Mariana LOVERA// En un caso que ha encendido las alertas sobre la libertad de prensa y el uso selectivo del sistema penal, el periodista Rafael “Lafita” León, detenido desde el 24 de diciembre, denunció una persecución directa por parte de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos. “Ya saben lo que fabrica la Fiscalía… esta fiscal me odia”, afirmó el comunicador a su salida de la audiencia, donde se debate su situación legal.
Durante la audiencia ante el juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, José Guadalupe Nucamendi, la defensa del periodista expuso irregularidades procesales que, a su juicio, evidencian una instrumentalización facciosa del aparato de justicia. Los abogados señalaron que las acusaciones se sustentan en una carpeta de investigación de 2023 que permaneció “congelada” por más de dos años, y que fue reactivada de manera selectiva el pasado 10 de diciembre, tras la apertura de una nueva indagatoria en su contra.
“No se le acusa por cometer delitos, sino por ejercer el periodismo”, sostuvo la defensa, subrayando que la reapertura del caso coincide con la cobertura informativa crítica realizada por León.
El periodista enfrenta cargos de alto impacto: terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. Su equipo legal insiste en que estas imputaciones carecen de sustento jurídico y constituyen un intento de silenciar voces críticas mediante la estigmatización penal y la creación de un clima de miedo.
La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos, a cargo de Karla Díaz Hermosillo, es la instancia responsable de la investigación. La dependencia enfrenta ahora cuestionamientos públicos por la aparente criminalización del trabajo periodístico y el empleo de figuras penales extremas, usualmente reservadas para delincuencia organizada, contra un comunicador.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado que el caso de “Lafita” León se inscribe en un patrón de hostigamiento judicial contra periodistas en la región, utilizando el sistema penal como herramienta de represalia.
La audiencia para definir su situación jurídica continuará este martes, en una sesión crucial que pondrá a prueba la independencia judicial y el compromiso del Estado con la protección de quienes ejercen el periodismo. La resolución será vigilada de cerca por la sociedad civil y la comunidad periodística nacional e internacional.