- El Congreso estatal aprobó extinguir el organismo público de servicios médicos para transferirlos al IMSS-BIENESTAR; el sindicato y oposición advierten indefensión laboral y opacidad en el manejo de recursos.
Mariana Lovera // La LXV Legislatura del Congreso local aprobó este jueves la extinción del Organismo Público Descentralizado (OPD) “Salud de Tlaxcala”, pieza clave en la operación de los servicios médicos estatales, como parte de la federalización del sistema sanitario impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La medida, presentada como una iniciativa de la gobernadora morenista Lorena Cuéllar Cisneros, reforma la Ley de Salud estatal para armonizarla con la Ley General de Salud y transferir la operación al esquema federalizado del IMSS-BIENESTAR. Sin embargo, la decisión se tomó en medio de fuertes señalamientos de la oposición y el sindicato estatal, quienes alertaron sobre un “vacío legal” que deja en la indefensión a 3 mil 400 trabajadores y opacidad en el manejo de los recursos.
El dictamen, avalado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud, establece la desaparición del OPD para “evitar duplicidad de funciones” y facilitar la transición al nuevo modelo federal.
En la exposición de motivos, la gobernadora Cuéllar argumentó que la reforma busca garantizar el derecho a la salud con un sistema “universal, gratuito y equitativo”, alineado al decreto federal de enero de 2024. Se crea un nuevo capítulo que establece la “prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos” para personas sin seguridad social, operado de manera concurrente con el IMSS-BIENESTAR.
Los diputados oficialistas Ana Bertha Mastranzo (Morena) y Jaciel González Herrera (independiente) defendieron la reforma, asegurando que traerá beneficios para la población. Aclararon que la extinción del OPD solo entrará en vigor una vez que se concrete la transferencia de funciones, recursos humanos, materiales, financieros y patrimoniales al esquema federal.
En contra parte, la diputada independiente Blanca Águila Lima, quien también es Secretaria General de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), lanzó una severa advertencia.
“La extinción del OPD Salud de Tlaxcala dejará un vacío legal que afectará, entre otros, los servicios y a 3 mil 400 servidores públicos de este sector”, afirmó durante la sesión. “Esto es serio. Esto es un asunto bastante grave. No es un asunto político (…), es porque este dictamen no contempla a dónde van a ir esos recursos que administra el director del organismo”.
Águila Lima advirtió que la reforma “pone en riesgo los acuerdos firmados por Tlaxcala para la federalización de los servicios de salud”, ya que, a su juicio, “elimina al organismo que le da la certeza jurídica del manejo de los recursos” y deja sin facultades al secretario de Salud estatal.
La diputada del PRD Laura Yamili Flores Lozano se sumó a las críticas, cuestionando la celeridad del proceso. “Si no tiene claro cuándo ocurrirá [la federalización completa], no veo por qué agilizar esta enmienda”, sostuvo.
Flores Lozano también criticó el modelo de centralización, argumentando que los servicios federalizados “cada vez son más deficientes. Si no, pregúntele a la gente”, dijo.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. No obstante, su aplicación está sujeta a condiciones: las secretarías de Finanzas y de Salud deberán realizar las adecuaciones presupuestarias y los convenios de coordinación necesarios para transferir recursos al Fondo de Salud para el Bienestar.
Las disposiciones transitorias ordenan que la extinción del OPD se concrete solo tras la formalización de la transferencia de todos los recursos, garantizando la “continuidad ininterrumpida de los servicios” y el “respeto a los derechos laborales” de los trabajadores.
Mientras el gobierno de Tlaxcala celebra un paso hacia la “universalización” de la salud, miles de trabajadores y la oposición observan con escepticismo una transición que, advierten, podría dejar al sistema sanitario estatal en un limbo jurídico y administrativo.