El Sol Azteca considera que la relación directa de Jakqueline Ordóñez Brasdefer con el Gobierno del Estado la hace inelegible para el cargo.
El Comité Ejecutivo Estatal del PRD Tlaxcala, a través de su presidente Juan Manuel Cambrón, lamentó la reelección de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Tlaxcala, al considerar que su gestión se enfocó más en proteger los excesos del gobierno que en defender los derechos humanos de la sociedad tlaxcalteca.
El dirigente recordó diversas omisiones cometidas durante la presidencia de Ordóñez Brasdefer, señalando que el trabajo de la Comisión fue no solo tardío, sino tibio frente a los abusos de la actual administración. Mencionó como ejemplos las primeras dos marchas del 8 de marzo, la tortura y muerte de un presunto responsable mientras estaba bajo custodia de la anterior Procuraduría, así como el desdén hacia numerosas denuncias ciudadanas sobre el maltrato recibido en distintas dependencias del gobierno estatal.
“No niego que la preparación académica y la experiencia de la maestra Ordóñez Brasdefer sean superiores al resto de las aspirantes; sin embargo, cuando existen vínculos familiares con la titular del Ejecutivo y lazos de amistad con personas denunciadas por abuso de poder y corrupción, su perfil se vuelve inadecuado para ser reelegida. Los ejemplos están ahí, documentados, son evidentes y claros. No podemos olvidar cómo este gobierno reprimió a las mujeres, ni cómo actuó la CEDH”, expresó Cambrón.
Agregó que cuando un organismo tan importante para la vida pública tiene a una titular con filiación política y afinidad partidista, su labor se ve comprometida, ya que los vínculos con el poder dificultan su capacidad para señalar abusos, actos de represión y la falta de empatía hacia los derechos humanos, especialmente en lo referente a la revictimización de mujeres y la creciente violencia en su contra, así como contra la sociedad en general.
“Solo se está repitiendo, como una copia al carbón, el caso de Rosario Piedra Ibarra. Claramente no son las más aptas para ejercer esa responsabilidad, pero no se puede evitar, porque las órdenes están dadas y hay que ejecutarlas…”, sentenció.
El presidente del PRD Tlaxcala también consideró que, ante los acontecimientos registrados en el estado en los últimos tres años —la mayoría documentados por la prensa—, las apenas 12 recomendaciones emitidas por la CEDH resultan escasas e insuficientes, sobre todo cuando la mayoría fueron dirigidas a municipios, pese a que los abusos más graves provinieron del propio gobierno estatal.
“No se mide con la misma vara. Cuando se denuncia a municipios como Chiautempan, Tzompantepec, Zacatelco, Apizaco o Benito Juárez —y al propio gobierno estatal— por vulnerar el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de la ciudadanía, se emiten recomendaciones para los municipios, pero para el estado, no. Nada”.
Finalmente, concluyó que es imposible olvidar la omisión de la CEDH en casos como los ataques a jubilados cuando intentaron instalar un plantón, la represión a trabajadores sindicalizados con gas lacrimógeno, y la falta de medicamentos en los módulos médicos o en las clínicas Bienestar, solo por mencionar algunos ejemplos.
Por lo anterior, el PRD Tlaxcala manifiesta su desacuerdo y votó en contra de la reelección de Jakqueline Ordóñez Brasdefer como presidenta de la CEDH en Tlaxcala.