Por mayoría de votos, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó todo el sistema normativo que impedían acceder al aborto a niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar o sexual en el estado de Tlaxcala.
De esta forma, el máximo tribunal del país estableció que los derechos de salud y autonomía de las víctimas menores de edad en dicha entidad son de obligación general, eliminando así todas las barreras legales que existían para su acceso a servicios médicos.
La sentencia se dio a raíz de la acción de inconstitucionalidad (89/2024), promovida por el Poder Ejecutivo Federal a través de la cual demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 21 de marzo de 2024.
Las personas adultas mayores también experimentan violencia sexual en contextos de crisis humanitaria, y son las mujeres en este grupo de edad las más propensas a ser elegidas blanco por perpetradores armados. Además, las discapacidades agravan el riesgo de vivir este tipo de agresiones, de acuerdo con un estudio presentado durante los Días Científicos de Médicos sin Fronteras.
El análisis, conducido por la asesora en epidemiología Elburg van Boetzelaer, se basa en una retrospectiva de 2019 a 2024, a partir del creciente envejecimiento de poblaciones mayores en contextos de crisis humanitaria, así como la limitada evidencia sobre la prevalencia, patrones y tipos de violencia sexual contra personas adultas mayores, considerando a quienes superan los 50 años.
El objetivo fue detectar y describir las diferencias en las agresiones entre jóvenes adultos y adultos mayores, considerando también otras intersecciones, como el sexo, el estatus de desplazamiento, la discapacidad y la región. La información al respecto fue recolectada a través de los servicios de Médicos sin Fronteras en 11 países.
CON INFORMACIÓN DE: ANIMAL POLÍTICO