Involucran en presuntos ilícitos a los empresarios que le vendieron diez camionetas blindadas al gobierno de Lorena Cuéllar. Dice vocero que se abrirá una investigación en caso de que haya denuncias formales.
Fabiola MÁRQUEZ/ La polémica por la compra de camionetas blindadas en el Gobierno de Lorena Cuéllar vuelve a sacudir la escena política de Tlaxcala. Esta vez, los reflectores apuntan hacia los empresarios detrás de la operación: Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol y Ernesto Mizrahi Haiat, nombres ligados a presuntos casos de corrupción, abusos y procesos judiciales de alto impacto en México.
El vocero del gobierno, Antonio Martínez, aseguró que todas las adquisiciones pasan por un proceso de revisión que contempla requisitos previos: que las empresas cuenten con historial crediticio limpio, que no enfrenten denuncias de carácter civil, penal o familiar y que estén legalmente constituidas.
“Si hubiese o se presentara una denuncia en contra de alguno de esos personajes, el gobierno tendría que tomar consecuencias y abrir una investigación al respecto”, señaló.
De acuerdo con una investigación del periodista Ricardo Sevilla, difundida en el programa Sin Máscaras que conduce Manuel Pedrero en Los Reporteros MX, el Gobierno estatal habría adquirido los vehículos blindados a la empresa EPEL S.A. de C.V., propiedad de Margolis Sobol.
El empresario ha sido señalado por presunto lavado de dinero y corrupción, además de sus vínculos en el caso Israel Vallarta–Florence Cassez y su cercanía con Genaro García Luna. Su socio, Mizrahi Haiat, figura en la misma compañía con antecedentes de acusaciones por violación.
La contradicción es evidente. Cuando Lorena Cuéllar asumió el cargo, prometió gobernar con el lema de la Cuarta Transformación: “no robar, no mentir, no traicionar”. Sin embargo, a cuatro años de su mandato, su administración terminó destinando 56 millones de pesos a la compra de al menos 10 camionetas blindadas tipo Suburban, algunas asignadas incluso a familiares y funcionarios cercanos.
Una práctica que el propio Andrés Manuel López Obrador —su líder político— llegó a reprobar públicamente.
Lo más preocupante es la opacidad. El reportaje reveló que la información oficial sobre la adquisición fue reservada hasta el año 2030, impidiendo a la ciudadanía conocer con claridad los contratos y montos ejercidos.
La falta de transparencia y el perfil de los empresarios involucrados le pueden generar una crisis de reputación para el gobierno estatal, luego que la opacidad ha reinado desde que se dio a conocer la adquisición de 10 camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country por un monto de 56 millones de pesos, mediante compra directa sin licitación pública. La empresa beneficiada fue EPEL S.A. de C.V.