Fabiola MÁRQUEZ/ La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Yamili Flores Lozano, fijó postura durante la sesión del Congreso local al emitir su voto a favor, en lo general, del dictamen que reforma la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala.
Flores Lozano destacó que la reforma constituye un avance al fortalecer la coordinación entre policías estatales y municipales mediante el mando único, además de armonizar la legislación local con la Constitución Federal y normativas en materia de protección a mujeres, menores de edad y comunidades indígenas. Sin embargo, advirtió que la aprobación de nuevas reglas carecerá de sentido si no se garantiza la voluntad política y los recursos suficientes para su implementación.
La diputada subrayó que su voto a favor no es un “cheque en blanco”, sino un respaldo para perfeccionar el diseño institucional de la seguridad pública en Tlaxcala. Llamó al Ejecutivo estatal a garantizar que las reformas se traduzcan en hechos, con recursos, programas efectivos y funcionarios de probada honestidad.
“Si no existen los recursos ni la voluntad política, la ley será letra muerta y la población tlaxcalteca seguirá sufriendo las consecuencias”,.
La legisladora expuso una serie de prevenciones:
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Voluntad política insuficiente: señaló que de nada servirá el nuevo marco si no se transforma en programas serios para combatir la delincuencia, pues la ciudadanía sigue percibiendo altos niveles de inseguridad, pese a las cifras oficiales.
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Carga financiera a municipios: calificó como irreal el mandato de contar con un policía por cada mil habitantes, ya que la mayoría de los ayuntamientos apenas cubren nómina y servicios básicos. Incluso con la reforma, Tlaxcala no alcanzaría el promedio nacional en presencia policial.
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Nuevas corporaciones policiales: advirtió que la creación de figuras como Policía de Inteligencia, Procesal, Industrial o Bancaria podría fragmentar a las instituciones, generar duplicidad de funciones y carecer de recursos para su capacitación.
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Mesas de Paz sin resultados: criticó que estas instancias se han convertido en ejercicios de retórica política sin acciones concretas, lo que mantiene a la ciudadanía desconfiada.
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Servicio Profesional de Carrera Policial: consideró necesario robustecerlo, pero cuestionó la falta de controles de confianza efectivos y recordó que en el actual sexenio han pasado siete secretarios de seguridad sin resultados visibles.
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Riesgo de corrupción en seguridad privada: alertó que, aunque se endurece la regulación, dejar en manos del Ejecutivo la autorización de permisos abre la puerta a favoritismos y negocios ligados al poder.
VOTO A FAVOR EN LO GENERAL, DE LA DIPUTADA LAURA YAMILI FLORES LOZANO, RESPECTO AL DICTAMEN QUE CONTIENE LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
COMPAÑERAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS:
El Dictamen que se nos presenta por el que se reforma la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, constituye un avance para la coordinación y operación de las instituciones policiales estatal y municipales a través del mando único y, al mismo tiempo, integrarse y coordinarse con el diseño de una política de seguridad pública a nivel nacional.
En este sentido, se trata de una reforma que armoniza la función policial municipal y estatal con las recientes reformas a la Constitución Federal y a las diversas leyes en materia de seguridad pública, así como con los mandatos constitucionales y jurisprudenciales sobre la protección de los derechos de las mujeres y menores de edad, en cuanto a violencia de género y deudores alimentarios, lo mismo que a la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
En este orden, se trata de una reforma que estructura de mejor manera a la policía estatal y, en su caso, a las municipales, exigiendo cuerpos de seguridad pública desprovistos de personas generadoras de violencia hacia las mujeres o con deudas sobre pensiones alimenticias y, al mismo tiempo, establece exigencias sobre la capacidad técnica y humanística de las personas que integran los cuerpos policiacos.
En términos técnicos, la reforma representa un avance sustantivo hacia un modelo de seguridad preventivo, profesional y participativo, pero su éxito dependerá de la capacidad institucional y presupuestal para implementarla plenamente.
En este sentido, hago las siguientes prevenciones, las cuales surgen de la forma en que la propia reforma está instrumentada:
La primera es la voluntad política para llevar a cabo un programa serio e institucional que se circunscriba a lo que dispone la ley y a las reformas que hoy se nos presentan en el dictamen. De nada sirve que se aprueben nuevas reglas que tienden a perfeccionar las estrategias de seguridad pública, si no existe en términos reales, la disposición política para llevarlas a la práctica y, aún más, para diseñar a partir de las normas y de la práctica cotidiana, nuevos programas y acciones que prevengan y combatan la delincuencia. La credibilidad de los gobiernos federal y locales está actualmente en duda dada la incidencia delictiva y donde los gobiernos presentan cifras que, según ellos, los delitos tienden a la baja pero que, día con día, todos los medios de comunicación reportan la comisión de delitos de alto impacto y, al mismo tiempo, la percepción ciudadana sigue siendo de temor por su vida, por su integridad personal y la de sus familias, y por perder sus bienes sin importar la condición social en la que se ubiquen.
En segundo lugar, aunada a esa voluntad para prevenir y combatir a la delincuencia, está la carga financiera para los municipios, pues la obligación de contar con un policía por cada mil habitantes, es un mandato que desconoce la realidad económica de los municipios tlaxcaltecas, ya que, la mayoría de los ayuntamientos apenas logran cubrir nómina y servicios básicos para la operatividad de los exiguos cuerpos policiacos; de aquí que, imponerles esta carga sin acompañarla de recursos adicionales suficientes, los condena al incumplimiento o, si este Congreso lo permite, al endeudamiento. Para que exista eficacia y eficiencia en el desempeño de los municipios para brindar seguridad pública, se requieren de recursos que permitan tener un número suficiente de elementos, con la capacidad técnica necesaria para ello, desde el uso de herramientas tecnológicas hasta el uso de armamento y vehículos adecuados para ello.
Es un mandato centralista que no respeta plenamente la autonomía ni la realidad financiera de los municipios. Contar con un policía por cada mil habitantes, suena como un avance, pero la realidad es que la cifra está muy por debajo de los estándares internacionales. Así, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, recomienda al menos 300 policías por cada 100 mil habitantes, es decir, 3 por cada mil habitantes. Mientras tanto, el promedio nacional en México se ubica alrededor de 1.7 policías por cada mil habitantes, y Tlaxcala, con esta reforma, apenas alcanzaría 1 policía por cada mil, esto es, actualmente, ni siquiera llegamos a 1 policía por cada mil habitantes y, con la reforma, tampoco llegamos al promedio nacional, por lo que, a pesar de lo positivo de la reforma, no nos quieran vender esta meta de 1 policía por cada mil habitantes como un gran logro.
En tercer lugar, la propuesta de crear nuevas figuras policiales —Policía de Inteligencia, Procesal, de Custodia, Industrial y Bancaria, entre otras— puede sonar ambiciosa, pero en la práctica representa un riesgo de fragmentación institucional. Tlaxcala es un estado pequeño, con limitaciones presupuestales y de personal numeroso que por convicción quieran pertenecer a las corporaciones de policía. Diversificar cuerpos policiales sin un diagnóstico y sin una apuesta importante de dinero puede derivar en duplicidad de funciones, burocracia excesiva y, en el peor de los casos, en corporaciones sin recursos ni capacitación suficiente.
La estructura policiaca que se nos presenta tendrá que ir acompañada de una división del trabajo real, profesional, de tal manera que una y otra de sus vertientes, lejos de burocratizarse y duplicar funciones, se complementen en lo que debe ser la especialización de cada una de sus actividades y, al mismo tiempo, se coordinen en la instrumentación, tratamiento y procesamiento de cada caso.
El tercer punto, es la vaguedad de las Mesas de Paz, las cuales bien pudieron evitarse si tanto los gobiernos federal y estatal hubieran tenido un auténtico programa de seguridad pública que detuviera la delincuencia, la corrupción y la colusión entre servidores públicos y delincuentes. Estas Mesas de Paz son más de discurso que de acciones concretas, pues carecen de mecanismos vinculantes o, más bien, están a merced de que lo que ahí se diga o proponga, dependa de la voluntad política del gobierno para concretarlas. En la práctica, corren el riesgo de convertirse en espacios de retórica política y útiles solo para la foto del gobernante en turno, con cero resultados o, en el peor de los casos, con cifras engañosas y fuera de la realidad. Llevar estas Mesas de Paz a la ley, suena más a propaganda que a eficacia. Mientras no haya un programa y un combate frontal a la delincuencia, la ciudadanía común seguirá prefiriendo el linchamiento que el discurso.
De aquí que, hay que tener presente los datos más recientes del INEGI, los cuales ponen a Tlaxcala como el tercer estado con mayor número de víctimas de delitos (30 mil por cada 100 mil habitantes), solo por debajo del Estado de México y la Ciudad de México. Igualmente la percepción de inseguridad creció en enero de 2025, a más del 67% en Tlaxcala capital y a más del 57% a nivel estatal. Por ello, las Mesas de Paz, deben ser, en todo caso, instancias de información, de cooperación y de coordinación, sobre las acciones reales en contra de la delincuencia.
Un último punto, es el relativo al Servicio Profesional de Carrera Policial, el cual resulta necesario, pero el gobierno estatal no ha demostrado capacidad para implementar controles de confianza ni procesos de certificación, empezando por quien vaya a ser Secretario de Seguridad Pública, pues en Tlaxcala, al menos ya llevamos siete Secretarios en lo que va del sexenio y sin mayores resultados. Antes de prometer un modelo integral de profesionalización, debería garantizarse que los mecanismos actuales funcionen. De lo contrario, se corre el riesgo de crear leyes que en el papel son modernas, pero que en la práctica resultan letra muerta.
Finalmente, el tema de las corporaciones de seguridad privada, es una ventana enorme para la corrupción, porque a pesar de que exista una regulación más estricta sobre la seguridad privada, lo cual es positivo en teoría, sin embargo, sin la existencia de órganos de vigilancia autónomos, se tiene un alto riesgo de corrupción y de discrecionalidad, tanto para el otorgamiento de las autorizaciones para funcionar, como para otorgarlas con favoritismo sin que tengan la capacidad profesional para la función policial. Dejar en manos del Ejecutivo la autorización y cancelación de permisos, abre la puerta a favoritismos, a la opacidad y a la corrupción, espero no ver la creación de empresas express, donde aparecerán nombres de gente cercana al poder que recibirán jugosos contratos y, al mismo tiempo, se cancelarán los permisos de quienes no se alineen o no estén dispuestos a pagar diezmos y canonjías.
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS:
El voto a favor de esta diputación del Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala que represento, para concretar la reforma a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, no es un voto ciego ni un voto de confianza, es un voto para favorecer un mejor diseño que instrumente la seguridad pública en nuestro estado, a través del mejoramiento de la legislación de la materia, pero, a pesar de que en este Congreso del Estado aprobemos más y mejores leyes, si no existen los recursos suficientes para ello y si tampoco existe la voluntad política institucional del gobierno estatal para ello, la ley será letra muerta y la población tlaxcalteca seguirá sufriendo las consecuencias.
Hago un llamado a la titular del Poder Ejecutivo estatal para que cada norma que aquí se apruebe en beneficio de la vida y las propiedades de las y los tlaxcaltecas se instrumente y se cumpla con las herramientas y con los servidores públicos más eficientes y de probada honestidad.
Tlaxcala, septiembre 23, 2025.
Dip. Laura Yamili Flores Lozano.