Ayer, en el Congreso de Tlaxcala, asistimos a un espectáculo que, bajo el frío ropaje de la formalidad legislativa, consagró una práctica que pudre los cimientos de la democracia: la transmisión hereditaria del poder. Con la unánime complicidad de 18 legisladores, Silvano Garay Ulloa “cedió” su curul, y quien tomó posesión no fue un ciudadano electo por emergencia, sino su propio hijo, Silvano Garay Loredo.
El procedimiento, nos dicen, es impecable. La licencia indefinida está prevista, llamar al suplente es obligatorio. El joven Garay Loredo lo repite como un mantra: “Se está cumpliendo la ley”. Y técnicamente, puede que tenga razón. Ahí reside precisamente el núcleo del problema: la utilización de un marco legal, diseñado para garantizar la continuidad institucional, para blindar y perpetuar el nepotismo.
Porque este no es un caso aislado. Es la punta del iceberg de un sistema político tlaxcalteca enfermo, donde los apellidos se convierten en marcas registradas de feudos políticos. El estado, lamentablemente, es un catálogo de dinastías donde el poder no se debate en las ideas, se traspasa en la sangre. El PT, en este episodio, no es una excepción; es un ejemplo más de una regla no escrita pero férreamente aplicada: el cargo es un patrimonio familiar.
La argumentación del nuevo diputado es tan cínica como reveladora. Apela al orgullo filial (“¿Qué hijo no está orgulloso de su padre?”) para enmarcar un acto de clara concentración de influencia. Confunde lo legítimo (el amor familiar) con lo ilegítimo (la herencia de un cargo de representación popular). Un escaño no es una herencia, como una finca o un apellido. Es un mandato temporal y revocable conferido por la soberanía popular, no por la consanguinidad.
Más allá de la anécdota de los Garay, este hecho simboliza la captura de las instituciones por grupos familiares que las vacían de su esencia. La política deja de ser un espacio de competencia por proyectos para convertirse en un mecanismo de sucesión. Se cierra el círculo: los mismos apellidos, los mismos grupos, el mismo poder, rotando entre primos, hermanos, hijos, cuñados. La “continuidad de labores” de la que hablan no es la de un programa de gobierno, sino la de un apellido en el padrón de beneficiarios.
El PT en Tlaxcala puede llamarse “pueblo”, como afirma Garay Loredo, pero sus acciones hablan más claro: cuando la oportunidad surge, elige al hijo del propietario. La “apertura” que pregona suena hueca cuando la puerta se abre primero y con preferencia para los de casa.
La pregunta final y que los legisladores evaden, es crucial: ¿Es esto ético? La legalidad no es sinónimo de legitimidad. Un acto puede estar dentro de un reglamento y ser, al mismo tiempo, un atentado contra la equidad, la meritocracia y la sana competencia democrática. Lo ocurrido ayer no fortalece la “integridad de la Legislatura”, como alega el acuerdo. La debilita, al mostrar que sus escaños pueden convertirse en bienes intransferibles de una familia.
Tlaxcala merece más. Merece una política donde los apellidos no sean un requisito en la boleta, donde las curules se ganen con trabajo y propuestas, no se hereden por conveniencia. Mientras los partidos, todos, sancionen estas prácticas con su silencio o su voto unánime, la democracia tlaxcalteca seguirá siendo, sólo de nombre, un gobierno del pueblo. Porque en los hechos, parece ser un gobierno de unas cuantas familias, hoy el PT tiene apellido y es “Garay”. Se lo digo así, sin retoques ni maquillaje.