- Acudieron al Congreso del Estado para buscar apoyo legislativo tras cierres «repetitivos e injustificados» por parte de Coeprist, Profeco y Protección Civil.
Mariana LOVERA// Con visible desesperación y frustración, un grupo de empresarios de origen chino acudió este miércoles al Congreso del Estado para solicitar la intervención de los diputados ante lo que califican como un «acoso» sistemático por parte de dependencias estatales, que ha derivado en el cierre repetitivo de sus establecimientos comerciales.
A través de una traductora, los afectados relataron que dependencias como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coeprist), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Protección Civil han clausurado en múltiples ocasiones diversas tiendas, con multas que ascienden a 300 mil pesos como se demostró ayer en el establecimiento de Chiautempan.
«Si yo camino unos pasos hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, seguramente voy a encontrar productos de origen chino que no tienen las especificaciones que a nosotros nos están solicitando… Entonces creo que sí puede ser como un acoso donde no nos están permitiendo trabajar», expresó la trabajadora e intermediaria.
Los empresarios destacaron la contradicción de que las autoridades les otorguen licencias de funcionamiento y permisos, para después cerrar los negocios a los pocos días de reapertura. «No es posible que nos abran las tiendas después de un mes, mes y medio y después nos cierren a los dos días o día y medio», cuestionaron.
La crisis va más allá de las multas. Los dueños aseguran haber quedado sin recursos para pagar rentas, servicios básicos y, lo más alarmante, los salarios y las cuotas del IMSS de sus empleados.
La trabajadora cuantificó el potencial daño laboral: «Si son 10 empleados por tienda, pues por lo menos 120, y aparte el personal administrativo». En total, doce establecimientos de capital chino en Tlaxcala se encuentran bajo amenaza de cierre definitivo, lo que podría materializar la pérdida de más de 120 puestos de trabajo directos.
Además, denunciaron que durante los cierres han sido víctimas de robos, y que al intentar reportar los hechos a la Fiscalía se topan con retrasos y negativas que les impiden reclamar a sus seguros.
Ante la falta de respuesta de las dependencias involucradas y del Palacio de Gobierno, los empresarios dirigieron un enérgico llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
«Gobernadora, si nos está escuchando, simplemente queremos llegar a un acuerdo con usted… un convenio de trabajo», pidió» y sentenciaron «Si dicen ‘no son bienvenidos los chinos en Tlaxcala’, díganos, y nos iremos. Nos están cerrando las puertas para trabajar».
La situación plantea un reto para el gobierno estatal, que se promueve como abierto a la inversión y cercano a la gente. Los empresarios chinos, quienes aseguran operar de manera legal y pagar impuestos, exigen claridad: o se les permite operar con reglas definidas, o se les comunica formalmente que no son bienvenidos, para así poder retirar su capital de la entidad.
Mientras tanto, los inversionistas de origen asiático viven un «viacrucis», que mantiene en vilo la estabilidad laboral de más de un centenar de familias tlaxcaltecas.