El caso del hombre fallecido tras una golpiza en #Natívitas, acusado de la sustracción ilegal de una menor, ha dejado al descubierto una grave irresponsabilidad por parte del área de comunicación del gobierno de Tlaxcala: la determinación de culpabilidad desde el discurso oficial, antes incluso de que la Fiscalía concluya sus investigaciones.
En su afán por manejar la narrativa, la administración estatal ha incurrido en un error mayúsculo: referirse al fallecido como autor del delito de privación ilegal de la libertad, cuando la propia Fiscalía General del Estado solo lo ha señalado como probable responsable. Esta distinción no es un mero tecnicismo jurídico, sino la línea que separa la presunción de inocencia —derecho constitucional— de la condena mediática.
Al dar por hecho la culpabilidad del individuo, el gobierno no solo vulnera el debido proceso —pilar fundamental del Estado de derecho—, sino que contribuye a una peligrosa normalización de la justicia por mano propia. Si desde el poder se valida la idea de que un acusado merece ser linchado, se envía un mensaje perverso: que la violencia colectiva es legítima cuando hay sospechas, aunque no haya sentencia.
Además, esta comunicación irreflexiva revictimiza. Por un lado, estigmatiza al fallecido, negándole el derecho a la defensa y a un juicio imparcial. Por otro, expone a la menor involucrada a un escrutinio público innecesario, convirtiendo su caso en un espectáculo mediático en lugar de proteger su integridad.
Las instituciones tienen la obligación de informar con precisión y responsabilidad, no de convertirse en jueces paralelos. Si el gobierno de Tlaxcala quiere realmente combatir la delincuencia y la violencia, debe empezar por respetar el proceso legal y evitar discursos que, lejos de apaciguar, incendian más los ánimos. La justicia no se construye con titulares, sino con hechos y garantías.