No se sabe si es una estrategia el apostarle a guardar silencio y esperar a que el tema se diluya, pero el Secretario del Medio Ambiente en Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández ha estado en el ojo del huracán, y ha adoptado la política del avestruz, en lugar de dar la cara y enfrentar las acusaciones.
El operador político de la gobernadora Lorena Cuéllar con el poder Legislativo ha sido denunciado en tribunales judiciales por su ex esposa, quien lo señala de recurrir a artimañas legales para que no le descuenten lo de alimentos de sus hijos, y posteriormente es acusado de presuntos actos de corrupción por un ex trabajador de la dependencia, quien fue despedido.
En el caso del ex empleado se entiende que Ramírez Hernández tiene la facultad de remover a quien considere ya no es de confianza, quien ahora es señalado de despotricar en contra de los tlaxcaltecas y su himno, según un audio que circula en redes sociales, lo cual no es el tema de esta columna.
En una grabación realizada antes de que fuera despedido de su trabajo, el jefe del departamento de Denuncias, Quejas y Participación Social de la Secretaría del Medio Ambiente, Luis Elíseo Arteaga Uribe, llamó a los tlaxcaltecas caníbales y se burló del himno a Tlaxcala, lo cual aparentemente fue la causa de su remoción del cargo, así como la falta de cumplimento de indicadores en su fuente laboral.
Lo cierto, es que el tema de la denuncia de Arteaga Uribe llegó a la tribuna del Congreso del Estado, pues fue el perredista quien demandó una investigación ante los presuntos actos de corrupción en la procuraduría del Medio Ambiente, luego que el ex funcionario denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a través de la Fiscalía anticorrupción graves actos de corrupción que privan en la dependencia estatal, relacionadas con inspección y otorgación de permisos en materia ambiental, así como otros trámites irregulares y malas actuaciones.
Inclusive, fue más allá y acusó de forma pública que la titular de la Secretaría de la Función Pública Eréndira Cova, avisó a funcionarios de la dependencia local para que les diera tiempo de borrar las pruebas.
Luis Antonio Ramírez Hernández dirá misa, pues en lo de su esposa podrá argumentar que es su vida privada, pero en las denuncias de presuntos actos de corrupción involucran a una oficina de gobierno donde se manejan recursos públicos.
De qué privilegios goza el morelense para no enfrentar de lo que es acusado, por lo que la PGJE tendrá que dar una respuesta si quiere demostrar en Tlaxcala las denuncias se investigan y los delitos se castigan, sea quien sea.
Es importante conocer quién miente. ¿El secretario o el ex empleado?
El asunto no es menor, toda vez que los actos que se le imputan han involucrado, en el primero de ellos, al Oficial mayor de Gobierno y al Director de Recursos Humanos de Gobierno del Estado, quienes incluso enfrentan una denuncia ante la PGJE, y en el segundo, ponen en cuestionamiento el actuar imparcial, como ya lo he dicho de las titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la PGJE.
Es urgente y necesaria una respuesta. No más cortinas de humo.
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La Caminera...El infierno está empedrado de buenas intenciones …Nadie puede negar las buenas intenciones de la diputada Diana Torrejón de convocar a las organizaciones de periodistas y organizaciones para analizar el contenido de la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se pretende aprobar en el Congreso del Estado, pero lo cierto es que tiene diversas inconsistencias que tendrán que ser corregidas.
Ya se han pronunciado en que la próxima norma, debe garantizar la plena protección, pero también emplear los mecanismos de prevención y atención oportuna de agresiones contra quienes ejercen la libertad de prensa.
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Ahora sí, la última y nos vamos...Relevo…El gobierno de Lorena Cuéllar creó en febrero de 2022 en Tlaxcala la Oficina Local para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La oficina es un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno (Segob), cuyo fin es investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En ese cargo fue nombrado el periodista Leonel Tlalmis Robles quien, pese a las precariedades con las que operaba, llevaba cabo un trabajo de buena atención a las demandas.
Sin embargo, de la noche a la mañana, en días pasados Tlalmis Robles fue avisado sin argumento alguno de que tenía que entregar las oficinas al ex director de comunicación del Congreso del Estado, Víctor Manuel Ávila García.
La respuesta al cambio fue muy breve: Un cambio sin ningún motivo por su desempeño, fue una decisión de relevo institucional.
Habrá que esperar con el tiempo si la decisión fue acertada o vuelven a corregir. Al Tiempo.