Adriana Dávila Fernández
Política y Activistas
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala(FGJE) asegura en que en 2022 y 2024 no hubo fosas clandestinas. Cero. Un dato que ante la verdad, no resiste el menor contraste: La Asociación Civil Causa en Común documentó nueve en ese mismo periodo, y los medios de comunicación registraron cinco tan solo en 2024. La distancia entre los números no es un error administrativo; es la fatal decisión de quienes desde el gobierno, prefieren invisibilizar un problema que va creciendo en lugar de enfrentarlo.
En Tlaxcala, la violencia se esconde en las cifras del gobierno. Y esa combinación —delito creciente y autoridad silenciosa— es la fórmula perfecta para que una sociedad se descomponga sin siquiera darse cuenta.
Como lo han reportado varios medios y periodistas nacionales y locales, en el país, la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas —presentada por la Universidad Iberoamericana, Artículo 19 y Data Cívica— reveló que en 2024 se localizaron 786 fosas, con 844 cuerpos y 289 restos óseos. En ese mapa del horror y la tragedia, Tlaxcala aparece con una respuesta oficial que solo incluye datos de 2020 y 2021: seis fosas. Nada más. Nada después. Nada que incomode al poder.
La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas reconoció que ni siquiera cuenta con un registro específico de fosas clandestinas. Entregó información fragmentada, imprecisa, incapaz de responder cuántos cuerpos fueron recuperados. Una autoridad que no sabe lo que ocurre bajo su suelo difícilmente puede proteger a quienes caminan sobre él.
Mientras tanto, los registros de prensa y organizaciones civiles muestran otra realidad: fosas en El Carmen Tequexquitla, Huamantla, Natívitas, San Pablo del Monte y Tepeyanco durante 2024. Causa en Común reportó trece fosas en lo que va del actual gobierno estatal. Trece sitios donde alguien fue enterrado clandestinamente mientras el discurso oficial insiste en que aquí no pasa nada.
Esta negación sistemática replica la lógica que desde el poder federal se ha repetido una y otra vez: que lo que no se nombra no existe. Parafraseando esa visión, si no se registran fosas, entonces no hay fosas; si no se reconocen desapariciones, entonces no hay desaparecidos; si no se habla de violencia, entonces vivimos en paz.
Es una estrategia que se reproduce en los gobiernos estatales de Morena, donde ciertos temas se evitan porque exhiben ineficacia en el mejor de los casos, y en el peor, complacencias o permisividades frente a grupos criminales que han hecho de las desapariciones una rutina que desgarra al país.
Pero más allá de la disputa por las cifras, lo que está en juego es la vida cotidiana de Tlaxcala. Un estado que solía presumir tranquilidad hoy enfrenta un retroceso evidente. Y ese retroceso tiene costos sociales profundos: familias que viven con miedo, comunidades que normalizan la violencia, jóvenes que crecen aprendiendo que la justicia es una excepción y que la verdad depende de quién la cuente. Estamos formando generaciones que ven cómo la autoridad evade, minimiza o calla, y que aprenden —a la fuerza— que la impunidad es parte del paisaje.
A ello se suma la desprotección absoluta a las víctimas. Familias que buscan a sus desaparecidos sin apoyo, sin información, sin acompañamiento.
Lo que pasa en nuestro estado es un llamado urgente a la sociedad tlaxcalteca. No podemos seguir actuando como si la violencia fuera un fenómeno ajeno, como si las fosas fueran un problema de otros. La indiferencia social es el terreno fértil donde crece la impunidad. La empatía, en cambio, es el primer paso para exigir justicia.
Tlaxcala necesita gobiernos que nombren la realidad y que la enfrenten. Pero también necesita ciudadanos dispuestos a exigir resultados, a no conformarse con discursos vacíos, a no permitir que el silencio oficial se convierta en verdad pública.
La indignación no es un exceso: es un deber. Porque cada fosa negada es una vida que se intenta borrar. Y cada vida borrada es una derrota colectiva.