- Afectados relatan presuntas prácticas corruptas, incluyendo peticiones de dinero y suspensiones arbitrarias que los llevan a la quiebra; involucran a familiar de la titular.
Mariana LOVERA// Comerciantes y pequeños empresarios de diversos giros y municipios de Tlaxcala han levantado la voz para denunciar una serie de presuntos abusos de autoridad, hostigamiento y extorsión por parte de personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIST), dependencia del gobierno estatal.
Los testimonios, recabados por el equipo de 385 Grados, pintan un panorama desolador: negocios suspendidos por infracciones menores, peticiones de dinero para evitar clausuras o agilizar reaperturas, y un proceso administrativo que, según los afectados, es lento, opaco y les está llevando a la ruina, con la consecuente pérdida de empleos formales.
Los relatos de presunta extorsión son los más graves. Perla N. (nombre ficticio), propietaria de una pequeña tienda de abarrotes en Chiautempan, narró cómo, tras una inspección donde se encontró un frasco de insulina de su madre (quien padece diabetes), los verificadores le dieron un ultimátum: «Es la suspensión o llegamos a un arreglo». Ese «arreglo» fue de siete mil pesos. «Me dice: ‘Va a pasar una persona en el transcurso de la tarde a recoger'», relató.
Un restaurantero, quien pidió resguardar su identidad, aseguró que le pidieron cuarenta mil pesos para reabrir su establecimiento, clausrado desde hace meses. «¿Lo están extorsionando, entonces, por parte de COEPRIST?», se le preguntó. «Sí, están pidiendo dinero, claro», respondió. Aclaró que el contacto no fue con personal directo de la dependencia, sino con un «externo» que se identificó como familiar de la titular de COEPRIST. «Pues sí, con su hermano», confirmó.
Otros casos destacan lo que califican como desproporción en las medidas. Delia N., (nombre ficticio) de 19 años, vio su spa, ubicado entre Apizaco y Yauquemehcan, suspendido por no exhibir toallas sanitizantes y gel antibacterial, a pesar de contar con lavabos, jabón y toda la señalización requerida. Lleva dos meses cerrado, sin poder costear sus estudios, y sigue pagando renta y servicios.
«Realmente, si trabajamos es porque lo necesitamos… No podemos estar que no voy a abrir o que sí voy a abrir o: ‘Ay, les doy dinero'», expresó con frustración.
El propietario de un bar en Apizaco relató el calvario burocrático tras una clausura por supuestamente operar fuera de horario, a pesar de que el local estaba cerrado al público. Tras aceptar la multa, le informaron que el proceso para levantar los sellos tomaría tres semanas.
«¿A mí no me perdonan la renta, la luz. ¿Mis empleados qué van a comer?… ¿De dónde saco un chef de la noche a la mañana?… ¿Qué tiempo voy a llevar [para capacitarlos]?», cuestionó, señalando la falta de sentido común de unas reglas que, afirma, ahuyentan la inversión y destruyen empleos.
El sector de las tiendas de autoservicio, popularmente conocidas como «tiendas chinas», también reporta afectaciones. Denuncian suspensiones en 12 establecimientos de Tlaxcala, Chiautempan y Apizaco por observaciones absurdas (falta de papel de baño, etiquetado) que, según ellos, pudieron subsanarse sin necesidad de cierre, especialmente en temporada alta como el Buen Fin.
Una tienda en Chiautempan, Mercasia, fue suspendida previo al Buen Fin, multada inicialmente con 300 mil pesos (que negoció a 150 mil), reabrió el 14 de diciembre y fue clausurada de nuevo día y medio después. Se estima que se han perdido más de cien empleos en este sector.
A la crisis se suma la delincuencia. Dueños de la tienda ubicada en la ex plaza Soriana Mercado, en Tlaxcala, denuncian que, aprovechando la suspensión, ladrones han entrado por la azotea en al menos cinco ocasiones para robar mercancía, sin que la Fiscalía General del Estado, pese a las denuncias, haya intervenido.
Ante esta situación, los comerciantes se han organizado a través de una red en WhatsApp para buscar ser escuchados por el Gobierno del Estado. Su petición es unánime: poder trabajar sin acoso, sin abusos y sin extorsiones.
Dirigen un llamado urgente a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para que intervenga y revise el actuar de COEPRIST, una dependencia que, en teoría, debe velar por la salud pública, pero que, según estas múltiples denuncias, se ha convertido en un instrumento de presión y presunta corrupción que está quebrando a los pequeños y medianos empresarios.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la gubernatura o de la titular de COEPRIST sobre estas acusaciones.
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