Solo sirven a los intereses de la mandataria morenista Lorena Cuéllar, dice la presidenta local del PAN.
Fabiola MÁRQUEZ/ Tlaxcala/La dirigente estatal del PAN Miriam Martínez cuestionó que el Congreso del Estado se doblegue ante la gobernadora morenista Lorena Cuéllar y le aprueban una reforma constitucional a modo que busca mantener el control de la procuración de justicia del estado más allá de un sexenio, y lo más grave, la concesión para la construcción y explotación del libramiento Calpulalpan durante los próximos 30 años.
Por ello, demandó a la ciudadanía abrir los ojos y no permitir más abusos con diputados que no le cambian ni una coma a las órdenes de la titular del Ejecutivo Local.
A través de un boletín, la presidenta del PAN Tlaxcala, sostuvo que “Los poderes Ejecutivo y Legislativo se han aliado sistemáticamente para actuar en contra de los intereses de los tlaxcaltecas. Vemos con tristeza cómo nuevamente el Poder Legislativo es sometido a los intereses del gobierno del estado cuando la mayoría de los diputados, le aprueban una reforma constitucional que busca mantener el control de la procuración de justicia del estado más allá de un sexenio”, expresó Miriam Martínez Sánchez presidenta estatal del PAN.
Derivado de la aprobación por el Congreso Local, a la propuesta del gobierno para crear la Fiscalía General de Justicia del estado, la líder albiazul señaló que contrario a lo que ocurre en otras entidades, debería de ser autónoma.
“En el caso de Tlaxcala, tal y como pasa con todos los organismos autónomos, nuevamente la vuelven a supeditar a los intereses y caprichos de la clase gobernante. Resulta que con esta reforma los diputados van a nombrar a una «nueva fiscal carnala», propuesta por la gobernadora, y su nuevo mandato será por otros 7 años, lo que implica que la nueva titular estará hasta el año 2031. Es decir, cuatro años más del periodo de este lamentable gobierno”.
Miriam Martínez, lamentó la sumisión que vive el poder legislativo hacia el Ejecutivo, por lo que llamó a la ciudadanía, a no tolerar más excesos, toda vez que la actual administración estatal estaría protegida, al detectarse irregularidades en la aplicación de recursos públicos.
“Es momento que el pueblo se levante y alce la voz para frenar estos excesos, porque estamos pasando de una triste historia a una terrible pesadilla. La gobernadora tendría, una vez terminado su mandato, 4 años de impunidad en caso de que se le iniciara investigaciones por sus posibles excesos e irregularidades en la aplicación de recursos públicos. Está claro que la visión de la mandataria es que en la próxima legislatura no van a tener mayoría y por eso apresuró a sus aliados darles este nuevo salvoconducto de impunidad”.
Asimismo, destacó la aprobación que los diputados realizaron, para concesionar la construcción y explotación del libramiento Calpulalpan, el cual señaló “va a ser usado para negocios, beneficios muy personales y económicos de una camarilla ligada al poder. Durante los próximos 30 años van a tener millones de ingresos a costa del pueblo bueno”.