- Denuncian liberación del agresor y negligencia de autoridades
Ana Sánchez // Raúl , hijo de la víctima Mariela N., relató que su madre fue baleada por un vecino, quien horas después fue liberado sólo con el cargo de «alterar el orden público», la familia pide la intervención del gobierno estatal para que se haga justicia, pues atribuyen la liberación del presunto agresor a la negligencia de las autoridades municipales y ministeriales.
El joven rememoró que el hecho ocurrió cuando Mariela caminaba por la banqueta luego de hacer unas compras, según el relato de su hijo, el vecino, con quien mantienen conflictos desde hace años, se le acercó y le apuntó con un arma de fuego a la cabeza, “él jala del gatillo dos veces… las dos apuntándola hacia la cabeza. Esas dos veces el arma se encasquilló”, narró, en un tercer intento, el disparo sí se efectuó, impactándola en el brazo y fracturándolo “en tres partes, como una rama que se quebró”, la víctima, logró esconderse debajo de una camioneta, donde recibió un cuarto disparo que no la alcanzó.
El hijo de la víctima contó que, acudió al Ministerio Público para preguntar por el detenido, pero le informaron que no había nadie arrestado por el caso, a pesar de que habían pasado cerca de una hora, minutos después le confirmaron que el agresor sí estaba en los separos, aunque se desconocía el cargo formal.
La espera se tornó en frustración cuando, cerca de las 20:00 horas la familia se enteró de que el vecino había sido puesto en libertad el mismo día, acusado únicamente de “alterar el orden público” y no por tentativa de homicidio o agresión con arma de fuego.
“¿Cómo es posible que las autoridades hayan accionado de esa manera?”, cuestionó Hernández, denunciando un trámite opaco y evasivo por parte del Ministerio Público, además, señaló graves irregularidades en el manejo de la evidencia: “Se comenta que Guardia Nacional levantó los casquillos y que nunca se entregó esa evidencia”.
También mencionó que el hijo del agresor, quien presenció el ataque, habría subido a una camioneta para, presuntamente, esconder el arma antes de regresar haciéndose “el desentendido”, Raúl describió al agresor como una persona que por años ha hostigado a la comunidad, especialmente a mujeres y niños, y que siempre ha evadido la ley, “se burlan, sacan fajos de billete afuera de su casa… constantemente amenazando a la comunidad”, afirmó, señalando que el individuo y su familia suelen andar armados y disparar al aire.
Mariela, quien es trabajadora del Sistema Estatal DIF, permanece hospitalizada, con su vida fuera de peligro pero con riesgo de que su brazo pueda ser amputado, dependiendo del resultado de una cirugía pendiente.
Ante la inacción que perciben de las autoridades municipales, la familia ahora busca la intervención de diputados locales y del gobierno del estado, “ahorita ya está entrando el gobierno del Estado… quiero pensar que ellos sí van a apoyar nuestra causa, a diferencia del sistema municipal, cuyo apoyo fue casi nada”, expresó Raúl.
El caso pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de las corporaciones de seguridad y el sistema de justicia en Tlaxcala, ante lo que la familia denuncia como un patrón de impunidad que protege a agresores violentos, “yo pido que se investigue por qué este tipo de personas siguen viviendo tranquilos al lado de una comunidad que es pacífica”, concluyó el hijo de la víctima, exigiendo justicia para su madre.