La Bestia Política

Tlaxcala Propone tipificar el abuso sexual como delito grave

Mariana LOVERA// En respuesta al aumento de la violencia sexual contra las mujeres, la diputada de Morena, Lorena Ruíz García, presentó una iniciativa para reformar los artículos 290 y 291 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, con el objetivo de tipificar el abuso sexual como delito grave, incluso cuando no exista intención de llegar a una relación íntima.

La iniciativa busca sancionar con penas de 3 a 7 años de prisión y multas equivalentes a 200-500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización a quienes realicen actos de naturaleza sexual sin consentimiento, como tocamientos, caricias, exhibicionismo o obligar a la víctima a presenciar o realizar actos sexuales. En casos donde se utilice violencia física o moral, la pena podría incrementarse hasta en una mitad.

Además, se establece que el delito será perseguido de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, lo que facilitará su investigación y sanción.

La exposición de motivos destaca que el abuso sexual es una forma de violencia que afecta profundamente la integridad física y emocional de las mujeres, niñas y adolescentes. De acuerdo con la ENDIREH 2021, 42.2% de las mujeres tlaxcaltecas ha experimentado algún tipo de violencia sexual, mientras que a nivel nacional, la cifra alcanza el 49.7%.

La diputada Ruíz García señaló que la falta de un tipo penal claro ha generado impunidad, revictimización y dificultades procesales, lo que obliga a una actualización legislativa alineada con instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La reforma busca:

· Fortalecer el marco jurídico estatal.
· Garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
· Enviar un mensaje de cero tolerancia hacia la violencia sexual.
· Promover una respuesta institucional integral con perspectiva de género.

La iniciativa establece que la Fiscalía General del Estado deberá adecuar su normatividad en un plazo máximo de 60 días para aplicar de inmediato la persecución de oficio del delito.