Por Susana Fernández
Columna – 26 de noviembre de 2025
El campo mexicano está al límite.
Los campesinos no solo enfrentan la inseguridad en las carreteras —donde, denuncian, cada día asesinan a decenas por robarles camiones y mercancías—, también cargan con un modelo económico que los condena a perder dinero por producir alimentos.
Por cada tonelada de maíz, muchos pierden alrededor de mil pesos. A cambio, algunos gobiernos estatales ofrecen “apoyos” de 150 pesos por tonelada, casi como una burla. Y mientras tanto, pocos se preguntan qué pasará cuando las nuevas generaciones ya no quieran sembrar.
Los jóvenes ya no ven el campo como un proyecto de vida: es una actividad pesada, mal pagada, sin certezas. Prefieren buscar un título universitario y evitar el desgaste que vivieron sus padres y abuelos. Pero esas generaciones campesinas se están extinguiendo, y con ellas se va también una tradición centenaria: la del maíz como corazón de nuestra cultura.
No quiero imaginar a México sin maíz… sin tortillas en la mesa.
Tlaxcala podría dar un paso al frente. Lorena Cuéllar bien podría recuperar parte de su popularidad si se atreviera a impulsar un precio de maíz verdaderamente justo, acorde al costo real de producción. Hoy, en cambio, tenemos un campo paralizado, carreteras bloqueadas y la amenaza de que los bloqueos sigan.
También es tiempo de que Claudia Sheinbaum asuma plenamente el costo político de gobernar. No se puede seguir recortando donde más duele para compensar gastos absurdos heredados del sexenio de López Obrador. Ya basta de donaciones y gestos “solidarios” hacia otros países mientras aquí el campo truena.
¿De verdad no alcanza con lo que ya está presupuestado?
¿Por qué no empezar por bajar los sueldos de diputados, senadores y de esos “de siempre” que todos conocemos, como Adán Augusto, o revisar a fondo las fortunas de los hijos de López Obrador, de Noroña y compañía? A estas alturas ni pudor tienen: no les incomoda exhibir sus riquezas frente al famoso “pueblo bueno”.
TLAXCALITA LA BELLA, HERIDAS ABIERTAS
El paro nacional convocado por el sector agrícola y transportista se siente fuerte en Tlaxcala. Este lunes se bloquearon puntos clave en Nanacamilpa, Calpulalpan, Tlaxco y Cuapiaxtla, además del Arco Norte a la altura de Nanacamilpa.
Aunque el movimiento se mantiene pacífico y con presencia de la Guardia Nacional, un representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano denunció amenazas por parte del estado. Aun así, insistió en que no van a detener la lucha porque se trata, dijo, de un tema de sobrevivencia para el campo.
Aclararon que no están pidiendo subsidios, sino precios justos para los granos básicos. Señalan la enorme brecha entre lo que se paga al productor y lo que el consumidor final desembolsa en la tienda.
Quien gana, aseguran, no es el campesino, sino el industrial. Por eso sostienen que el aumento en la canasta básica no tiene justificación real.
Los bloqueos llegaron después de múltiples mesas de diálogo fallidas. Los manifestantes denuncian que no ha habido voluntad política ni humana para resolver el conflicto. Y mientras tanto, recomiendan a la población extremar precauciones y evitar, en la medida de lo posible, las rutas afectadas.
El pliego petitorio es amplio:
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Política comercial: excluir los granos básicos de las reglas del T-MEC para evitar que la importación de grano barato termine de quebrar al productor nacional.
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Seguridad en carreteras: la ANTAC se suma para denunciar el robo de tráileres y la extorsión en vías federales.
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Regulación del agua: rechazo a una nueva Ley de Aguas Nacionales que consideran represiva en materia de concesiones.
El paro nacional sigue indefinido. El mensaje es claro: el campo ya no aguanta más.
NOTA ROJA: VIOLENCIA SIN PAUSA
La violencia en Tlaxcala y la región se sigue documentando caso por caso, pero ya se percibe como un hilo continuo.
En San Isidro Buen Suceso, San Pablo del Monte, un ataque armado dentro de un inmueble señalado como posible “picadero” dejó tres hombres sin vida y dos personas heridas, entre ellas una mujer invidente. Los hechos se registraron la noche del lunes.
El lugar —en la calle Las Flores— ya estaba identificado como foco rojo. Según el reporte, al menos dos sujetos llegaron y dispararon directamente contra quienes se encontraban adentro. Paramédicos confirmaron la muerte de tres hombres; las otras dos personas fueron trasladadas al hospital. La Fiscalía investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas ligado al narcomenudeo.
Ese mismo clima de inseguridad se respira en las carreteras. Un microbús de ATAH fue asaltado en la ruta Huamantla–Apizaco. Dos hombres armados despojaron a los pasajeros de dinero, celulares y objetos personales. El chofer fue obligado a seguir su ruta hasta Apizaco, donde finalmente pudieron pedir ayuda a las autoridades.
En Contla, un joven de 17 años fue asaltado en la calle 20 de Febrero, Sección Primera La Frontera. Dos sujetos lo amenazaron con un cuchillo para quitarle su motocicleta, su casco y su celular. Otro caso más que se suma a la larga lista de robos con violencia.
Y en los límites de Papalotla con Tenancingo, fue localizado el cuerpo de un hombre encobijado, con huellas de violencia y manos atadas, a un costado de la Vía Corta. Los automovilistas dieron aviso al notar el cuerpo entre la maleza. La Fiscalía mantiene hermetismo sobre el caso, mientras se trata de identificar a la víctima y su posible vínculo con la delincuencia organizada.
Imparables los asesinatos. Imposible que la ciudadanía no sienta miedo.
¿PARA QUIÉN TRABAJA EL BLOQUE NEGRO?
Desde hace por lo menos once años, la inteligencia civil y la Secretaría de la Defensa Nacional saben de la existencia de al menos 18 grupos anarquistas, siete de ellos catalogados como “violentos y radicales”. Saben quiénes son, dónde operan y de qué actos han sido responsables.
Entonces la pregunta es inevitable:
¿Por qué no van por ellos?
¿Será que si los detienen ya no habrá nadie que haga el “trabajo sucio” cuando convenga?
Use el sentido común… y probablemente llegue a la misma respuesta.
No sería extraño que, así como Estados Unidos presume tener ubicadas las casas de los grandes capos de la droga, también tenga bien localizados los círculos donde se mueven estos grupos.
DE DULCE, DE CHILE Y DE MANTECA
Sigue presente un tema: el famoso “bloque negro” y su papel en las manifestaciones más recientes.
Carlos Loret de Mola plantea algo que muchos piensan: la presidenta insiste en que los delitos van a la baja, pero la gente siente exactamente lo contrario.
Sheinbaum repite en la mañanera que los homicidios han bajado 37% y que la incidencia delictiva disminuyó 46%. Sin embargo, los datos oficiales del INEGI muestran que la percepción de inseguridad ha subido. La gente tiene más miedo hoy que hace un año.
Hay, al menos, tres factores que explican esa ruptura entre discurso oficial y realidad cotidiana:
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Desaparecidos que no cuentan en el discurso.
Las desapariciones han aumentado alrededor de 20% en esta administración. Octubre fue el mes con más personas desaparecidas en la historia reciente. Si no se habla del tema, si se omite el dato y se “oculta” bajo la alfombra, es lógico sospechar que muchos homicidios se están disfrazando de desapariciones. -
Asesinatos de alto impacto.
Casos como el del alcalde de Uruapan, que pidió ayuda y terminó asesinado; colaboradores cercanos a gobiernos de Morena ejecutados a plena luz del día; matanzas en bares y restaurantes; escuelas donde niños practican pecho-tierra. Todo esto pesa enormemente en la percepción ciudadana. -
Discursos contra el crimen… pero tolerancia a ciertos aliados.
¿Cómo creer que se combate al crimen organizado con seriedad, si no se toca a figuras de alto perfil dentro del propio movimiento?
— Ahí sigue Adán Augusto López, pese a los señalamientos.
— Se mantiene intocable a personajes vinculados con redes de huachicol, lavado o pactos con cárteles.
— Se toleran escándalos de riqueza inexplicable mientras se habla de “austeridad republicana”.
No se trata de pedir que se investigue a López Obrador —sabemos que eso no va a ocurrir—, pero sí de que se tome un caso, uno solo, y se lleve hasta las últimas consecuencias. Eso enviaría una señal clara de que, al menos en un expediente, no habrá impunidad.
La ciudadanía, dicen las encuestas, aprecia a la presidenta, pero no le cree del todo. Y sin confianza, no hay estrategia de seguridad que funcione.
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