Mariana LOVERA// La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Laura Flores Lozano, manifestó su voto en contra de la nueva Ley de Transparencia para el estado, al considerar que la iniciativa representa un retroceso histórico que «atenta contra el derecho humano de acceso a la información pública».
La legisladora perredista sentenció que, con la nueva legislación, el gobierno estatal se convierte en «juez y parte», ya que las mismas instancias obligadas a rendir cuentas serán ahora las autoridades encargadas de garantizar la entrega de la información.
«Las instancias y dependencias públicas a las que se les va a pedir información se convierten ellas mismas en autoridades garantes de otorgar la información; esto es, se convierten en juez y parte», denunció desde la máxima tribuna del Congreso local.
Flores Lozano explicó que, si bien la ley detalla procedimientos, sujetos obligados y tipos de información reservada, el problema de fondo no es la forma, sino la falta de certeza y confianza en que la información será otorgada de manera auténtica. Criticó que la nueva estructura centraliza la autoridad en materia de transparencia en un comité estatal presidido por el Poder Ejecutivo e integrado por los mismos entes que deben ser fiscalizados, así como por representantes municipales designados por insaculación.
«Se trata de un comité estatal integrado por los mismos entes públicos», subrayó, señalando además que la designación del secretario ejecutivo del organismo —denominado «Transparencia para el Pueblo»— recaerá directamente en la persona titular del Poder Ejecutivo.
La diputada del PRD aseguró que el discurso de austeridad y simplificación administrativa impulsado desde la federación —que llevó a la desaparición de organismos autónomos— es un velo que esconde la verdadera intención de la reforma. A su juicio, el objetivo real es «negar la mayor información posible» y permitir que las instituciones actúen con «opacidad y discrecionalidad», eliminando a los contralores independientes que obligaban a rendir cuentas.
Finalmente, la legisladora perredista lanzó una serie de cuestionamientos al pleno y al gobierno estatal: «¿Cuál transparencia? ¿Cuál ejercicio auténtico del derecho a la información pública? ¿Cuál objetividad e imparcialidad si quienes están obligados a rendir información son ellos mismos la propia autoridad?».
Con estos argumentos, la diputada Laura Flores Lozano reiteró su voto en contra, advirtiendo que la nueva ley es un golpe a la transparencia y un paso atrás en la lucha contra la opacidad en Tlaxcala.