Fabián HERNÁNDEZ/ Tlaxcala/ Miembros de los partidos de la coalición Unidos por Tlaxcala» afirmaron que la embestida del coordinador de Lorena Cuéllar, Sergio González Hernández donde acusa de la utilización de programas sociales en plena elección, solo reflejan su desesperación por la caída de su candidata en las encuestas y presienten su derrota.
Señalaron que la evidencia fotográfica que Sergio González Hernández, coordinador de campaña de la candidata de la coalición «Juntos Haremos Historia», Lorena Cuéllar Cisneros, presentó para anunciar supuestas violaciones a la ley electoral, por parte del gobierno estatal, corresponde a las últimas entregas de apoyos sociales efectuadas antes del inicio de la veda electoral.
Por su parte, fuentes consultadas cercanas a la administración local, indicaron que, en el caso de los apoyos asistenciales del DIF Estatal y del programa Supérate, que todos los programas del estado se suspendieron antes de iniciar la campaña, por lo que las fotos que filtró el ex panista a la prensa son de semanas anteriores y unìcamente la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) entregó algunos apoyos, al amparo de la tesis LXXXVIII/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Según González Hernández, el equipo jurídico de la coalición «Juntos Haremos Historia» presentó una serie de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por la presunta manipulación de programas sociales con fines electorales.
Cabe recordar que la Sala Superior del TEPJF determinó que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, a fin de evitar poner en riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales.
Por ello, las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.
Sin embargo, en principio, “no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad”.