La rendición de cuentas es una herramienta para la sociedad que en palabras de Andreas Schedler, implica establecer un diálogo permanente e institucional entre autoridades y ciudadanía.
En cualquier democracia, debería ser habitual contar con herramientas y mecanismos efectivos, no solo para conocer la información pública, sino para llevar a la praxis la rendición de cuentas.
Este concepto que por demás sabemos es anglosajón “accountability”, determina obligatoriedad, por lo que usar este término, es algo serio y no precisamente el que debería usarse únicamente en el discurso elocuente e impecable de una campañas política.
Es una política pública integral, a la que se suma un aspecto de gran relevancia, la exigencia, lo que sugiere que por parte de la ciudadanía no solo deberíamos mantenernos en la pasividad de esperar a que la voluntad de las autoridades sea proactiva. Esta relación de obligatoriedad y derecho, aluden a la corresponsabilidad que se requiere en todo tema colectivo.
La rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas, la obligación de la esfera política y de las personas servidoras públicas para informar y justificar sus decisiones (answerability) y la capacidad de sanción cuando existe una violación a los deberes públicos (enforcement).
De esta conformación, hay tres aspectos importantes: información, justificación y castigo, es decir, distinto a la transparencia, no solo podemos obtener información o conocer el resultado de las decisiones, sino que podemos evaluar la calidad de las decisiones, desde la justificación y con base en esto, determinar si es necesario imponer un castigo.
En términos simples, la dimensión informativa de la rendición de cuentas (preguntar por hechos o decisiones) y la dimensión argumentativa (dar razones o justificaciones), tiene una orientación hacia elementos de castigo, lo cual resulta fundamental respecto a los controles del poder.
La rendición de cuentas tiene un valor fundamental, cuando la relacionamos con la emisión del sufragio, por el derecho que tenemos hombres y mujeres, de elegir a nuestras y nuestros representantes, con base en un ejercicio, que debiera ser racional, crítico, ético y honesto.
A propósito del inicio del proceso electoral 2020 – 2021, el trabajo institucional, sin duda es de lo más relevante, tener procesos transparentes, y eficientes, incide en el fortalecimiento de la cultura cívica, pero lo que resulta aún más determinante es la participación de la ciudadanía, cómo decide y qué incentivos tiene.
La calidad de las decisiones, debe ser una característica que se analice tanto en las autoridades como en la ciudadanía y de manera muy simple, podemos hacer una relación efectiva del sufragio con la rendición de cuentas, valorando a nuestras autoridades respecto a cómo han respondido a la confianza ciudadana.
Lo anterior supondría que contamos con una sociedad informada, sin embargo, el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 de World Justice Project, específicamente los datos del factor 3, referente a la medición de la transparencia y la participación ciudadana, en el que se incluye la disponibilidad de información pública, el derecho de acceso a la información y la disposición de herramientas para participar en la toma de decisiones, nuestro Estado tiene una puntuación promedio de 0.29 (donde 1 significa la máxima adhesión al estado de derecho).
De las cifras anteriores, también es importante mencionar que Tlaxcala se ubica dentro de las 15 entidades que aumentaron su puntaje y para mayor referencia el promedio nacional del factor citado es de 0.38, es decir a nivel nacional todavía nos encontramos con un camino por delante que demanda mayores esfuerzos tanto de quienes tienen la obligación de publicar información, como de quienes deben exigirla.
Finalmente, cada actor o actora que aspira a un cargo de elección popular tiene una trayectoria, probablemente muchas candidatas y candidatos que veremos en este proceso electoral hayan ocupado un cargo público, o lo hacen actualmente y eso puede significar para la ciudadanía una oportunidad para valorar y evaluar su trabajo en la urna, de manera que el escrutinio público y la rendición de cuentas, coadyuven e incentiven a la ciudadanía a ejecutar un análisis de congruencia entre el discurso, propuestas, acciones y resultados.