- «Meto las manos al fuego por mi personal»: Yazmín Jiménez,
- En entrevista con 385°, la comisionada estatal niega prácticas corruptas, aborda señalamientos contra su hermano y asegura que los procesos de suspensión de negocios se rigen estrictamente por la ley.
Mariana LOVERA// La titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (COEPRIST), Yazmín Jiménez Gutiérrez, se pronunció sobre las acusaciones públicas de presuntas extorsiones por parte de verificadores, defendió la legalidad de las clausuras y abordó los señalamientos que vinculan a un familiar suyo con solicitudes de dinero. En una entrevista con Constanza Guarneros del portal 385°, Jiménez fue enfática: “Sí puedo meter las manos al fuego por todos mis verificadores”.
La entrevista se dio en respuesta a un reportaje previo donde comerciantes de diversos sectores denunciaron supuestas prácticas de acoso y solicitudes de “moches” para evitar o levantar clausuras. Jiménez desmintió categóricamente estas acusaciones dentro de su administración actual.
Frente a las acusaciones de que personal de COEPRIST solicita dinero a comerciantes, la funcionaria respondió: “Ahorita sí puedo decir que ninguno de los verificadores que tengo están incurriendo en algún acto de corrupción”. Aseguró que, de haber pruebas, los afectados deben presentar denuncias formales ante la Fiscalía o la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Jiménez destacó las medidas implementadas para transparentar el proceso: todos los verificadores acuden a sus visitas con videocámaras con claves de acceso restringido, y se cuenta con una bitácora de registro. “Si alguien le pidió dinero, que presente la denuncia, sea quien sea”, insistió.
Respecto a las quejas sobre tiempos prolongados para reabrir negocios suspendidos, la comisionada explicó que el proceso administrativo es legal y no discrecional. “Lo máximo que puede ser suspendido son tres meses”, aclaró, pero el tiempo depende de la prontitud con la que los comerciantes corrijan las irregularidades sanitarias.
Negó que las suspensiones sean arbitrarias o inmediatas. “Los establecimientos que llegan a una suspensión serán el 10% de las verificaciones”, afirmó, subrayando que solo se actúa ante riesgos graves para la salud, como infestación de plagas, alimentos caducos o falta de higiene extrema.
Jiménez también se refirió específicamente a las polémicas suspensiones de tiendas de productos chinos, atribuyéndolas a quejas sanitarias recurrentes, especialmente por la venta de cosméticos sin el etiquetado en español y el registro sanitario de COFEPRIS correspondiente, no a una “cacería”.
Uno de los puntos más delicados fue abordar la denuncia de un comerciante que afirmó haber sido canalizado con un hermano de la comisionada para solicitarle dinero. “Yo tengo dos hermanos… eso obviamente no es verdad”, declaró Jiménez.
Hizo un llamado público: “Yo puedo decir que si alguno de mis familiares o alguna persona está ocupando mi nombre o la comisión para pedir dinero, vayan directamente a la Función Pública o a la Fiscalía”. Aseguró no defender a nadie, “aunque se trate de quien sea”.
Ante la pregunta directa sobre si estaría dispuesta a renunciar si se comprueban actos de corrupción a su cargo, respondió sin vacilar: “Ah, claro. Me demuestran que yo estoy pidiendo [dinero], por supuesto”. Afirmó tener la “conciencia muy tranquila” y se mostró orgullosa de los cambios en la institución, como la reciente certificación ISO 9000.
Para prevenir abusos y facilitar el cumplimiento, Jiménez presentó la nueva plataforma digital de COEPRIST, que incluye:
· Fotografías de todos los verificadores oficiales para evitar impostores.
· Trámites en línea.
· Un módulo de “actas de autoverificación”, donde los comerciantes pueden, de manera gratuita, revisar los lineamientos y autoevaluar su establecimiento para cumplir con los requisitos sanitarios.
La titular finalizó reiterando su disposición al diálogo y su compromiso con la salud pública, invitando a los comerciantes a acercarse a la comisión mediante cita previa para atender sus casos, pero siempre dentro del marco legal establecido.