Una maestra y la directora inyectaron sin autorización a un menor, según la acusación de la familia. Los padres han interpuesto denuncias ante Fiscalía y Secretaría de Educación.
Mariana LOVERA// Ante medios de comunicación, padres de familia denunciaron públicamente una serie de negligencias y malos tratos sufridos a un menor de 9 años, en una escuela ubicada en Apetatitlán.
Los hechos, según su relato, ocurrieron el pasado martes, cuando el menor presentó un fuerte dolor estómago durante la jornada escolar. En lugar de notificar de inmediato a los padres, como marca cualquier protocolo de seguridad, la maestra del niño y la directora del plantel, lo llevaron a la dirección y procedieron a inyectarlo sin autorización alguna.
“Nunca me llamaron. Ni la secretaria, ni la maestra, ni la directora”, declaró la madre del niño. “Supe por un mensaje de mi hija mayor, que también estudia ahí. Cuando llegué al instituto y pregunté, la maestra me dijo: ‘Sí, le di un piquetito’”.
La indignación de los padres se agravó al conocer los detalles. La maestra primero afirmó haber usado “una jeringa de insulina”, para después rectificar y sugerir que solo le había pinchado “como una llamada de atención”, alegando que no creyó la molestia del niño.
“Me dijo: ‘normalmente yo hago eso’”, relató la mamá. “¿De dónde sacó la jeringa? ¿Quién se la trajo? No hay enfermería, no hay médico en la escuela. Actuaron con mala fe. Mi hijo me contó que lo acorralaron en la dirección, que le dijeron que ya nos habían llamado (lo cual era falso) y que le bajaron el pantalón para ponerle la inyección”.
Los padres aseguraron tener las fotografías de un pequeño orificio en la piel del niño, quien confirmó haber sentido el pinchazo. Esta acción, denuncian, constituye una grave violación a los derechos humanos e integridad física del menor, quien ahora presenta miedo y rechazo a asistir a la escuela.
El padre de familia añadió que esta no es la primera vez que su hijo sufre maltrato por parte de la docente, de quien afirma que “siempre hubo comparaciones con otros menores” y un trato desfavorable.
“El problema del bullying ya no solo es entre compañeros; ahora nos tenemos que proteger de los profesores”, señaló.
La situación escaló cuando, según los denunciantes, el esposo de la maestra se presentó en el lugar de manera “amenazadora”, tras lo cual la directora intentó contactarlos para “minimizar la situación”.
Ante la gravedad de los hechos, la familia ya interpuso denuncia formal ante la Fiscalía del Estado y presentó una queja ante la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, instituciones que, aseguran, les han brindado apoyo y asesoría.
“Pedimos una investigación a fondo. Se tomaron atribuciones que no les competen. No son médicas, no tenían autorización, y violaron los derechos de mi hijo”, exigió la madre. “Queremos alertar a otros padres de esta institución, porque esto podría estar pasando o podría pasar con otros alumnos”.
- CEDH emite medidas cautelares
Ante la denuncia pública interpuesta por los padres de familia por presuntos actos que vulneraron la integridad, salud y dignidad de un menor en una institución educativa particular de Apetatitlán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT) emitió un pronunciamiento y determinó medidas cautelares dirigidas a la SEPE-USET.
La CEDHT expresó su preocupación y subrayó que, de confirmarse los hechos, se trataría de graves transgresiones a los derechos de niñas y niños. Enfatizó que el interés superior de la niñez debe guiar toda actuación en planteles educativos, y consideró inadmisibles prácticas como la aplicación de procedimientos médicos sin consentimiento informado, la ausencia de personal de salud o la falta de notificación oportuna a las familias.
Por ello, la Comisión inició una investigación y ordenó a la SEPE-USET realizar una investigación exhaustiva, imparcial y con enfoque de derechos sobre lo ocurrido en la escuela privada involucrada. Asimismo, le solicitó determinar responsabilidades, adoptar medidas inmediatas de protección, verificar el cumplimiento de protocolos de atención y primeros auxilios, y prevenir hechos similares mientras se esclarece la situación.
La CEDHT reconoció que las familias ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del estado, lo cual consideró fundamental para el caso. Reiteró la necesidad de que toda investigación se realice sin revictimización, garantizando confidencialidad, escucha especializada y acompañamiento psicosocial para el niño afectado.
Finalmente, subrayó que las escuelas deben ser espacios seguros y libres de violencia, por lo que llamó a reforzar las acciones preventivas, la capacitación del personal y la coordinación institucional para la protección efectiva de las infancias en Tlaxcala.