido hombres y fueron confundidos con ladrones o asaltantes.
