Si bien no se pueden poner en duda los datos oficiales de la gobernadora Lorena Cuéllar tras la presentación del Informe de Incidencia Delictiva correspondiente al primer trimestre del año (enero-febrero-marzo), donde se subrayó que Tlaxcala se mantiene como el estado más seguro del país y con una incidencia a la baja de algunos delitos y la contención de otros, lo que ha permitido que desde el inicio de su administración se ha logrado que la entidad esté ubicada en el primer lugar a nivel nacional con la menor incidencia delictiva en nueve ocasiones.
La otra noticia alentadora es que en breve será inaugurado el edificio del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) y serán invertidos 100 millones de pesos en cámaras de videovigilancia, lo cual se presume ayudará a reforzar el combate a la delincuencia.
“Desde luego que no me complace todavía estos números, seguiremos trabajando para seguir dando los mejores resultados, Tlaxcala sigue estando a la vanguardia en la seguridad y por nueve meses hemos tenido por primera vez en la historia del estado el primer lugar en seguridad y esto me lleva a seguir trabajando a decirles a todos ustedes que mi compromiso es seguir invirtiendo”, señaló la morenista.
Hasta ahí el discurso de las autoridades, e insisto ellos tratan de convencer que hacen su trabajo, pero algo está fallando en Tlaxcala en la percepción ciudadana, en el día a día, cuando las familias se sienten inseguras en sus casas, en las calles.
Esto no es un tema local, la percepción de la inseguridad es a nivel nacional, y si en algo coincidimos es que México es un país inseguro y resulta necesario mejorar las estrategias de seguridad pública en el estado, y ahí es tarea de todos.
El coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Carlos Manuel Lozano García, refirió que la percepción de inseguridad disminuyó “importante aclarar que en el caso del estado de Tlaxcala disminuyó 14.1 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del 2022”.
Cómo creerle a las autoridades cuando la tasa de impunidad la vemos todos los días, cómo no cuestionarnos cuando hay una escasa denuncia de delitos y una muy limitada impartición de justicia.
Hay modelos alternativos de seguridad que buscan atender el problema de la inseguridad fortaleciendo la prevención, la acción local y la participación ciudadana, y habrá que analizar por qué si en 60 municipios del estado y el gobierno estatal destinan una parte importante de su presupuesto al combate a la inseguridad, se reduce aquel destinado a la prevención de delitos en donde la sociedad puede tomar un rol protagónico.
Por qué la población no confía en sus cuerpos de seguridad y de procuración de justicia, y comunica lo que sucede en sus comunidades, pues prevalece la falta de confianza en las instituciones y la percepción de corrupción en las diversas instituciones de seguridad.
Es prioritario en el gobierno de la 4T retomar el contacto directo con la ciudadanía, y generar así estrategias de prevención exitosas como los observatorios de seguridad ciudadana en los municipios de mayor riesgo en la entidad, donde a través de entrevistas, observación y grupos de enfoque pueden construir recomendaciones de política pública adecuadas a la realidad.
Se han aplicado en comunidades consideradas de alto riesgo en México, y los resultados no han sido malos.
Aunque el principal responsable de la seguridad pública es el Estado, como ciudadanía también podemos involucrarnos en la mejora de las condiciones de nuestras comunidades: la información y la participación en redes vecinales son fundamentales para fortalecer el tejido social y combatir la inseguridad.
Denunciemos los delitos que veamos en nuestras colonias, juntemos fuerzas para exigir las mejoras que necesitamos para sentirnos más seguros y unamos voces para que nuestras necesidades locales retumben en Palacio de Gobierno.
Pero requerimos funcionarios que no repartan culpas, que se pongan a hacer su chamba, que no se preocupen por sus aspiraciones políticas en turno, y que armen estrategias reales.
No queremos servidores públicos que le echen la culpa a las redes sociales, a los medios de comunicación generalizando de forma irresponsable por difusión de información no verificada, tratando de justificar sus torpezas.
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La caminera...¡Para Ripley! ¿Quién falla entonces? Hace una semana, vecinos de San Gabriel Cuauhtla en Tlaxcala capital propinaron una severa madriza a un presunto asaltante de vehículos.
El tipo estuvo en gran riesgo y fue necesario activar el protocolo de rescate, y por fortuna los pobladores, pese a su justificado enojo por ser víctimas de los delincuentes que les han robado diversos vehículos , decidieron entregarlo a las autoridades.
Y para sorpresa, el individuo ¡ha sido detenido 14 veces!. Nueve por alteración del orden y cinco por hechos delictivos, y alcanza su libertad.
La pregunta es: ¿Quién falla entonces?
¿Los jueces del Tribunal Superior de Justicia?
¿El ministerio público por no integrar bien una carpeta de investigación?
¿Los ciudadanos por no denunciar?
Hoy el sujeto se salvó de morir, y seguramente volverá a reincidir.
Gonzalo N., alias “El Jarocho”, cuenta con múltiples antecedentes penales, entre ellos 14 puestas a disposición por delitos como robo de vehículos, robo de autopartes, alteración del orden público, posesión de objeto apto para agredir, entre otros.
Hay voces que dicen que eso debería revisar la presidenta del TSJE, en lugar de andar como dama de compañía en todos los eventos del ejecutivo, y si no que le pregunten qué hacía presente en un evento de la semana laboral.
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Ahora sí, la última y nos vamos...El funcionario de la semana…¡Vaya! que Sergio González Hernández es un tipo muy ocurrente, pues mira que querer culpar a las benditas redes sociales y los medios de comunicación por el tema de la percepción de inseguridad.
Pese a que aclaró que el gobierno de Lorena Cuéllar no pretende vulnerar la libertad de expresión de medios de comunicación, sin decir nombres, el hoy morenista pidió a los reporteros ejercer su labor de forma responsable y profesional, ya que en algunos casos se adelantan a la información que no está verificada.
Puso el ejemplo del caso del Arco Norte, dónde a través de redes se notificó de una balacera, sin embargo no hubo hallazgo alguno de esta información.
Señaló que es importante que los medios de comunicación que tienen acceso a los folios del 911, que se manejan en grupos de emergencia, esperar a que se verifique la información, luego que cerca del 80% de llamadas al 911 son falsas.
Si bien es cierto que a veces algunos reporteros se adelantan, y mucha información que se difunde en esos grupos de emergencia no es certera, la opinión de González Hernández de generalizar y llamar irresponsables a todos los medios de comunicación en Tlaxcala, fue calificada de torpe.
Se le olvida al funcionario que la tardanza para proporcionar datos oficiales proviene de su gobierno, y como estarán las cosas que pese a ser la dependencia más importante de la administración, la Secretaría de Gobierno (SEGOB), ni siquiera cuenta con un vocero.