En Tlaxcala, la opacidad no siempre se esconde en grandes escándalos; a veces vuela bajo, pero constante. El uso de los helicópteros y del helipuerto propiedad del Gobierno del Estado es hoy uno de los ejemplos más claros de cómo el poder evade la rendición de cuentas cuando le resulta incómoda.
El helicóptero no es un lujo privado, ni un recurso discrecional: es un bien público, adquirido y mantenido con dinero de todas y todos los tlaxcaltecas. Por tanto, su uso debería ser transparente, documentado y verificable. Sin embargo, cuando se solicitó —vía la Plataforma Nacional de Transparencia— la bitácora de vuelos del helipuerto, la respuesta fue una muralla de silencios y evasivas.
Se pidió la información a la Secretaría de Movilidad y Transporte, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Gobierno. Ninguna proporcionó las bitácoras. Peor aún: ninguna fue capaz de señalar con claridad qué dependencia es la responsable de generarlas y resguardarlas. Cada una se deslindó, como si volaran solos.
Y esto resulta especialmente preocupante porque la normativa interna de la Secretaría de Movilidad es clara. Ahí se establece que le corresponde administrar y operar el helipuerto del Gobierno del Estado, autorizar la operación de helipuertos privados, y recibir y generar el reporte mensual del tráfico de vuelos, informando incluso a la autoridad federal correspondiente. Es decir, Movilidad no solo tiene competencia: tiene obligaciones expresas.
La excusa oficial ha sido que el uso del helipuerto corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en términos de quién utiliza el helicóptero— no exime a la Secretaría de Movilidad de conocer, registrar y reportar el uso del inmueble público que administra. La operatividad del helipuerto no desaparece porque otra dependencia suba o baje del helicóptero. Alguien despega, alguien aterriza, alguien autoriza, alguien registra… o al menos debería hacerlo.
La pregunta es inevitable: ¿por qué no existen —o no se quieren mostrar— las bitácoras de vuelo? ¿A quién protege esa opacidad? Y es esa opacidad la que genera preguntas inevitables. Si existen bitácoras, ¿por qué no se entregan? Y si no existen, ¿por qué no se generan, cuando la normativa lo ordena?
Estas dudas no surgen en el vacío. En Tlaxcala ha sido reiteradamente señalado que el helicóptero ha servido para traslados ajenos al interés público, para atenciones personales de quienes gozan de cercanía con el poder.
Mientras tanto, las verdaderas urgencias parecen quedar en segundo plano. Basta recordar el incendio de Altzayanca: una emergencia ambiental de enormes proporciones, miles de hectáreas devastadas y una reacción tardía en la que los recursos aéreos del Estado no se utilizaron con la prontitud, ni la prioridad que la situación exigía.
Esta cadena de evasiones no es casual. Es un síntoma de un gobierno que confunde lo público con lo propio, que administra recursos como si fueran favores, y que olvida que la transparencia no es una concesión: es una obligación constitucional.
Muchos tlaxcaltecas exigen saber en qué se usa el helicóptero y quién lo usa. Demandan bitácoras, reportes, responsables claros. Porque cuando un gobierno no puede —o no quiere— explicar cómo utiliza un recurso público, el problema no es el helicóptero: el problema es el poder sin control.
Y ese, a diferencia de cualquier aeronave, sí debería aterrizar de inmediato.
Ojalá la gobernadora tome cartas en el asunto y jale las orejas a sus funcionarios que solo van a tratar de jugar beisbol con los reporteros en las mañaneras chiquitas, y solo divagan cuando se les pregunta.
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LA CAMINERA…Táctica fallida….Más allá de que la senadora Ana Lilia Rivera, una de las aspirantes fuertes de Morena a la candidatura al gobierno de Tlaxcala, intente encuadrar la polémica como una “campaña negra” o una guerra sucia en su contra, resulta evidente que calificar de “estúpidos” a quienes le preguntan qué ha hecho por Tlaxcala constituye un error político y un comentario desatinado.
“Cuando me dicen en estos días: ¿qué ha hecho la senadora?, con perdón de la palabra, lo primero que me pregunto es: ¿y quién es el estúpido que lo pregunta? Porque si lo pregunta un ciudadano, yo he informado como nadie, he caminado entregando el informe a los pueblos, a las casas. Pero no es el pueblo el que lo pregunta, son medios en redes sociales. En el anonimato, buscan campañas que, utilizando la desinformación de muchos, denigren y demeriten el logro que con mucho esfuerzo hemos hecho legisladores que acompañamos este proceso de transformación…”, fueron sus palabras.
Quejarse es válido, pero escudarse posteriormente en que se trató de una distorsión mediática, sin reconocer el exceso, representa un desacierto mayor. La crítica ciudadana —provenga de redes sociales, medios de comunicación o personas plenamente identificables— no se invalida por el canal desde el cual se formula. Descalificarla de origen solo profundiza la percepción de intolerancia frente al cuestionamiento.
El problema no es la existencia de señalamientos, sino la reacción frente a ellos. Cuando una figura pública responde con insultos, el mensaje que queda no es de fortaleza política, sino de incapacidad para asumir errores. Y en política, negar la equivocación suele pesar más que el error mismo.
A menos que todo haya sido una estrategia diseñada por sus asesores de comunicación para colocarla deliberadamente en la polémica —algo innecesario cuando se afirma que va arriba en las encuestas—, el episodio confirma una táctica fallida.
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AHORA SÍ, LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS...Miedo…El asalto a un chofer de combi prácticamente frente a la Fiscalía y a unos metros del C5i exhibe, sin matices, el nivel de impunidad que se vive en Tlaxcala. Sujetos armados operaron con calma, simularon ser pasajeros, robaron la unidad y privaron de la libertad al conductor, quien fue abandonado maniatado en Apetatitlán, sin que ninguna autoridad lograra reaccionar a tiempo.
El caso no es aislado: se repite el mismo modus operandi en menos de 48 horas, confirmando que el transporte público se ha convertido en blanco fácil, incluso en zonas que se suponen altamente vigiladas. Cuando el delito ocurre frente a las instituciones encargadas de la seguridad y aun así no hay detenidos ni resultados, el mensaje es demoledor: la delincuencia ya no se esconde, actúa a la vista de todos.
Ahora, solo falta que la directora de la policia capitalina salga a decir que el chofer entregó su pertenencias por su propia voluntad a los delincuentes. «Me recargo en la pared».