- Errores procesales, falta de asesoría jurídica especializada y omisiones de las autoridades estatales han dejado en riesgo la impartición de justicia para una joven víctima.
Mariana LOVERA// Un caso judicial en Tlaxcala, que involucra la presunta violación de una adolescente por parte de la expareja de su madre, se ha convertido en un laberinto de errores procesales, omisiones y aparente indolencia institucional, dejando en vilo el derecho a la justicia de la víctima y poniendo en riesgo la continuidad del proceso penal.
De acuerdo con los documentos del expediente judicial, tras la denuncia interpuesta en 2022 y la vinculación a proceso del presunto agresor, el Ministerio Público incumplió con su obligación fundamental: formular la acusación dentro del plazo legal. Esta omisión grave desencadenó una serie de resoluciones contradictorias sobre el sobreseimiento (archivo) del caso, las cuales han sido revocadas y restablecidas en múltiples ocasiones a través de juicios de amparo promovidos por la defensa del imputado.
Uno de los puntos críticos ha sido la falta de una asesoría jurídica coadyuvante especializada para la víctima, quien es menor de edad. Aunque la ley exige este apoyo reforzado para garantizar sus derechos, no fue designado a tiempo. Como consecuencia, la víctima no pudo ser notificada ni impugnar oportunamente las resoluciones que buscaban archivar el caso, violándose así su derecho a una defensa técnica efectiva.
Pese a una orden judicial reciente que exige la designación inmediata de dicho asesor, la víctima y su representación legal se enfrentan a un escenario donde el presunto agresor podría quedar en libertad sin ser juzgado, debido a lo que se califica como un «error técnico» de la Fiscalía.
Ante la desprotección y las reiteradas fallas por parte de las instituciones locales —la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala—, la búsqueda de justicia ha trascendido el ámbito estatal.
Fuentes cercanas al caso confirmaron que, ante la inoperancia y las posibles omisiones que rayan en la negligencia, la defensa de la víctima y organizaciones de la sociedad civil que la apoyan han iniciado gestiones para llevar el caso ante la Senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, buscando su intervención y respaldo político.
El objetivo es que impulsen las gestiones necesarias para:
1. Exigir la correcta y expedita aplicación de la justicia en este caso.
2. Vigilar que se garantice plenamente el derecho de la víctima a una asesoría jurídica especializada y a un proceso penal libre de vicios.
3. Promover una revisión de los protocolos de actuación de las instituciones tlaxcaltecas en casos de violencia sexual contra adolescentes, para evitar que estos hechos se repitan.
El caso ha visibilizado cómo, pese a los discursos públicos, las adolescentes víctimas de violencia sexual en Tlaxcala enfrentan un sistema que a menudo les falla, dejándolas en una situación de extrema vulnerabilidad.