*En Tlaxcala, la realidad y el discurso oficial viven en universos paralelos.
En uno, un matrimonio es asesinado en territorio tlaxcalteca; en otro, la gobernadora baila, celebra su cumpleaños y repite —con una sonrisa que ya parece parte del uniforme— que “todo está bien”, que seguimos siendo “el estado más seguro del país”.
En uno, un líder criminal es detenido dentro del territorio local; en otro, la narrativa gubernamental insiste en que aquí no pasa nada, que la inseguridad es un invento, una exageración, una mala interpretación de los datos.
En uno, los indicadores nacionales colocan a Tlaxcala en semáforo rojo como entidad no recomendada para viajar; en otro, el gobierno vive en una fiesta permanente, convencido de que la música y los aplausos sustituyen a la estrategia.
La distancia entre ambos mundos ya no es una grieta: es un abismo. Y lo más grave es que quienes deberían tender puentes para enfrentar la crisis prefieren bailar al borde del precipicio.
La gobernadora parece confiar en que las palabras de la presidenta de México funcionan como un escudo mágico. Si desde Palacio Nacional se dice que Tlaxcala es seguro, entonces Tlaxcala es seguro. Si se afirma que aquí no hay problema, entonces el problema desaparece. Como si la inseguridad fuera un espejismo que se disipa con declaraciones, no una realidad que se combate con inteligencia, coordinación y voluntad política.
Pero la violencia no entiende de discursos. La violencia no se conmueve con mañaneras ni con videos de cumpleaños. La violencia avanza, se instala, se normaliza. Y mientras tanto, el gobierno local parece más preocupado por mantener el ánimo festivo que por asumir la responsabilidad de gobernar.
Lo más inquietante es que esta fiesta permanente ya contagió a la dirigencia estatal del partido en el poder. La líder partidista repite, con la misma convicción que la gobernadora, que en Tlaxcala no hay inequidad en la contienda electoral. Que todo es parejo, transparente, limpio. Que las denuncias de uso de recursos públicos son “percepciones”. Que los señalamientos de intervención gubernamental son “ataques”.
Y mientras ella niega la inequidad, su esposo recorre municipios del estado acompañado —según múltiples testimonios y señalamientos públicos— por el aparato gubernamental que se supone debería mantenerse neutral. Vehículos oficiales, operadores institucionales, estructuras que deberían estar al servicio de la ciudadanía y no de un proyecto personal.
Todo ello ocurre a plena luz del día, sin recato, sin pudor, como si la ley fuera un accesorio opcional y no un límite obligatorio.
La fiesta, pues, no es solo del gobierno: es del sistema político local que ha decidido que la música no debe parar, aunque afuera la realidad esté en llamas.
Lo que está en juego no es una anécdota ni un episodio aislado. Es la credibilidad de las instituciones. Es la confianza ciudadana. Es la capacidad del estado para enfrentar una crisis que ya no se puede ocultar detrás de bailes, pasteles o discursos triunfalistas.
La fiesta puede seguir para quienes gobiernan. Pero para la ciudadanía, la música hace tiempo que dejó de sonar. Y lo que se escucha ahora —cada vez más fuerte— es el reclamo de un estado que exige ser visto, atendido y protegido, no maquillado para la foto.
Porque Tlaxcala no necesita más celebraciones. Necesita ser gobernado.