Los casos de la familia Morales en el IMSS de Tlaxcala y del “Doc” Juan Bernardo en el Instituto Nacional de Cancerología, (INCan) en la Ciudad de México no son anécdotas aisladas. Son los síntomas de una enfermedad terminal que carcome el sistema de salud nacional: la combinación letal de la negligencia burocrática y la violencia institucional, agravada por una ceguera presupuestal que prefiere maquillar la realidad en lugar de curarla.
El relato de la familia Morales es una crónica de la humillación. No fueron desalojados por alterar el orden, sino por cuestionarlo. Su «falta» fue exigir una respuesta tras cinco meses de espera para una cirugía de próstata y tener la osadía de presentar pruebas de sus consultas. La reacción de la directora Karla Mendiola no fue la de una servidora pública, sino la de una funcionaria déspota con bata blanca. Gritar «¡seguridad!» y desplegar guardias con macanas ante una familia, incluidos dos adultos mayores, no es un protocolo; es una combinación de impotencia y autoritarismo.
Este caso no es solo sobre la mala atención; es sobre el trauma infligido. El shock que sufrió el señor Morales, diabético, hasta necesitar estabilización en una clínica privada, es una consecuencia directa de la violencia institucional. Cuando un paciente teme más al maltrato en el hospital que a la enfermedad misma, el sistema ha quebrado su juramento más esencial: “no hacer daño”.
Mientras tanto, la historia del “Doc” Juan Bernardo, oriundo de Apizaco, expone la otra cara de la misma moneda: el abandono por falta de financiamiento. La cancelación de su cirugía contra el cáncer por «falta de insumos» no es un incidente fortuito. Es el resultado previsible de un Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 que, en lugar de fortalecer al ya de por sí frágil INCan, le aplica un castigo del 32%.
La pregunta que lanza el caso del “Doc” es demoledora: ¿de qué sirven los programas sociales y las becas si, cuando un ciudadano se enfrenta al cáncer, el Estado le dice «no hay»?
En Tlaxcala, se usa el expediente «en ceros» y la negativa a entregar documentos para invalidar al paciente. En el INCan, la cancelación por falta de insumos es la burocracia del desastre, donde el paciente se convierte en un número más en una lista de espera infinita.
La familia Morales sufrió una violencia activa, con empujones y amenazas. El “Doc” Juan Bernardo sufre una violencia pasiva, pero igual de cruel: la de ser dejado a su suerte,
Es imperativo que las exigencias de la familia Morales sean atendidas: destitución de los responsables, recuperación de expedientes y una investigación profunda. Pero eso solo curaría una herida superficial. La cirugía mayor—la que necesita el “Doc” Juan Bernardo y todo México—es un cambio radical de prioridades.
Se debe exigir a los diputados federales, especialmente a los de Tlaxcala, que rindan cuentas sobre su voto en el presupuesto 2026. Y se debe demandar al gobierno federal una rectificación histórica, así sin maquillaje y sin retoques: primero la salud.
La familia Morales y el “Doc” Juan Bernardo nos muestran la herida abierta. Ignorarlos no solo es una falta de empatía; es firmar la sentencia de un sistema que, en su crisis, nos está fallando a todos.