El anterior presidente de la República, un genio de la política electoral y de la comunicación política, aunque no así de la administración pública, dueño de una perversidad pocas veces vista, dio muestras muy claras de la instauración de un nuevo régimen. Para lograrlo, el camino fue el desmantelamiento de los contrapesos al Poder Ejecutivo Federal; varios le costó seis años y tres elecciones, pero al final lo logró.
Controló primero el Ejecutivo, al ganarlo y retenerlo; controló el Legislativo en la tercera oportunidad, aunque no lo logró en las urnas, sino gracias a la invasión del Instituto Nacional Electoral, al colocar a sus incondicionales en el órgano rector de los procesos electorales. Este último arrebató curules a los partidos de oposición y se los entregó a los partidos afines al régimen en la calificación de la elección de 2024 y la sobrerrepresentación de ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Esta decisión del INE, ratificada por el incompleto pleno del TEPJF, se vio favorecida por el Senado de la República, de mayoría morenista, que omitió nombrar a dos magistrados electorales, encargándose así de mantener la integración en cinco de un total de siete. Durante el sexenio de AMLO, logró la afinidad y lealtad de tres de esos magistrados, número con el que alcanzó la mayoría que avaló la decisión del INE, la cual, más que un documento del antes autónomo instituto electoral del país, parecía un copy-paste del documento que leyó la secretaria de Gobierno, María Luisa Alcalde, en la conferencia diaria del presidente de la República. En dicha lectura, la funcionaria federal anunció:
Imagen de la conferencia mañanera del 3 de junio de 202
“De acuerdo con Alcalde, esta sería la composición del Congreso: ‘Estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena; 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México. Eso significa una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes. Como sabemos, una mayoría calificada implica la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales. En el caso del PRI, cerca de 34 diputados; el PRD, dos; el PAN, 72; Movimiento Ciudadano, 26; independientes, uno, para dar el total de 500 diputados y diputadas. Y en el caso de la composición de la Cámara de Senadores, también aproximados, pero ya muy cercanos al resultado total, estamos hablando de 60 senadores por Morena; 8 por el Partido del Trabajo; 14 por el Partido Verde; 17 por el PRI; dos por el PRD; 22 por el PAN y cinco por Movimiento Ciudadano, para dar un total de 128 senadores’.”
Así, como si fuera un guion dictado, la SEGOB dio su proyección, y así la aprobó el INE y la ratificó el TEPJF.
Con esa supermayoría que los órganos garantes de la elección otorgaron al régimen, lo siguiente fue eliminar los obstáculos, de tal forma que cayeron los organismos autónomos, incluido el encargado de la transparencia que, dicho sea de paso, fue flagelante con el anterior gobierno. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se encargaron del último obstáculo: el Poder Judicial de la Federación. No es que Norma Piña le haya faltado al respeto a AMLO, no es que el no ponerse de pie el 5 de febrero de 2024 fuera una afrenta imperdonable; el plan original incluía la captura del Poder Judicial, y no podría lograrse sin un Congreso a modo. Si por un momento 42 senadores eran la esperanza de contener el desastre que se acercaba, la coerción y la extorsión se encargaron de acabar con esa esperanza. La reforma judicial pasó; se cambió el método de selección de jueces, magistrados y ministros, el cual era un proceso amalgamado de experiencia y conocimiento, de preparación académica, de preparación en manejo e interpretación de la ley. En fin, un proceso que todo el cuerpo judicial conocía y aceptaba, y sobre todo, que funcionaba.