El verdadero termómetro de un gobierno no está en sus discursos, sino en la salud de su economía más básica: la de los pequeños comercios y negocios que dan sustento a miles de familias. En Tlaxcala, ese termómetro marca fiebre alta, y el diagnóstico apunta a una infección grave de abuso de poder y presunta corrupción al interior de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIST).
Los testimonios recogidos por el Portal 385 grados no son simples quejas administrativas; son gritos de auxilio de un sector al borde del abismo. Pintan un cuadro donde la dependencia creada para proteger a la ciudadanía se ha transformado, en la práctica, en una máquina de extorsión y hostigamiento que opera con impunidad. El patrón es repetitivo y escalofriante: inspecciones que derivan en amenazas veladas o descaradas, suspensiones por infracciones menores o discutibles, y la siempre presente «solución» extraoficial: un «arreglo» económico para evitar o levantar una clausura.
Los casos son elocuentes. Desde la dueña de una tienda de abarrotes extorsionada con 7,000 pesos por un frasco de insulina que pertenecía a su madre, hasta el restaurantero al que le piden 40,000 a través de un «externo» que se jacta de sus conexiones familiares con la titular de COEPRIST, la línea entre la regulación y el crimen organizado se difumina peligrosamente. No es solo corrupción; es una red de chantaje institucionalizado que se alimenta de la vulnerabilidad de quienes menos pueden defenderse, se lo digo así, sin maquillaje y sin retoques.
Pero el daño va más allá de la extorsión. La desproporción en las medidas es absurda y cruel. ¿Cómo se justifica suspender por meses un spa porque, a pesar de tener lavabos y jabón, le faltaba gel antibacterial en exhibición? ¿Qué sentido común hay en un proceso burocrático de semanas para levantar sellos, mientras el dueño sigue pagando renta, luz y ve cómo sus empleados se quedan sin ingresos? Esta burocracia no protege la salud pública; la lastima, al destruir empleos formales, ahuyentar la inversión y sumir a familias en la incertidumbre.
El sector de las llamadas «tiendas chinas» ilustra el impacto económico colectivo: más de cien empleos perdidos y negocios clausurados y reabiertos caprichosamente, en lo que parece más un acoso sistemático que una labor de vigilancia. Y como si la presión oficial fuera poca, la delincuencia común huele la sangre en el agua, robando impunemente en negocios suspendidos, ante la inacción de otras autoridades como la Fiscalía.
El silencio de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y de la titular de COEPRIST, Mónica Yasmín Jiménez Gutiérrez, ante estas graves acusaciones es ensordecedor y cómplice. El mensaje que emite es que o no le importa la ruina de sus gobernados, o carece del poder (o la voluntad) para controlar a su propia administración. Cuando los verificadores actúan como cobradores de plaza y se citan «arreglos» en nombre de familiares de funcionarios, la corrupción ha echado raíces profundas.
La petición de los comerciantes es simple y justa: poder trabajar sin acoso, sin abusos y sin extorsiones. Es el mínimo que debe garantizar un estado de derecho.
La COEPRIST debe volver a su misión original: proteger la salud, no asfixiar la economía. De lo contrario, Tlaxcala no tendrá que preocuparse solo por riesgos sanitarios, sino por la enfermedad mucho más grave de la impunidad y la arbitrariedad, que termina por enfermar a toda la sociedad. Los pequeños empresarios son el corazón económico del estado. No se puede dejar que un órgano del mismo gobierno los deje sangrar hasta la quiebra.