En Tlaxcala, el problema de las grúas no es nuevo, pero sí lo es la evidencia de una simulación gubernamental cada vez más evidente. El Reglamento de los Servicios Auxiliares de Arrastre, Arrastre y Salvamento fue presentado como la solución definitiva a los abusos que por años han padecido los automovilistas; sin embargo, hoy queda claro que el documento existe solo para justificar discursos oficiales, no para transformar la realidad.
En un evento público, al entregar concesiones para los servicios de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, se aseguró con bombos y platillos que “se acabaron los abusos hacia la ciudadanía”. La frase quedó bien para la foto; los hechos la desmienten todos los días en la calle y las víctimas que tienen la mala suerte de ser particípes de un accidente vehicular, y acaban pagando cifras millonarias.
El ordenamiento es contundente: asigna a la Secretaría de Movilidad y Transporte la responsabilidad de regular el servicio, establecer tarifas máximas, vigilar su cumplimiento y sancionar a los concesionarios que incurran en excesos; por lo que, no hay margen para interpretaciones laxas. Aun así, la experiencia diaria demuestra que el reglamento no se aplica, no se supervisa y, peor aún, se ignora deliberadamente.
El Gobierno estatal ha preferido la comodidad de la inacción. No hay operativos de inspección visibles, no existen sanciones ejemplares y el ciudadano sigue enfrentando cobros desproporcionados sin un mecanismo real de defensa. Esta omisión no es casual: protege a los concesionarios y deja en total indefensión a la población, que termina pagando cantidades arbitrarias para recuperar su patrimonio.
Pero este esquema no podría sostenerse sin la participación activa de las corporaciones de seguridad. Las policías estatales y municipales, lejos de fungir como garantes del orden legal, operan en muchos casos como engranes del negocio. Son ellas quienes solicitan el servicio de grúa, toleran cobros fuera de tarifa y presionan al ciudadano bajo la amenaza implícita de no liberar su vehículo.
Llamar a esto “fallas administrativas” sería minimizar el problema. Cuando una autoridad permite o facilita un cobro ilegal, incurre en una forma de colusión que viola el derecho a la movilidad en condiciones de legalidad y seguridad, pues el uniforme no legitima el abuso; lo agrava.
Las autoridades municipales tampoco pueden escudarse en la ignorancia. El propio Reglamento las obliga a actuar conforme a la legalidad y a proteger al ciudadano y su exceso de pasividad las convierte en cómplices silenciosos de un sistema que utiliza la “seguridad vial” como pretexto para el abuso económico.
Y si desmenuzamos el mencionado Reglamento, podemos darnos cuenta de que, no es deficiente; por el contrario es claro, detallado y reconoce derechos para los usuarios. El verdadero problema es político: la falta de voluntad del gobierno estatal para aplicarlo; en lugar de incomodar a los concesionarios, se ha optado por normalizar el abuso y sostener una narrativa de regulación que no se refleja en la práctica.
En Tlaxcala, la conclusión es incómoda pero inevitable: la ley está publicada, pero no gobierna. Gobierna la omisión, la tolerancia al abuso y la simulación institucional. Mientras el gobierno estatal y las autoridades municipales no asuman su responsabilidad de manera efectiva, el Reglamento seguirá siendo letra muerta.
Porque cuando un gobierno presume que ya reguló, pero permite que el abuso continúe, el problema deja de ser el concesionario. El problema es el poder público que decide no aplicar su propia ley.
¿Hasta cuándo se mantendrá esta pasividad institucional?
Por cierto,¿se atreverá la diputada morenista, Madai Pérez Carrillo, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Congreso del Estado a lanzar un exhorto a quienes han fallado.
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LA CAMINERA…Abusos…En la Secretaría de Movilidad y Transporte se han observado prácticas laborales que no contrastan con el discurso institucional vigente. De acuerdo con testimonios reiterados y coincidentes del personal, se registran jornadas laborales extendidas que inician alrededor de las 8:00 horas y se prolongan hasta altas horas de la noche, en ocasiones después de las 21:00 horas, por instrucciones directas de superiores jerárquicos, sin que exista un esquema formal de compensación, respeto a horarios establecidos o condiciones adecuadas de trabajo.
A ello se suma el incumplimiento de la normativa laboral de los servidores públicos, la cual reconoce el derecho a dos periodos vacacionales anuales de quince días naturales. En esta dependencia, únicamente se otorgan cinco días, no consecutivos, lo que evidencia un claro abuso de poder y una relación de sumisión impuesta a los empleados, quienes se quedan callados.
Por si fuera poco, se han advertido inconsistencias en la asignación de cargos de mando, particularmente en áreas operativas como Licencias, Capacitación e Infracciones, donde algunas personas que desempeñan funciones de responsabilidad no acreditarían el título profesional requerido para el cargo, sin que hasta el momento se tenga registro de medidas correctivas.
Asimismo, se ha señalado que en determinadas Delegaciones se han realizado designaciones de personas titulares sin contar con formación profesional afín, incluso con base en experiencias o habilidades ajenas al perfil exigido, lo que refuerza la necesidad de revisar los criterios de nombramiento y apego a los perfiles de puesto establecidos.
Hechos como estos reflejan una Secretaría marcada por abusos, irregularidades y falta de ética, donde los derechos laborales y la legalidad parecen ser lo menos prioritario.
Ya hasta le dicen la “borracha” a la SMyT porque siempre está tomada.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS…En el círculo del lorenismo ya se habla de traición. Versiones apuntan a que el secretario de Educación, Homero Meneses, no respaldaría el proyecto del delfín político de Lorena Cuéllar y que, en cambio, habría pactado con la senadora Ana Lilia Rivera. Si es así, Meneses no está obligado a seguir líneas ni liderazgos, o quizá al alcalde capitalino no le alcanzó el convencimiento. Hoy, más que nunca, resuena la frase de Héctor Ortiz: “En todos los partidos hay traiciones”. Falta ver qué responde Homero Meneses.