El Gobierno Federal lanzó una nueva provocación a otro sector de la iniciativa privada. Esta vez tocó a las plantas generadoras de electricidad con energías renovables (básicamente las solares y las eólicas). La justificación es que debía garantizarse el suministro eléctrico a todo el país durante este periodo de contingencia debido a la pandemia del Covid-19.
El ataque llegó a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que emitió, el pasado 29 de abril, el «Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID19)», el cual suspende indefinidamente las pruebas preoperativas de las nuevas centrales eléctricas en proceso de operación comercial.
Lo anterior, a decir del titular del Cenace, Alfonso Morcos, porque “la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico”; pocos días después, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía (SENER) hizo lo suyo, con otro acuerdo básicamente con la misma intención que justifica «asegurar la calidad, eficiencia y confiabilidad el sistema eléctrico «.
El Cenace controla todo lo relacionado con el sistema eléctrico nacional, opera el mercado eléctrico mayorista y, se supone, garantiza el acceso imparcial a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución. Con estas facultades, pues suspendió toda prueba que tuvieran pendiente dichas plantas eléctricas, a partir del 3 de mayo de 2020.
Ante esta determinación oficial, el sector afectado decidió acudir a los tribunales para inconformarse. La respuesta del presidente de la República fue que se habían terminado los privilegios que se les habían dado durante el periodo neoliberal, con contratos «leoninos» y facilidades a quienes producían energías renovables, porque se trataba, en el fondo, de negocios sucios, con condiciones ventajosas, que dejaban fuera a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no sin antes señalar que el gobierno también podía defenderse en tribunales, dado que el «Estado es el rector de la actividad económica».
Y de nueva cuenta, como suele hacerlo de manera constante, descalificó a dicho sector, al afirmar que «esto me recuerda a los que buscaban rescates y ponían por delante a las pequeñas y medianas empresas, aquí ahora también ya se están volviendo ambientalistas, cuando lo que está detrás es un negocio”.
Muchas pueden ser las justificaciones que da el gobierno para decir «no» al desarrollo de las energías renovables, pero detrás está la defensa a su visión arcaica de mantener una política energética anclada en el pasado. Sin embargo, no se debe dejar de lado que, en los últimos años, las consecuencias del cambio climático son visibles e innegables.
La preocupación por el medio ambiente es una realidad. Recordemos incluso que existe un movimiento global para promover el uso de energías limpias, encabezado por la adolescente sueca, Greta Thunberg, quien abiertamente ha cuestionado y desafiado a los líderes de todos los países por su falta de sensibilidad y compromiso con la naturaleza.
Basta recordar su participación en la Cumbre Climática 2019, convocada por la Organización de Naciones Unidas, donde dijo: «Por más de 30 años, la ciencia ha sido clarísima. ¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista? Nos están fallando. Pero los jóvenes están empezando a entender su traición…«.
Sin duda alguna es uno de los retos que enfrenta la humanidad en su conjunto; el planeta exige cambios profundos en muchos sentidos, y uno de ellos es abandonar la generación de energía con combustibles fósiles, derivados de los hidrocarburos.
En México, alrededor del 81 por ciento de la electricidad se produce de esta forma: con gas natural, 50 por ciento, combustóleo, 11 por ciento, y carbón, 8 por ciento. Las energías renovables aportan el resto. Según el Inventario Nacional de Energías Limpias publicado por la Secretaría de Energía, nuestro país tiene riqueza en recursos energéticos renovables, un amplio potencial para aprovechar de mejor forma las energías solares, eólicas (viento), hidráulica. Estos tiempos requieren actualizar y expandir la red de transmisión eléctrica, con más centrales de energía renovable distribuidas en todo el país.
En la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático se establecen metas de energía limpia y de reducción de emisiones que México debe cumplir, lo que depende de nuevas centrales de energía renovable. Por ello es inconcebible que la política energética actual se limite solo al aprovechamiento de los hidrocarburos.
Las malas decisiones del gobierno federal en esta materia también traerán mayores costos para la población. Como en otros tantos aspectos, van a inhibir la inversión, lo cual significará un retroceso y una limitante en la tarea de producir energías limpias y renovables. Esta administración debe entender que el incluir el desarrollo renovable no anula la rectoría y la supervisión del Estado en estas tareas.
Por esas razones, es que desde ayer y hasta el 24 de junio, se llevará a cabo la Segunda Consulta Ciudadana virtual en la página www.preguntaleamexico.org. Es necesario participar para que se impulse la generación de electricidad limpia a través de energía renovables, lo que atraerá inversiones y permitirá reducir la contaminación, pero, sobre todo, protegerá la salud y la economía de las y los mexicanos. No olvidemos que México tiene las condiciones para recobrar liderazgo internacional en materia de energía renovable, con lo cual puede hacerle frente a las crisis económica y climática.