*Política y Activista
En las próximas semanas, México discutirá una reforma electoral que, según diversos análisis, ampliaría el control del oficialismo sobre los órganos encargados de vigilar la competencia democrática. Una reforma que promete “fortalecer la voluntad popular”, aunque curiosamente se parece demasiado a las prácticas con las que se formaron muchos políticos que hoy militan en Morena: aquellos que no solo cambian de color, sino también de principios con la misma facilidad con la que cambian de discurso.
Y mientras el país se prepara para ese debate, Tlaxcala ofrece un ejemplo que se repite en otras entidades: cómo el poder central y las élites locales pueden coincidir en un mismo objetivo, aunque lo disfracen de transformación.
La presidenta de México ha insistido en que Morena es distinto porque rechaza el nepotismo. Lo dice con “convicción”, como si el país entero estuviera presenciando una ruptura histórica. Pero Tlaxcala, igual que otros estados, muestra que ese discurso puede ser muy elocuente en la mañanera y profundamente contradictorio en el territorio.
Aquí, como en otras regiones, se impulsa a un aspirante cuya principal credencial pública es su apellido. Un relevo generacional que no se construye desde el mérito, sino desde la continuidad familiar. Y que, además, se acompaña de un despliegue de recursos, bardas, eventos y presencias que difícilmente podrían explicarse sin el respaldo de quienes deberían garantizar imparcialidad. Nada nuevo bajo el sol: solo que ahora se hace en nombre del cambio.
Las preguntas son inevitables, y no solo para Tlaxcala:
- ¿Cuáles son las credenciales políticas del favorecido?
- ¿Qué decisiones públicas ha tomado?
- ¿Qué problemas ha resuelto?
- ¿Qué lo convierte en la mejor opción para gobernar un estado?
Porque si la respuesta es “su cercanía con el proyecto”, entonces el discurso antinepotismo y anticorrupción, se vuelve un eslogan reciclado.
Más aún cuando la dirigencia estatal de su partido —encabezada por su propia esposa— opera en favor de su candidatura, con el respaldo no solo político, sino presupuestal del gobierno estatal y de varios gobiernos municipales, recursos que deberían tener otro destino: el bien común de los tlaxcaltecas.
- ¿Cómo se llama cuando el partido y la familia se confunden?
- ¿Cómo se llama cuando la estructura que debería garantizar piso parejo se convierte en promotora de un solo aspirante?
Y no es exclusivo de Tlaxcala. Además de ser ilegal, en varios estados del país se repite la misma coreografía: un heredero o heredera política, una estructura gubernamental y partidista alineada, una contienda interna simulada y un discurso nacional que asegura que todo es distinto.
Pero si hablamos de responsabilidades, no basta con señalar al oficialismo. Las oposiciones partidistas también deben mirarse al espejo. Porque si de verdad quieren diferenciarse, deben dejar de replicar el mismo modelo que critican. Deben levantar la voz sin simulaciones, sin negociar silencios a cambio de concesiones, candidaturas o impunidad. No pueden exigir democracia mientras guardan prudente distancia para no incomodar a quienes reparten favores. Si la oposición quiere ser alternativa, debe empezar por no comportarse como sucursal del poder que dice combatir.
La presidenta ha dicho que el pueblo debe elegir en libertad. Pero esa libertad solo será real si se reconocen y corrigen las contradicciones que hoy fracturan las contiendas. No puede hablarse de elección auténtica cuando las reglas básicas están rotas, cuando otras fuerzas políticas y otros actores compiten en desventaja evidente y cuando dentro del propio oficialismo algunos aceptan que el destino del estado —y de otros estados— se decida por el dedo que acomoda el poder para que nada cambie.
Y aquí está el punto central: no se trata de pedir rectificaciones desde el centro, sino de evidenciar que el involucramiento del poder central —directo o indirecto— se ha convertido en un obstáculo que agrieta la democracia. Porque mientras unas fuerzas avanzan con recursos limitados, otras lo hacen con el impulso de estructuras que deberían mantenerse neutrales.
Confío en que Tlaxcala, igual que otras entidades, no está dispuesta a normalizarlo. Los tlaxcaltecas debemos exigir que la voluntad popular deje de ser un trámite y recupere su sentido pleno, sin tutelas, sin herencias y sin la sombra del poder central dictando quién merece gobernar. Y también debemos exigir que las oposiciones estén a la altura, que no callen, que no negocien, que no se acomoden. Porque si la libertad de elegir es un principio, entonces debe aplicarse en todo el país con la misma fuerza, sin excepciones, sin simulaciones y sin cómplices silenciosos.