El uso de instalaciones educativas, personal y horario laboral para impulsar la imagen de un servidor público no es solo una falta administrativa: es un atentado contra la autonomía escolar y un abuso de poder que merece una investigación ejemplar.
Las imágenes son contundentes. En el video que circula en redes sociales y que llegó a esta redacción, aparece José Alonso Trujillo, director general del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT), manifestando abiertamente su respaldo al presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez. La escena no ocurre en un domicilio particular ni en un espacio de uso personal, sino al interior de las propias instalaciones del COBAT, rodeado de personal directivo y administrativo del plantel.
Pero el material no termina ahí. Otro video muestra al mismo funcionario, también acompañado de personal, ahora en las canchas de fútbol del plantel 01. La pregunta es obligada: ¿qué hacen directivos y administrativos del COBAT, en horario laboral y dentro de las instalaciones escolares, participando en actos que claramente buscan posicionar la imagen de un alcalde que, dicho sea de paso, tiene aspiraciones políticas claras?
Lo más grave de este caso no es solo la conducta del director del COBAT, sino el mensaje que se envía a la sociedad: las instituciones educativas pueden ser utilizadas como extensiones de campaña política sin que pase nada. Porque cuando los encargados de formar a las nuevas generaciones confunden su función con la de operadores políticos, están enviando un mensaje devastador a los estudiantes: aquí lo importante no es la educación, sino a quién le «echas porra».
Resulta cuando menos paradójico que mientras en las aulas se habla de ética, ciudadanía y valores cívicos, desde la dirección general se promueva un acto que, en apariencia, constituye un uso faccioso de recursos públicos. Los jóvenes – y la ciudadanía – no son tontos, y estas contradicciones no se les escapan.
El marco legal es claro: el artículo 134 constitucional establece que los recursos públicos deben ser utilizados de manera imparcial y sin fines de proselitismo. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es tajante al prohibir la promoción personalizada de servidores públicos. Y, sin embargo, ahí están las imágenes: personal del COBAT, en instalaciones del COBAT, en horario laboral, respaldando a un actor político.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del ITE ya investiga nueve quejas por presuntos actos anticipados de campaña y promoción personalizada. Este caso debería engrosar esa lista, pero con una particularidad: no se trata de un político cualquiera haciendo declaraciones, sino de un funcionario educativo utilizando su posición y los recursos de la institución que dirige para beneficiar a un tercero.
La pregunta que debe responder el gobierno estatal es sencilla pero incómoda: ¿quién autorizó al director del COBAT a convertir los planteles educativos en foros de apoyo? Porque difícilmente un funcionario de ese nivel actúa por iniciativa propia en algo tan delicado. Detrás de estos actos suele haber una estructura, y esa estructura es la que debe ser investigada.
El PRD ya anunció que en caso de ser comprobable, presentará una impugnación formal, como lo ha hecho en el caso de las bardas y los panfletos, y el PAN analiza también medidas legales.
Pero más allá de los partidos, lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones educativas y sus directivos no son voceros de campaña.
El ITE ha informado que las quejas que han llegado por otros casos relacionados, se tramitan bajo reserva para garantizar el debido proceso. Es comprensible. Pero la ciudadanía también necesita ver resultados. Porque si estos actos quedan impunes, el mensaje será claro: usar escuelas, personal y tiempo laboral para hacer política es aceptable.
La Comisión de Quejas y Denuncias del ITE tiene ahora la oportunidad de demostrar que la ley electoral no es un adorno. Que promover a un alcalde dentro de un plantel educativo, con personal que debería estar dando clases o preparando materiales didácticos, tiene consecuencias.
Lo que muestran los videos no es un simple «apoyo ciudadano» o una expresión espontánea de simpatía. Es la estructura del COBAT puesta al servicio de una aspiración política. Es la educación pública secuestrada por intereses particulares. Es la confirmación de que para algunos funcionarios, las instituciones no importan, importan las lealtades y los intereses personales, se lo digo así, sin maquillaje, y sin retoques.