- Fiscalía estatal recibe querella por delitos contra la economía de los trabajadores; «No es un error, es un esquema organizado», acusan los afectados.
Mariana LOVERA// Lo que la administración del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física (CRI-Escuela) de Tlaxcala intentó minimizar como un «error contable», la base trabajadora y sus asesores legales lo tipifican ahora como un posible delito de peculado y fraude procesado en agravio de más de 60 familias. Tras la revelación de retenciones ilegales que superan el 70% del salario, el caso escaló de una queja administrativa a una querella criminal formal presentada ante la Fiscalía General del Estado, así lo confirmó un reporte ciudadano que llegó a esta casa editorial.
La justificación del coordinador administrativo, José Iván N., de que «no es contador» y que «no revisó bien las cuentas», lejos de calmar los ánimos, fue el detonante para la acción legal. Los trabajadores, asesorados por el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Salud, consideran que dichas declaraciones constituyen una admisión de negligencia grave que derivó en un daño patrimonial cuantificable, tipificado en el Código Penal local.
La denuncia penal presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Servidores Públicos y Corrupción se sustenta en tres figuras jurídicas clave:
1. Peculado (Art. 223 del Código Penal de Tlaxcala): Por la apropiación ilegítima de los recursos públicos destinados al pazo de la nómina, al desviar fondos mediante retenciones ilegales masivas.
2. Abuso de Autoridad (Art. 214): Por la imposición arbitraria y sin sustento legal de descuentos por «inasistencias injustificadas», autorizadas por el director, con el fin de reducir el salario real.
3. Fraude Procesado en Agravio de los Trabajadores: Por la simulación de un cálculo de impuestos (ISR) que no se apega a las tablas oficiales del SAT, generando un perjuicio económico directo y masivo.
Una de las líneas de investigación más contundentes señaladas en la denuncia es el uso del nombre de la Lic. Mariana Espinosa de los Monteros, presidenta del patronato. Los trabajadores tienen evidencia de que la administración les informó que las retenciones brutales se hicieron «bajo indicación de la presidenta».
«Exigimos a la fiscalía que cite a declarar a la Lic. Espinosa de los Monteros para que aclare si dio esa orden», señaló una de las trabajadoras damnificadas. «Si ella no lo autorizó, entonces también es víctima de una suplantación con fines delictivos».
Ante la gravedad de los hechos, las exigencias de los trabajadores se han ampliado:
1. Solicitud formal para una auditoría urgente de toda la nómina del CRI-Escuela en los últimos tres años.
2. Petición de medidas cautelares a la Secretaría del Trabajo para garantizar la estabilidad laboral de los denunciantes.
3. Exhorto a la fiscalía para que, dada la contundencia de la evidencia (comprobantes de nómina con las retenciones), el proceso avance con celeridad hacia la determinación de responsabilidades penales.
La Fiscalía General del Estado tiene ahora la pelota en su campo. La respuesta que dé a esta querella será un termómetro claro sobre la impunidad o la justicia en los manejos de los recursos públicos y el salario de los trabajadores tlaxcaltecas.