Senadoras y senadores de todas las bancadas respaldan la iniciativa de la legisladora tlaxcalteca para fortalecer el marco legal y la protección ambiental en México.
Ciudad de México, 2 de abril de 2025.– Ante el creciente problema de tala ilegal que afecta a los bosques del país, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de duplicar las penas para quienes cometan este delito y establecer una coordinación obligatoria entre autoridades ambientales y cuerpos de seguridad pública, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La propuesta fue bien recibida por legisladoras y legisladores de todas las fracciones parlamentarias representadas en el Senado, quienes reconocieron el compromiso de la senadora originaria de Tlaxcala con la defensa del medio ambiente y el combate a la impunidad.
Rivera Rivera dedicó su iniciativa a las y los pobladores, ejidatarios e ingenieros forestales que han luchado contra la tala clandestina en la montaña La Malinche (Matlalcuéyetl), en el estado de Tlaxcala, y advirtió que este delito se ha convertido en una de las mayores amenazas ambientales, sociales y económicas del país.
“No se trata solamente de árboles cortados ilegalmente; se trata de comunidades vulneradas, de recursos naturales saqueados, de ecosistemas que colapsan y de una economía criminal que crece al amparo de la impunidad y la corrupción”, expresó la legisladora desde la tribuna.
La iniciativa contempla reformar los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal para duplicar las penas actuales, que hoy van de uno a doce años de prisión, dependiendo de la gravedad del delito. Las nuevas sanciones se aplicarían con mayor severidad en casos relacionados con áreas naturales protegidas, uso de violencia o vínculos con fines de lucro.
Además, propone reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer una coordinación interinstitucional obligatoria entre autoridades ambientales y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional y la SEDENA, particularmente en zonas de alto riesgo. También se prevé que la Guardia Nacional pueda participar formalmente en operativos de vigilancia, desmantelamiento de centros clandestinos y protección de defensoras y defensores ambientales.
Otra de las novedades de la propuesta es la actualización del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, con el fin de convertirlo en una herramienta electrónica obligatoria, transparente y georreferenciada, que permita seguir la trazabilidad de la madera desde su origen hasta su comercialización, cerrando espacios a la ilegalidad.
“No podemos seguir tolerando que entre el 30 y el 70 % de la madera que circula en nuestro país tenga un origen ilegal o no verificable”, afirmó Rivera. “Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras autoridades ambientales carecen de los recursos y respaldo institucional para enfrentar a quienes destruyen nuestro patrimonio natural”, sentenció.
La propuesta se turnó a comisiones para su análisis y dictaminación, en un contexto donde diversas organizaciones civiles y expertos han alertado sobre la relación entre tala ilegal y redes del crimen organizado.