El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que, sumadas a la Ley General de Comunicación y la Ley de Responsabilidades Administrativas, cuyas reformas habían sido publicadas el 27 de diciembre del año pasado, constituyen el llamado Plan B en materia electoral.
Recordemos que el Presidente de la República dio a conocer el año pasado que la reforma electoral era una de sus prioridades en materia legislativa para cerrar su gobierno, sin embargo, al no conseguir la mayoría calificada que se requiere para una reforma constitucional, de manera emergente formuló el Plan B, mismo que fue aprobado por la Cámara de Diputados en una sesión fast track, con claras violaciones al proceso legislativo y sin el análisis minucioso que se requiere para hacer las modificaciones a seis ordenamientos legales, de hecho, el puro sentido común nos dice que ni siquiera contaron con el tiempo suficiente por lo que votaron la iniciativa ignorando el contenido.
Por su parte, el Senado de la República formuló diversas observaciones, por ejemplo, lo correspondiente a la transferencia de votos entre los partidos que integran una coalición; así como al porcentaje mínimo para el registro de los partidos políticos, que mantenía el tres por ciento pero que consideraba suficiente que se tuviera dicho porcentaje en 17 entidades federativas, lo que en lenguaje coloquial garantizaba vida eterna a los partidos. Cabe señalar que la inclusión de estas propuestas respondía a las exigencias del PT y del PVEM.
De tal suerte que en ese momento el Senado únicamente aprobó lo referente a Ley General de Comunicación y la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo que dio como consecuencia que el PAN, el PRI, el PRD y un partido local de estado de Jalisco, así como las fracciones parlamentarias minoritarias de ambas Cámaras presentaran tres acciones de inconstitucionalidad, mientras que el INE promovió ya dos controversias constitucionales, una por cada paquete de leyes aprobadas.
Al judicializarse las reformas, evidentemente los reflectores se enfocaron en el poder judicial, específicamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de tal manera que, así como el 13 de noviembre del año pasado la ciudadanía salió a marchar como una medida de presión para que la reforma no pasara en la Cámara de Diputados, el pasado domingo 26 de febrero nuevamente los ciudadanos salieron a las calles en rechazo al famoso Plan B y en apoyo total a la autonomía del INE, a defender la democracia, y a pedirle a la SCJN una resolución apegada a derecho.
Hoy como nunca es necesario que la división de poderes sea una realidad, que la SCJN actúe con libertad e independencia, y que garantice el respeto irrestricto a la Constitución ya que, finalmente lo que se está controvirtiendo es que las leyes en cuestión presentan serias contradicciones con el texto constitucional.
Es relevante observar sumarse a la sociedad civil organizada, a diversos partidos políticos y más aún a los ciudadanos sin una militancia partidista o afiliación a grupos sociales, en contra de la reforma, toda vez que perciben un riesgo de intervención del gobierno en los procesos electorales lo cual, en voz de los participantes en la marcha, significa un retroceso en la vida democrática de nuestro país.
Como bien sabemos, el INE, antes IFE, fue creado en 1990, posterior a la tan cuestionada elección de 1988, cuando casualmente “se cayó el sistema”, siendo responsabilidad de la Secretaría de Gobernación la organización de las elecciones, y su titular Manuel Bartlett Díaz, hoy flamante funcionario de primer nivel del gobierno federal.
La creación del INE como organismo autónomo se considera una conquista de la ciudadanía y, si bien es cierto es perfectible, también es innegable que con el paso del tiempo ha ido mejorando sus procesos, fortaleciendo su estructura operativa y administrativa y formando personal competente mediante el establecimiento del Sistema Profesional Electoral (SPEN), por lo que las reformas planteadas no cuentan con un razonamiento técnico; en este sentido, Elizabeth Piedras Martínez, ex Presidenta del ITE, la calificó como cero progresiva y nada democrática.
Por razones de espacio en esta ocasión no hacemos un análisis minucioso del contenido de la reforma, únicamente mencionaré de manera enunciativa que considera la desaparición de 300 Juntas Distritales y la reducción de 32 Juntas Locales Ejecutivas, lo que implica la eliminación del 84.6 por ciento del personal del SPEN, la instalación de los Módulos de Atención Ciudadana en lugares públicos como centros salud, la eliminación de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, entre muchas otras, todo ello pone en riesgo la operatividad y funcionalidad del INE, así como los datos personales de todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
La justificación y defensa de las reformas legales contenidas en el Plan B, radican en una malentendida austeridad presupuestal, enarbolando el discurso de que las elecciones son muy costosas y los salarios de los consejeros elevados. Sin embargo, en mesa de análisis efectuada en el Programa Mujer y Poder respecto a este tema, con la participación de Paty Zenteno, Secretaria General del PRD, Teodardo Muñoz, Secretario General del PRI, Javier Torres, Enlace Político de MC y Elizabeth Piedras, todos ellos coincidieron en que los salarios de los funcionarios electorales deben ser acordes con las funciones que realizan y las responsabilidades que asumen.
De igual manera, se considera que el costo de las elecciones está en proporción de la gran cantidad de actividades que implica la organización de la función electoral, así como los mecanismos de seguridad establecidos para garantizar elecciones claras y transparentes.
Al respecto, Carlos Bravo, hace un análisis muy interesante, nos dice que el presupuesto anual del INE es de 14 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas de la CFE en el periodo de enero a septiembre del año pasado fueron de 50 mil millones de pesos; las de PEMEX en 2021 por más de 220 mil millones de pesos y las originadas por la cancelación del NAICM se calculan entre 100 y 330 mil millones de pesos… entonces ¿Verdaderamente podemos decir que resultan caras las elecciones?
Evidentemente esa falsa economía no está considerando la violación a los derechos laborales de miles de funcionarios cuyo nombramiento se deriva de su participación en procesos de selección establecidos en la ley, el monto de sus liquidaciones e incluso los laudos laborales que se pudieran originar.
El costo de esta austeridad representa sacrificar la eficiencia y eficacia del Instituto, significa poner en riesgo la calidad de las elecciones y, con ello, su validez y legalidad, pareciera que justamente ese es el objetivo del Presidente de la República.
Hoy está pretendiendo llevar los MAC´s a espacios públicos, sin las especificaciones técnicas, de seguridad y confidencialidad que se requieren y actualmente se tienen, después sin duda pretenderá que, como en el pasado, el gobierno asuma el control de las elecciones.
Es necesario destacar la importancia de la ciudadanía, en una exigencia legítima de que los representantes de los tres poderes realicen sus funciones con absoluta responsabilidad e imparcialidad; ello nos demuestra la imperiosa necesidad de fortalecer la cultura cívica, de formar una ciudadanía crítica, informada y participativa, que contribuya no sólo a defender las instituciones electorales, sino que sea el propulsor de un verdadero sistema democrático, que ayude a combatir la apatía reflejada en los altos índices de abstencionismo, así como el clientelismo electoral que tanto daño ha hecho a nuestro país.
Otro factor importante que hay que tener en cuenta es que la información referente a este tema suele ser muy técnica, difícil de asimilar para la población en general, además de que las condiciones económicas actuales hacen que un alto porcentaje de ciudadanos esté más preocupado por comer que por votar, por ello se hace imprescindible que las instituciones electorales y los partidos políticos hagan uso de su creatividad para implementar estrategias de comunicación eficientes que permeen en el ánimo de la población; la sociedad civil organizada y la academia pueden ser aliados importantes en esa tarea.
Estoy plenamente convencida de que los equilibrios y contrapesos y equilibrios son indispensables para el sostenimiento de cualquier sistema que se precie de ser democrático y esa es una lucha que nos atañe a todas y todos.