El intento de suicidio de una menor de edad en un Centro de Asistencia Social (CAS) del DIF estatal ha vuelto a colocar bajo los reflectores la crítica situación que viven los albergues a cargo del gobierno de Tlaxcala. Lejos de tratarse de un hecho aislado, este caso se suma a una larga lista de episodios preocupantes durante la administración de Lorena Cuéllar Cisneros, que acumula al menos cinco fugas de migrantes, un amotinamiento y ahora una emergencia médica con una adolescente, todos ocurridos bajo la supervisión del DIF estatal.
La noche del 5 de agosto, trascendió que una menor de entre 12 y 15 años supuestamente intentó quitarse la vida utilizando agujetas para colgarse de un punto fijo dentro del CAS ubicado en Acuitlapilco. Según versiones de reporteros que cubren la fuente, trámites burocráticos habrían retrasado su traslado a un hospital.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) informó mediante un comunicado que la menor se encuentra fuera de peligro gracias a la «oportuna intervención del personal especializado», quienes activaron los protocolos de atención a crisis. Además, aseguró que se solicitó el apoyo de instituciones médicas y de auxilio, y que se ha brindado acompañamiento emocional y médico a la adolescente. La dependencia justificó la falta de más detalles argumentando respeto a la privacidad y cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos de menores.
Los otros casos
Desde septiembre de 2021 a la fecha, los albergues del DIF estatal han sido escenario de al menos cinco fugas documentadas por medios de comunicación, con un total de 23 migrantes centroamericanos evadidos, incluidos 15 menores de edad, la mayoría de ellos no acompañados. En todos estos episodios ha sido común la falta de transparencia, omisiones institucionales, contradicciones en las versiones oficiales y reacciones tardías por parte del gobierno estatal.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 5 de julio de 2023, cuando 14 personas migrantes, entre ellos seis menores, se amotinaron y escaparon del Albergue Temporal para la Niñez Migrante Acompañada, en Santa Cruz Tlaxcala. La Fiscalía Especializada tardó cuatro días en emitir las fichas de búsqueda, y ocultó que la evasión se produjo tras un motín. La Secretaría de Gobierno (Segob) incluso minimizó el hecho, afirmando que las personas «salieron por voluntad propia», pese a que un parte informativo de la policía municipal confirmó que se trató de una fuga.
El 29 de enero de 2023, dos menores también escaparon del CAS en el fraccionamiento Los Girasoles, en Tzompantepec. Un caso similar se dio el 7 de octubre de 2021, cuando un adolescente burló la vigilancia durante una revisión médica en el Hospital Regional de Tzompantepec.
Otro caso relevante se remonta al 20 de septiembre de 2021, cuando un adolescente hondureño con residencia por refugio en México escapó de un CAS estatal. Por este hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 25/2023, dirigida al Instituto Nacional de Migración (INM) y a autoridades de Chiapas, Puebla y Tlaxcala, incluida la directora general del Sedif, Flor de María López Hinojosa, por no garantizar una atención efectiva y oportuna. La CNDH concluyó que la evasión fue consecuencia de acciones tardías de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Ppnnat).
Un día antes de ese hecho, el 19 de septiembre de 2021, otros cinco menores de edad migrantes, originarios de Honduras y El Salvador, se evadieron de un albergue estatal. No fue sino hasta el 21 de septiembre cuando se activaron las alertas Amber y se abrió la carpeta de investigación correspondiente.
Dos detenidos… sin claridad
En agosto de 2024, la Segob reconoció que dos empleados del Albergue de Migrantes no Acompañados, también en Santa Cruz Tlaxcala, fueron cesados y denunciados penalmente por “presunta conducta delictiva”. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes emitió un comunicado en el que informó sobre una orden de aprehensión ejecutada, pero hasta ahora no se conocen detalles sobre el delito ni la conexión con los casos de fuga antes mencionados.
Silencio institucional
Desde el primer caso registrado en septiembre de 2021, el gobierno de Lorena Cuéllar ha optado por el silencio institucional. Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHT) prometió entonces actuar conforme a la ley, pero a casi cuatro años de distancia su presidenta Jakqueline Ordóñez Brasdefer no ha informado públicamente qué ha hecho al respecto.
Mientras tanto, los centros de resguardo operados por el DIF estatal siguen acumulando incidentes graves que exponen no sólo a niñas, niños y adolescentes migrantes, sino también a los propios funcionarios por posibles omisiones que podrían traducirse en responsabilidades administrativas o penales.
Todo esto ocurre bajo la administración del Sedif encabezado de manera honorífica por Mariana Espinosa de los Monteros, hija de la gobernadora, quien tampoco ha emitido posicionamientos públicos sobre la situación de los albergues. La crisis, sin embargo, ya no puede seguir ocultándose.
