Evaluare dice que 70 % de tlaxcaltecas considera inseguridad mayor problema.
(Fabián Robles/29 de julio 2025) (Faro Tlax). De acuerdo a información del portal Faro Tlax, y contrario al reiterado discurso triunfalista de que el estado es el más seguro de toda la República, una empresa contratada por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros para una evaluación desveló que el 70% de los tlaxcaltecas considera la inseguridad el mayor problema de la entidad, además de que 63.3 % de la población se siente insegura y la cifra negra delictiva es del 92.7 % “reflejando desconfianza en las autoridades”.
Los datos —correspondientes al ejercicio fiscal de 2024 y contenidos en el programa anual de evaluación 2025— se encuentran en el documento denominado “Evaluación Integral (Informe Estatal de Evaluación) del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)”, obtenido por este reportero.
Ese trabajo fue realizado del 4 de agosto de 2024 al 27 de mayo de 2025 por la instancia evaluadora externa conocida como “Evaluare”, expertos en políticas públicas. Se trata de la misma empresa encargada de impartir el curso de formación de aspirantes a notario, convocado por el gobierno de Tlaxcala.
Para el ejercicio fiscal 2024 en Tlaxcala se contó con un presupuesto de 244 millones 334 mil 488 pesos del FASP “sin ampliaciones ni reducciones. Se ejerció el 99.81 % de los fondos, mientras que el 0.19 % restante, equivalente a 468 mil 492 pesos, ha sido reintegrado, reflejando un manejo óptimo y conforme a lo programado”.
La evaluación arrojó que “la percepción de inseguridad aumentó 1.44 %” con relación a 2023, y “a pesar de la infraestructura disponible, la percepción de inseguridad sigue en aumento, evidenciando la necesidad de fortalecer la seguridad y la confianza en las instituciones”.
Además, desveló que “la presencia policial es baja, con solo 0.9 agentes por cada 100 habitantes”.
Se detectó que, al corte del 31 de marzo de 2025, solo 67.24 % del estado de fuerza cuenta con terminales portátiles, dejando a más de mil 500 elementos sin “acceso a este recurso clave. Ampliar la cobertura asegurará una mejor coordinación en situaciones de emergencia”.
En ese documento se incluyó un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) —herramienta básica de la planeación estratégica— en el que se desvela una situación preocupante en materia de seguridad pública.
En lo correspondiente a debilidades, se encontró que “solo el 31 % del estado de fuerza cuenta con chaleco balístico vigente asignado bajo resguardo en la policía estatal”, por lo que el 69 % “(dos tercios del personal) sin esta protección esencial. Incrementar la distribución de chalecos balísticos en el siguiente ejercicio fiscal reduciría significativamente la vulnerabilidad del personal”.
Lo anterior significa que de un estado de fuerza el año pasado de dos mil dos uniformados, el número de policías con chaleco balístico vigente asignado bajo resguardo era de apenas 594.
También se detectó que la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro carece de un área específica de atención a víctimas, lo que puede limitar la capacidad para brindar apoyo especializado, a pesar de haber atendido a 22 víctimas durante el periodo”.
Tampoco “se ingresaron elementos balísticos (casquillos y balas) al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) debido a la falta de licencia; el Centro de Justicia para Mujeres del Estado no cuenta con área pericial, cámara Gesell, sala de juicios orales, entre otros; no se contó con un servicio de carrera para el Servicio de Emergencia 9-1-1 como lo refiere el Acuerdo del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 06/XLIII/17 y el artículo 111 bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
En lo referente a amenazas “se identificó que el porcentaje de aprobación de elementos de Seguridad Pública Estatal, Seguridad Pública Municipal y servidores públicos de instancias con funciones relacionadas con el cumplimiento de los fines de la seguridad pública es de menos al 50 %”.
Este dato contrasta con lo dicho el 31 marzo pasado por la propia gobernadora — según una nota firmada por la reportera Karla Muñetón y publicada en El Sol de Tlaxcala—, cuando presumió que, a esa fecha, la entidad tenía “prácticamente el 97 % de policías, estatales y municipales, con sus exámenes de Control y Confianza aprobados. Estamos a nada de que Tlaxcala logre, después de estar en último lugar, el 100 % de sus policías certificados”.
Otras amenazas incluidas en el FODA se refieren a que “la actualización del padrón local de carros inscritos (del Repuve) depende de otra dependencia; durante el 2024 se presentó un problema técnico en la plataforma de inscripción, por lo que se colocaron 3 mil 672 de las 5 mil constancias de inscripción; no se tuvo procesos de extracción y análisis de información dentro de la Policía Cibernética, esto como resultado de la falta de demandas por parte de la parte afectada, la cual es esencial para iniciar una orden de extracción y análisis de información de dispositivos electrónicos”.
Además, se detectó que para el ejercicio fiscal 2024 la entidad no estaba conectada a la Red Nacional de Información de Huella Balística de la Fiscalía General de la República (FGR).
También se supo que “la entidad no envió en 2024 perfiles genéticos y electroferogramas de conformidad con el Formato Homologado para ingreso al Sistema CODIS, de cadáveres, fragmentos óseos segmentos humanos no identificados y de familiares que buscan a personas desaparecidas a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República por rotación del personal encargado del envío de los perfiles genéticos y electroferogramas”.