Durante sesión extraordinaria del Congreso local, la diputada Blanca Águila Lima
manifestó su firme rechazo a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado aprobada este día, al considerar que la centralización del acceso a la
información pública en una sola dependencia gubernamental vulnera la transparencia, la
rendición de cuentas y los derechos humanos de las y los tlaxcaltecas.
Durante su posicionamiento en tribuna, Águila Lima alertó que, con la modificación, el
derecho constitucional de acceso a la información quedará bajo control de la Secretaría
Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que representa un alto riesgo de que el Ejecutivo se
convierta en “juez y parte”, con la posibilidad de reservar información incómoda para la
imagen institucional.
La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en
Tlaxcala (PRDT), sostuvo que esta reforma desmantela los contrapesos institucionales
que por años se construyeron desde la sociedad para evitar abusos de poder, debilitando
la autonomía que debe caracterizar a los órganos garantes de transparencia.
Asimismo, destacó que centralizar no garantiza eficiencia, sino que fomenta el control y la
discrecionalidad, abriendo la puerta a la opacidad y a que la entrega de información
dependa de la voluntad política o del gobierno en turno y no del mandato de la ley.
“Un órgano autónomo no es una simple oficina administrativa. Es un vigilante ciudadano
que debe estar libre de intereses políticos o partidistas”, enfatizó.
La diputada local subrayó que, al colocar la información pública y la protección de datos
personales bajo el mando directo del Ejecutivo, se abre la puerta a la opacidad, la
discrecionalidad y el uso indebido de datos sensibles de la ciudadanía. “La transparencia
es un pilar de la democracia. Sin información libre y veraz, la rendición de cuentas se
debilita y se favorece el control político”, agregó.
Recordó que la desaparición de órganos garantes como el IAIP en Tlaxcala y el INAI a
nivel nacional conlleva el riesgo de generar una disminución sustancial en las respuestas
a solicitudes de información y un incremento de casos de opacidad gubernamental.
Águila Lima llamó a las y los legisladores a reflexionar antes de aprobar una medida que
condiciona derechos fundamentales, pues no se trata, dijo, de una postura contra un
gobierno o una secretaría, “sino de una defensa del derecho de todas y todos a vivir en un
Estado donde la información pública sea realmente pública y donde los datos personales
estén protegidos sin intereses políticos de por medio”.
Finalmente, expresó su preocupación por el futuro de la protección de datos personales
de la sociedad tlaxcalteca, los cuales quedarán bajo resguardo de una dependencia
gubernamental con amplias facultades para decidir sobre su uso y resguardo.
