Aunque cabe destacar que entre los promoventes del citado recurso legal, no aparecen ninguno de los hermanos Covarrubias, solamente una ex candidata petista a presidenta municipal en San Lorenzo Axocomanitla, de nombre Gabriela N, ligada al ex legislador local, fue el propio Miguel Ángel Cobarrubias, quien en sus redes sociales dio a conocer un incidente de suspensión ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y cuestionó al actual ayuntamiento morenista, a quienes acusó de haberles destruido el servicio de agua potable.
Sin embargo, ante la autoridad federal los quejosos no pudieron argumentar sus dichos, y aunque presentaron pruebas de la existencia de la obra pública y otros documentos, no se acreditó suficientemente el daño reclamado, ni la suspensión del servicio de agua potable. Por ello, se resolvió negar la solicitud de suspensión.
«Lo cierto es que, si bien acreditan mediante las documentales remitidas la existencia de la obra pública y, a su vez, demuestran su interés jurídico y personal frente al acto reclamado, no sustentan que dicho acto reclamado, consistente en la destrucción de la obra de mérito, haya sido perpetrado u ordenado por las autoridades que señalan como responsables; y, a su vez, no acreditan la falta de suministro de agua potable.», es el argumento de las autoridades federales para negarles a los quejosos la suspensión definitiva.
Recordar que hace varias semanas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con el Ayuntamiento de San Damián Texoloc, llevó a cabo un operativo para retirar una obra de drenaje sanitario que invadía el derecho de vía en la carretera federal Tlaxcala-Texoloc.
La obra, ejecutada sin los permisos correspondientes durante el último día de la administración municipal pasada, había sido fuertemente criticada por su mal estado y los múltiples accidentes que causó a los automovilistas.
Narraron que provocó numerosos accidentes, daños materiales y hasta crisis nerviosa de personas que chocaron sus unidades, se les poncharon sus llantas y llegaron tarde a sus trabajos o a la escuela y en un caso extremo a madre e hija les explotaron las bolsas de aire de su unidad por caer de golpe en la calificada clandestina obra.
Además de las quejas sobre los daños a vehículos y las afectaciones a los vecinos, se reveló que la obra estaba destinada a beneficiar directamente a un fraccionamiento en construcción vinculado al ex diputado local Miguel Ángel Covarrubias, hermano del exalcalde de Texoloc, Arturo Covarrubias, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto si dicho fraccionamiento en construcción es de su propiedad, pese a que este diario buscó su postura, pero prefirió no hacerlo.
Los habitantes expresaron su descontento al conocer que la obra pública, financiada con recursos municipales, no tenía ningún propósito en beneficio de la comunidad, sino que favorecía a intereses privados.
«Poco, muy poco le duró el gusto al ex-Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, apenas hace unos días y fiel a su costumbre vociferaba pendencieramente un fallo que coincide a favor de sus intereses, y hoy la autoridad niega la “SUSPENSIÓN DEFINITIVA” a sus pretensiones para abastecer un fraccionamiento y al grito de “DEFENDÁMONOS” demostró sus intereses que tiene sobre el irregular predio y que el ex alcalde petista haya autorizado recurso público sin beneficio alguno para la población en terrenos de labor y todo para beneficio, pues ahora sabemos que entre los demandantes hay una ex candidata petista a presidenta municipal. O sea un gobierno petista beneficia a una candidata petista», expresaron vecinos.
Agregaron, «Que estamos enojados y la molestia es evidente, pues en Texoloc hay barrios en donde ya no llega el agua potable y más aún en la colonia Luis Echeverría perteneciente a la misma población, decenas de familias tienen décadas sin agua potable y drenaje y sin embargo, el pasado gobierno municipal petista autorizó una obra con recursos públicos en terrenos de labor, por lo que exigimos al actual gobierno municipal y estatal una auditoria para conocer los argumentos en que se basó el ex edil Arturo Covarrubias para destinar recursos a esta obra que fue detenida, luego que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), la consideró ilegal».
