Juan Rosario Camacho
Cesar Antonio Garces Cariño
Resumen: El cambio climático constituye uno de los mayores retos globales del siglo XXI, debido a sus impactos profundos sobre los ecosistemas, la biodiversidad, la salud humana y el desarrollo socioeconómico. La evidencia científica demuestra que el aumento de la temperatura media global está estrechamente vinculado a las actividades humanas, particularmente a la emisión de gases de efecto invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles y la deforestación.
Este artículo analiza el cambio climático desde una perspectiva científica, jurídica y política, abordando sus causas, consecuencias y las principales respuestas institucionales de la comunidad internacional. Asimismo, se examinan las estrategias de mitigación adoptadas por distintos Estados y se analiza el papel de México en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se concluye que, si bien existen avances relevantes, la magnitud de la crisis climática exige acciones más ambiciosas, coordinadas y sostenidas.
El cambio climático ha pasado de ser un debate científico a convertirse en una de las principales amenazas para la estabilidad ambiental, económica y social del planeta. El incremento sostenido de la temperatura global, la intensificación de fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida acelerada de biodiversidad y la alteración de los ciclos naturales evidencian una crisis ambiental de alcance sin precedentes.
En menos de un siglo, desde el inicio de la Revolución Industrial, la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1 °C con respecto a los niveles preindustriales, un incremento acelerado que no puede explicarse únicamente por la variabilidad natural del clima.
Las consecuencias del cambio climático no se limitan a los ecosistemas naturales, sino que también tienen un impacto directo en la salud humana y el desarrollo socioeconómico. Entre los riesgos más significativos se encuentran: problemas de salud, inseguridad alimentaria, escasez de agua, aumento de las sequías y la propagación de enfermedades como la malaria y el dengue. Además, estos impactos ambientales generarían costos importantes, tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarnos a sus efectos.
Este fenómeno ha sido ampliamente documentado por la comunidad científica internacional y es atribuido, de manera predominante, a las actividades humanas.
La gravedad del problema ha impulsado la creación de marcos normativos e institucionales a nivel internacional, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. No obstante, pese a estos esfuerzos, las emisiones globales continúan aumentando, lo que pone en duda la suficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora.
Este artículo tiene como objetivo analizar el cambio climático desde una perspectiva integral, abordando sus fundamentos conceptuales, sus impactos ambientales y sociales, así como las respuestas internacionales y nacionales orientadas a su mitigación, con especial énfasis en la experiencia y los desafíos de México.
El cambio climático hace alusión a las modificaciones significativas y persistentes en los patrones climáticos, particularmente en la temperatura y las precipitaciones, observadas durante períodos prolongados. De acuerdo con Magaña Rueda, el clima depende de un gran número de factores que interactúan de manera compleja […] cuando un parámetro meteorológico como la precipitación o la temperatura sale de su valor medio de muchos años, se habla de una anomalía climática ocasionada por forzamientos internos, como inestabilidades en la atmósfera y/o el océano; o por forzamientos externos, como puede ser algún cambio en la intensidad de la radiación solar recibida.
De acuerdo a lo que señala UNICEF, el cambio climático se refiere al incremento sostenido y acelerado de la temperatura media global y a los cambios en los patrones climáticos debido a la emisión y acumulación excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera, provocados por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas.
Aunado a lo anterior, tenemos que la variación en la composición de la atmósfera terrestre puede tener múltiples causas. Además de fenómenos naturales como erupciones volcánicas e incendios forestales, las actividades humanas han incrementado significativamente la concentración de gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y los óxidos de nitrógeno (NO₂).
Estas emisiones provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, el transporte, la industria y la agricultura intensiva. La contaminación atmosférica tiene graves consecuencias para la salud humana, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. También provoca daños en el medio ambiente, como la acidificación de la lluvia, el deterioro de la calidad del agua y la pérdida de biodiversidad.
Desde el punto de vista jurídico, el cambio climático se encuentra definido en el artículo 2, fracción IV, de la Ley General de Cambio Climático como la “variación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables”.
Esta definición refleja el consenso entre la ciencia y el derecho respecto a la responsabilidad humana en la alteración del sistema climático. A pesar de que la humanidad ha demostrado una notable capacidad de adaptación, transformando el entorno para satisfacer sus necesidades y garantizar la supervivencia, los límites de esta flexibilidad no son infinitos.
Si la presión sobre los ecosistemas continúa aumentando, la vida tal como la conocemos podría enfrentarse a condiciones extremas, y las estrategias de adaptación requeridas deberán ser igualmente extremas y radicales para poder sostenerse frente a los impactos crecientes del cambio climático.
El aumento de la temperatura global ha desencadenado una serie de impactos ambientales de gran magnitud. Entre los más visibles se encuentran el derretimiento de glaciares y casquetes polares, el aumento del nivel del mar, la modificación de los patrones de precipitación y la acidificación de los océanos.
La biodiversidad enfrenta una amenaza sin precedentes. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el calentamiento global incrementa el riesgo de extinción de especies y reduce la capacidad de los ecosistemas para proporcionar servicios esenciales. De forma complementaria, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) advierte que hasta un millón de especies podrían extinguirse hacia finales del presente siglo si no se revierten las tendencias actuales.
El aumento del nivel del mar representa un riesgo particular para las zonas costeras y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). Entre 1900 y la actualidad, el nivel medio del mar se ha incrementado entre 16 y 21 centímetros, con una aceleración significativa desde 1993. Este fenómeno amenaza asentamientos humanos, infraestructura, actividades económicas y culturas enteras, especialmente en islas y atolones de baja altitud.
Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) se encuentran entre los territorios más vulnerables al cambio climático y enfrentan serios riesgos. Uno de los principales desafíos es el incremento en la frecuencia y la fuerza de los fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, tormentas e inundaciones, los cuales provocan graves daños a la infraestructura, la producción agrícola y la población. Entre 1970 y 2020, estos eventos ocasionaron pérdidas económicas estimadas en 153.000 millones de dólares para estos Estados.
Otro impacto significativo es la elevación del nivel del mar, que pone en peligro a las comunidades, las actividades económicas y el patrimonio cultural de estos Estados, especialmente en islas pequeñas y atolones. Asimismo, el aumento de la temperatura global y la acidificación de los océanos afectan negativamente a los ecosistemas marinos, en particular a los arrecifes de coral, fundamentales para la pesca, el turismo y la protección de las costas. De igual manera, las temperaturas más elevadas intensifican el riesgo de sequías y la escasez de agua dulce.
Además de los impactos ecológicos, el cambio climático tiene consecuencias directas sobre la salud humana y el desarrollo socioeconómico. El aumento de las temperaturas intensifica las olas de calor, incrementa la propagación de enfermedades como el dengue y la malaria, agrava la inseguridad alimentaria y acentúa la escasez de agua. Estos efectos afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, profundizando las desigualdades existentes.
IV. La gobernanza internacional y el cambio climático
Ante las amenazas que representa el cambio climático, la comunidad internacional impulsó la creación de cuatro organismos globales orientados al estudio y la respuesta frente a este fenómeno. Uno de los primeros fue la Organización Meteorológica Mundial (OMM), fundada el 23 de marzo de 1950 y conformada por 193 países. Al año siguiente, la OMM se integró al sistema de las Naciones Unidas como organismo especializado, con la misión de observar, analizar y comprender los impactos del cambio climático a nivel global. Más adelante, en 1988, esta organización, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dio origen al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Junto al IPCC, otras dos instancias internacionales desempeñan un papel central en el abordaje del cambio climático: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y las Conferencias de las Partes (COP), vinculadas a dicha Convención, siendo importante resaltar los aportes del IPCC, ya que sus evaluaciones permiten dimensionar los efectos y riesgos de continuar sin adoptar medidas concretas para enfrentar y frenar el avance del cambio climático.
Los primeros acuerdos tomados por esta organización mundial sugieren la búsqueda de la reducción de los gases dañinos a la atmósfera conocidos como gases de efecto invernadero. Con la firma del Protocolo de Kioto se acuerda un plan con la obligación de que los países miembros reduzcan sus emisiones, con el objetivo de que el aumento de temperatura no sea mayor a los 2°C.
Posteriormente, el Acuerdo de París de 2015 estableció un objetivo más ambicioso: limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales. De no alcanzarse este objetivo y permitir que el aumento supere los 2 °C, las consecuencias para el planeta y la humanidad serían catastróficas.
La respuesta internacional al cambio climático comenzó a consolidarse a finales del siglo XX, cuando la comunidad internacional reconoció la gravedad del fenómeno. La Cumbre de Río de Janeiro de 1992 marcó un punto de inflexión que posicionó el desarrollo sostenible en la agenda global, reuniendo a líderes mundiales para tratar el medio ambiente, el cambio climático y la biodiversidad, representando un avance significativo al establecer la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cuyo objetivo principal es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Además de lo anterior, como resultado de dicha convención se aprobó la Declaración de Río, documento que consagra la implementación de 27 Principios en los que se abarca la protección del medio ambiente, bajo la cooperación para dicho fin entre los países, directamente relacionado con el desarrollo económico, sostenible y ambiental. Buscando preservar y restablecer la salud y los recursos naturales de la tierra.
Así, se planteó la responsabilidad de los Estados con el medio ambiente, compartiendo la obligación de promulgar leyes internas, eficaces y congruentes con el derecho a un medio ambiente; quedando además contemplada la participación ciudadana, entre otras cuestiones, la relacionada directamente con la protección del medio ambiente.
V. Estrategias de mitigación del cambio climático: instrumentos económicos y políticas públicas.
Ante la insuficiencia de las acciones voluntarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversos Estados han recurrido a instrumentos económicos como mecanismos de mitigación. Entre ellos, los denominados impuestos ambientales o “ecotributos” se han consolidado como una herramienta relevante para internalizar los costos ambientales asociados a la contaminación.
Los impuestos ambientales tienen como objetivo desincentivar actividades contaminantes mediante la asignación de un costo económico a las emisiones o al uso intensivo de recursos naturales. Estos impuestos no solo contribuyen a disminuir los niveles de contaminación, sino que además permiten recaudar recursos económicos que pueden destinarse a la conservación del medio ambiente o al fomento de la innovación tecnológica orientada al desarrollo de alternativas más sostenibles.
Casos como el impuesto al carbono implementado en Suecia o el sistema europeo de comercio de emisiones evidencian que este tipo de instrumentos puede aplicarse con éxito y obtener resultados positivos. Durante la década de 1990, por ejemplo, el gobierno sueco estableció un gravamen sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), contaminantes asociados tanto a la lluvia ácida como a afecciones respiratorias. Esta medida permitió disminuir las emisiones entre un 30 % y un 40%.
El impuesto se aplicó a la energía utilizada para calefacción, generación eléctrica y procesos industriales, con el objetivo de limitar la acidificación de los suelos. Inicialmente, la tasa fue fijada en 40 coronas suecas por kilogramo de NOx emitido, independientemente del tipo de combustible, y en 2008 se incrementó a 50 coronas por kilogramo (equivalente a aproximadamente 5 euros en ese período).
Los recursos recaudados se destinaron a compensar a las instalaciones con menores niveles de emisión de NOx, promoviendo así una mayor eficiencia energética y evitando posibles efectos negativos sobre la competitividad. Esto llevó a muchas compañías a implementar medidas de reducción de emisiones antes de la introducción del impuesto. Los ingresos anuales alcanzaron los €1.000 millones en 2016.
Este modelo ha incentivado la adopción de tecnologías limpias y ha generado mejoras sustanciales en el desempeño ambiental del sector industrial. Experiencias similares se observan en Noruega y Dinamarca con impuestos al dióxido de azufre (SO₂), cuyos ingresos se destinan parcialmente a programas de reducción de emisiones.
La implementación de impuestos ambientalesrepresenta un avance significativo en la protección del medio ambiente, el diseño y proliferación de políticas públicas orientadas a reducir la contaminación y fomentar prácticas más sostenibles, así como en la transición hacia modelos de producción y consumo más responsables. No obstante, su efectividad depende no solo de su implementación, sino también intervienen aspectos como el diseño institucional, el contexto económico y la existencia de marcos regulatorios complementarios.
La experiencia internacional demuestra que estos instrumentos funcionan mejor cuando se integran a estrategias más amplias de transición energética y desarrollo sostenible.
Un caso relevante es el de China, que ha asumido el compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en las próximas décadas. Entre las medidas adoptadas se encuentran el incremento sostenido de la inversión en energías renovables, especialmente energía solar y eólica; la reducción gradual del uso del carbón y la implementación de políticas de eficiencia energética en sectores clave de su economía. Estas acciones posicionan a China como un actor central en la lucha contra el cambio climático, pese a su condición de uno de los mayores emisores globales.
De igual forma, Francia ofrece un ejemplo relevante de política ambiental integral, al haber desarrollado un sector profesional especializado en ingeniería ecológica orientado a la restauración de ecosistemas, el manejo sostenible de recursos naturales y la integración de la biodiversidad en proyectos de ordenamiento territorial.
Este enfoque ha permitido a Francia proteger una proporción significativa de su territorio terrestre y marino mediante áreas naturales protegidas, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático. La Estrategia Nacional para la Biodiversidad ha servido como marco para coordinar acciones gubernamentales, promover la formación de profesionales especializados y fomentar la participación del sector privado en la conservación ambiental.
Estas experiencias ponen de manifiesto que la mitigación del cambio climático no puede limitarse a la reducción de emisiones, sino que debe incluir políticas de adaptación, restauración ecológica y protección de los servicios ecosistémicos, los cuales desempeñan un papel crucial en la regulación del clima y la provisión de recursos esenciales.
VI. La Agenda 2030 y el cambio climático
En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta global compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interdependientes que abarcan las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo.
La Agenda 2030 no solo establece objetivos, sino también mecanismos de seguimiento y evaluación mediante indicadores específicos, lo que permite a los países medir su progreso, identificar rezagos y ajustar sus estrategias.
La Agenda 2030 trasciende la idea de ser únicamente una lista de metas ambiciosas y se presenta como una convocatoria inmediata a la acción colectiva de toda la humanidad.
Lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar hacia un futuro más equitativo, inclusivo y sostenible exige un compromiso global coordinado, en el que participen activamente todos los sectores de la sociedad.
Por lo concerniente al tema que nos ocupa, el ODS 13 se centra específicamente en la acción por el clima, promoviendo el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación frente a los riesgos climáticos, así como la integración de medidas de mitigación en las políticas, estrategias y planes nacionales. Asimismo, subraya la importancia de la educación, la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar el cambio climático.
VII. La aportación de México frente al cambio climático
En el marco de la Agenda 2030, México ha manifestado un compromiso formal con la acción climática y el desarrollo sostenible. El país ha impulsado políticas orientadas a la protección ambiental, la transición energética, la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional en materia de cambio climático.
Entre las acciones emprendidas destacan los programas interinstitucionales de contingencia ambiental preventiva, cuyo objetivo es proteger a la población de los efectos adversos del cambio climático, así como fomentar la participación social en la preservación del medio ambiente. Asimismo, el ordenamiento territorial se ha consolidado como un instrumento clave para promover un uso racional del suelo y reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos frente a riesgos climáticos.
Nuestro país también ha reconocido la importancia de la innovación tecnológica para impulsar un desarrollo productivo sostenible.
En este sentido, se han promovido iniciativas de investigación y desarrollo orientadas a la adaptación de especies forestales y agropecuarias al cambio climático, así como a la adopción de tecnologías limpias en sectores estratégicos.
Sin embargo, pese a estos avances, los resultados han sido limitados. De acuerdo con informes oficiales, hacia 2020 México solo había alcanzado 3 de las 21 metas nacionales relacionadas con la Agenda 2030, lo que representa un avance aproximado del 14.3%.
Entre los principales desafíos se encuentran la falta de acciones concretas y ambiciosas en materia de mitigación, la ausencia de indicadores claros y la limitada coordinación entre niveles de gobierno.
Por otro lado, en materia de impuestos ambientales, entidades federativas como Zacatecas y Nuevo León han adoptado medidas orientadas a reducir las emisiones contaminantes y a promover un uso más eficiente de los recursos naturales. En el caso de Zacatecas, se estableció un impuesto al carbono que ha impulsado inversiones relevantes en el desarrollo de energías renovables.
Por su parte, en Nuevo León se implementó un gravamen sobre el consumo de agua, el cual ha fomentado el ahorro y una gestión más eficiente de este recurso hídrico. En esa tesitura la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) establece que, para nuestro país:
Los impuestos ambientales (también denominados «impuestos verdes» o «ecotributos«) son instrumentos económicos o de mercado que nacen de la intención de incluir en los precios los costos ambientales negativos de la producción o el uso de bienes. Permiten, por un lado, incidir en el comportamiento de los consumidores y productores desincentivando el consumo de productos o actividades que deterioran el ambiente, y por otro, aumentan la recaudación gubernamental haciendo posible destinar los recursos obtenidos hacia mejoras del sector ambiental. El indicador mide la participación de los impuestos ambientales, expresada en porcentaje, sobre el total de la recaudación tributaria de México.
A pesar de estos avances, es fundamental reconocer que la adopción de las políticas públicas como los impuestos ambientales, el fomento de inversiones en tecnologías limpias, o la implementación efectiva de la Agenda 2030 en México, presentan diversos obstáculos, como la resistencia de ciertos sectores económicos y la necesidad de establecer un marco legal y regulatorio sólido.
Para enfrentar estos retos, se requiere un esfuerzo conjunto del gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Sin una articulación sólida entre estos actores, será difícil cumplir con los compromisos internacionales asumidos y responder adecuadamente a la magnitud de la crisis climática.
VIII. Conclusiones
El cambio climático representa una emergencia ecológica global que amenaza la estabilidad de los sistemas naturales y la supervivencia humana. El aumento de las temperaturas, la pérdida de biodiversidad, la intensificación de eventos extremos y la escasez de recursos son manifestaciones de una crisis provocada, en gran medida, por las actividades humanas.
Si no se adoptan medidas urgentes y sostenidas, las consecuencias del cambio climático podrían agravarse considerablemente, afectando la seguridad alimentaria, la salud pública y la estabilidad social a nivel global. Frente a este escenario, la acción colectiva se vuelve indispensable.
La mitigación del cambio climático requiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger los ecosistemas, promover el desarrollo sostenible y transformar los modelos de producción y consumo. Asimismo, la cooperación internacional y la transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo son fundamentales para garantizar una respuesta equitativa y eficaz.
El análisis realizado pone de manifiesto que el cambio climático constituye un fenómeno complejo que requiere respuestas integrales y multisectoriales. Si bien la comunidad internacional ha avanzado en la construcción de marcos normativos y en la implementación de políticas de mitigación, la persistencia del aumento de las emisiones globales evidencia una brecha significativa entre los compromisos asumidos y las acciones efectivamente implementadas.
Las experiencias internacionales analizadas demuestran que los instrumentos económicos, como los impuestos ambientales, pueden ser eficaces cuando se integran a estrategias más amplias de transición energética y desarrollo sostenible. Asimismo, la conservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad deben considerarse componentes esenciales de cualquier política climática.
En el caso de México, existe un marco normativo e institucional que reconoce la gravedad del cambio climático y la necesidad de actuar. Nuestro país, como parte de la comunidad internacional, tiene la responsabilidad y la oportunidad de fortalecer su liderazgo climático, avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y contribuir activamente a la construcción de un futuro sostenible. No obstante, los avances han sido insuficientes para enfrentar los desafíos actuales y futuros.
Superar estas limitaciones requiere fortalecer la gobernanza climática, incrementar la ambición de las políticas públicas y garantizar la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Cada acción cuenta, y el tiempo para actuar es ahora.