El gobierno del estado ha lanzado un ultimátum histórico. Cuatro meses. Sesenta concesiones. Dos empresas con más de tres décadas operando como si las leyes fueran sugerencias. Y una advertencia que suena más a libreto que a amenaza: si no cumplen, se abrirá la convocatoria a otros.
“No es monopolio”, aseguró Marco Tulio Munive Temoltzin, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT). Y acto seguido explicó el mecanismo cuidadosamente diseñado para que nada cambie.
Porque sí, habrá 60 concesiones pero serán preferentes para ATAH y Expresso Xicohténcatl. Claro, tendrán que acreditar que sus unidades tienen seguro, que los choferes tienen licencia, que las placas existen. Cosas mínimas que durante 30 años no tuvieron. Pero esta vez va en serio. O no.
Cuatro meses suena a tiempo suficiente para que las empresas renueven su parque vehicular, regularicen a sus operadores y, de paso, contraten ese seguro de viajero que al menos una de ellas olvidó durante tres décadas. O suena también a tiempo suficiente para que el gobierno estatal firme convenios, haga adecuaciones técnicas, y, mientras tanto, todo siga igual.
Porque lo que no dijo Munive —o lo dijo, pero con la sutileza de quien conoce el desenlace— es que la declaratoria de necesidad pública publicada en septiembre de 2024 establece prioridad para quienes han prestado el servicio durante más de 30 años. Es decir, justo ellos.
El funcionario fue claro: si ATAH y Expresso Xicohténcatl no cumplen, el Estado abrirá la puerta a nuevos concesionarios. Pero esa puerta, por ahora, tiene más candados que manija. Para empezar, habría que demostrar que las empresas incumplieron. Habría que esperar los cuatro meses. Habría que, en fin, hacer algo que incomode a quienes han manejado la ruta Tlaxcala–Apizaco como si fuera herencia familiar.
Mientras tanto, las 60 concesiones siguen ahí, con nombre escrito con lápiz, esperando que ATAH y Xicohténcatl demuestren que pueden hacer lo que debieron hacer desde 1994. O más.
En algún punto de los Diálogos en confianza, alguien mencionó a los usuarios. Aparecen en el comunicado como “pasajeros” que merecen certeza jurídica, supervisión permanente y condiciones óptimas. También como personas que durante 30 años abordaron unidades sin placas, conducidas por choferes sin licencia, sin seguro, sin tarjetón, sin nada.
Pero seguramente todo se resolverá en cuatro meses.
El gobierno, por su parte, también tiene tareas: corregir la desviación en el retorno de Tizatlán, donde cada día hay un accidente, firmar el convenio con la federación, regular grúas, establecer estándares. Todo en cuatro meses. Justo el tiempo que necesitan las empresas para demostrar que pueden ser formales.
Es, como diría algún optimista, una oportunidad. O, como diría cualquier usuario de la ruta Tlaxcala–Apizaco, el mismo libreto con distinto funcionario.
Nadie en la conferencia se atrevió a preguntar qué pasa si las empresas no cumplen. Probablemente porque la respuesta es incómoda: abrir convocatoria, recibir propuestas, evaluar, concesionar. Es decir, gobernar.
Pero mientras tanto, ATAH y Expresso Xicohténcatl tienen cuatro meses para seguir siendo las únicas. Y todo indica que lo lograrán. No por eficientes. Porque el sistema —ese que hoy dice “no es monopolio”— está diseñado, desde la declaratoria de necesidad pública hasta la última coma del convenio, para que nada cambie.
O para que, si cambia, sea exactamente igual… se lo digo así, sin maquillaje ni retoques.