En un país donde los escándalos por enriquecimiento ilícito y conflicto de interés han marcado la vida política de los estados, el desafío de Tlaxcala no radica en crear nuevos órganos, sino en garantizar que los ya existentes funcionen. Mientras el portal de la gobernadora siga sin actualizar su declaración de 2024, la confianza pública permanecerá suspendida, atrapada entre la promesa y la opacidad.
La opinión de México/// La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, ha construido su discurso político sobre una promesa inquebrantable: la transparencia. Desde el arranque de su administración, en agosto de 2021, ha reiterado que su gobierno sería “un modelo de apertura y rendición de cuentas”, impulsando incluso la creación del llamado Órgano de Transparencia para el Pueblo de Tlaxcala. Pero la retórica oficial no resiste el contraste con los hechos. En la práctica, acceder a su declaración patrimonial es un proceso casi imposible. Los enlaces públicos no funcionan, las versiones actualizadas desaparecen entre capas de burocracia digital y el único rastro verificable se encuentra en documentos históricos, donde sí es posible dimensionar la solidez de su patrimonio.
La declaración de situación patrimonial en modalidad de inicio, presentada el 29 de octubre de 2021, dos meses después de asumir la gubernatura, muestra un portafolio inmobiliario de diez propiedades, entre casas, departamentos y terrenos, todos a su nombre. La trayectoria de adquisiciones, que se extiende desde 1986 hasta 2018, ilustra una acumulación sostenida y diversificada:
El valor histórico total supera los $8.4 millones de pesos, aunque la cifra actualizada —considerando plusvalías y apreciaciones— podría ser muy superior. Destaca que tres de las propiedades fueron adquiridas por herencia en 2014, lo que incrementó sustancialmente su patrimonio justo en la antesala de su paso por el Congreso federal y su llegada posterior a la Delegación de Bienestar.
Además, la mandataria declaró un vehículo Volkswagen Caddy Maxy 2017, adquirido por $355,000 pesos, y un menaje de casa valuado en $2 millones de pesos. Es decir, un conjunto de bienes cuyo valor de adquisición histórico supera los $10 millones, sin contar los incrementos por mercado o mejoras.
En 2020, cuando fungía como delegada de la Secretaría del Bienestar, Lorena Cuéllar reportó ingresos netos por $1,143,631 pesos anuales, de los cuales $1,062,031correspondieron a sueldos y prestaciones como servidora pública, y $81,600 a arrendamientos inmobiliarios. El documento confirma la existencia de una relación comercial con la empresa “Servicios Tlaxcala S.A.”, de la que obtenía ganancias mensuales cercanas a $81,600 pesos por concepto de renta de inmuebles.
Al asumir el cargo como gobernadora, declaró una remuneración mensual neta de $84,000 pesos, sin especificar ajustes posteriores. Esta dualidad entre ingreso público y renta privada sugiere que el flujo económico de Cuéllar no depende exclusivamente del erario, sino que mantiene una base patrimonial activa, capaz de sostener ganancias paralelas a la función pública.
Transparencia en entredicho
El contraste surge cuando se intenta verificar la información. Aunque el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la obligación de presentar y publicar las declaraciones patrimoniales, la información de la mandataria es difícilmente accesible. En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las ligas de descarga no funcionan y el portal estatal carece de versiones públicas recientes. El último registro localizable corresponde a su declaración inicial de 2021, lo que impide conocer la evolución de su fortuna durante el ejercicio 2023-2024.
El vacío informativo contradice el discurso oficial. En 2022, Cuéllar anunció con bombo y platillo la creación del “Órgano de Transparencia para el Pueblo de Tlaxcala”, un organismo que prometía ser “referente nacional” en rendición de cuentas. No obstante, a tres años de su instalación, el sitio web del organismo carece de informes públicos, datos patrimoniales actualizados y mecanismos efectivos de seguimiento ciudadano.
El problema no es menor. La opacidad en las declaraciones de los gobernadores tiene implicaciones directas en el control democrático. En el caso de Cuéllar, el ocultamiento técnico —a través de plataformas obsoletas o ligas rotas— equivale a una negación de facto del derecho ciudadano a saber. Expertos en transparencia consultados coinciden en que “la inaccesibilidad funcional es una nueva forma de ocultamiento”, pues basta con que los portales sean inoperantes para desactivar la fiscalización pública.
Un espejo del poder patrimonial en Tlaxcala
El patrimonio de Cuéllar no solo refleja la estabilidad económica de una funcionaria de larga trayectoria, sino también el proceso mediante el cual el poder político tlaxcalteca se reproduce a través del patrimonio familiar. Las herencias de 2014, por ejemplo, se dan en un contexto en el que la entonces diputada federal fortalecía su estructura política con miras a la sucesión estatal. La coincidencia temporal sugiere que el crecimiento patrimonial acompañó el ascenso político.
En paralelo, la gobernadora ha insistido en que “en Tlaxcala no hay lugar para la corrupción”. Pero el acceso restringido a su información patrimonial erosiona el argumento. De nada sirve declarar la existencia de un “Órgano de Transparencia” si el ciudadano promedio no puede verificar cuánto gana, cuánto tiene o cómo ha evolucionado su fortuna quien encabeza el gobierno.
En su último discurso ante el Congreso local, Cuéllar afirmó: “He cumplido con la ley y con el pueblo en cada peso que manejo”. Sin embargo, la imposibilidad de contrastar ese cumplimiento convierte la frase en una declaración de fe más que en un acto de rendición de cuentas.
La paradoja del acceso
La paradoja tlaxcalteca es evidente: un gobierno que se autodenomina transparente, pero que exige al ciudadano comportarse como investigador para obtener datos básicos. Las declaraciones patrimoniales no son documentos de fe, sino piezas fundamentales del control democrático. El caso de Lorena Cuéllar expone la brecha entre el discurso y la realidad de la transparencia mexicana: una transparencia que se proclama con fuerza, pero se practica con reticencia.
En un país donde los escándalos por enriquecimiento ilícito y conflicto de interés han marcado la vida política de los estados, el desafío de Tlaxcala no radica en crear nuevos órganos, sino en garantizar que los ya existentes funcionen. Mientras el portal de la gobernadora siga sin actualizar su declaración de 2024, la confianza pública permanecerá suspendida, atrapada entre la promesa y la opacidad.
Porque en Tlaxcala, la transparencia —al menos por ahora— sigue siendo más un lema de campaña que una política de gobierno.
La nota íntegra la puede encontrar en: https://laopiniondemexico.mx/gobernadora-de-tlaxcala-se-enriquece/